Dictadura o Democracia
2010 será decisivo para afianzar la dictadura o recuperar la democracia. No hay democracia dictatorial, ni dictadura democrática; o el aparato estatal es un instrumento para el dominio de un señor y su grupo, o la soberanía está en el pueblo, que da un mandato temporal al jefe del gobierno y controla su tentación dictatorial.
Con las constituciones democráticas se pasa del absolutismo de los “soberanos” a la soberanía de los ciudadanos, y se establece la separación y autonomía de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, con contrapeso entre sí. En última instancia los tres poderes dependen de la ciudadanía, legitimadora del Estado democrático.
Es obvio que en Venezuela la Asamblea Legislativa actual no representa la pluralidad política de la sociedad y no es autónoma del Ejecutivo, sino su sirvienta. Es patente que el Poder Judicial de hecho depende del Ejecutivo en la elección de sus miembros y en la actuación de la gran mayoría del Tribunal Supremo. Algo similar ocurre con los otros poderes, Electoral, Fiscalía, Contraloría y Defensoría del Pueblo. Por supuesto, todo esto va contra la Constitución Bolivariana vigente y contra el sentir democrático de la gran mayoría de los venezolanos, incluidos los demócratas que respaldan al actual gobierno.
Por eso es tan importante que en las elecciones parlamentarias de 2010 recuperemos la representación democrática y las funciones de la Asamblea y que sus integrantes de verdad sean representantes y rindan cuentas a la sociedad venezolana plural y no sigan arrodillados y serviles ante el Ejecutivo.
Para evitar la dictadura no bastan, aunque ayudan, los contrapesos de la clásica separación de poderes, sino que es necesario el equilibrio entre la Sociedad y el Estado construido por aquélla. Hay que evitar que los representantes irrespeten la voluntad de sus electores y los gobernantes se apropien del Estado, que es de toda la sociedad y debe servir al bien común. Por eso tienen tanta importancia la ciudadanía organizada y las formas de democracia participativa como modo de controlar, pedir cuentas y sancionar a los representantes y al Ejecutivo. Es indispensable la descentralización, la vitalidad de los municipios, de los consejos comunales y otras formas de participación de la gente, como espacios autónomos de poder social, de abajo hacia arriba. Cuanto más articulada y organizada esté la sociedad en gremios, asociaciones e iniciativas grupales de diversa naturaleza, mejor se evita el primitivo cuadro donde un caudillo manda a hordas ciegas y reprime, aterroriza y criminaliza a los ciudadanos cuyo poder usurpa.
Estamos a 40 semanas para que los demócratas de diversas tendencias elijamos una Asamblea que nos represente, recupere la autonomía del Legislativo, restablezca la Constitución y aborde los diez males más graves que aquejan al país.
Pero no hay que olvidar que ésta no es la lectura de Marx y Lenin, de quienes el Presidente se proclamó hace poco seguidor entusiasta. Según ellos, esa democracia de la que hablamos y que está en nuestra Constitución, ni existe ni es conveniente. Todo gobierno es dictatorial; venimos de la dictadura de la burguesía (y del imperialismo) y para derrotarla nos falta instaurar plenamente la socialista “dictadura del proletariado”; Chávez debe declararse dictador, eliminar los restos de la separación de poderes, tomar las medidas para desmontar el orden jurídico burgués y usar el nuevo aparato del Estado con la fuerza armada para eliminar la propiedad privada de los medios de producción, la educación privada, los medios de comunicación burgueses, y para que se “extingan” la religión, los sindicatos…como en Cuba.
Sabemos que la “dictadura del proletariado” en ninguna parte fue tal, sino dictadura del Partido Comunista y su Secretario absoluto, único capaz de encarnar e interpretar los intereses de la mayoría alienada y con luz verde para reprimir e imponer. Por tanto el año 2010 es clave para afianzar la dictadura, la economía estatista y la burocracia de partido a las órdenes del Jefe único. Los demócratas de diverso signo estamos obligados a la acción decidida, electoralmente y con toda actividad social en defensa de los derechos humanos y de la democracia social con libertades y de la Constitución Bolivariana.
