Desconfianza

Recientemente, el Ministerio Público divulgó el resultado de sus pesquisas en torno a la muerte de Danilo Anderson. La autoría intelectual, refiere, apunta a Patricia Poleo y a otras personas escasamente conocidas por la opinión pública. No obstante, priva la desconfianza hacia las iniciativas y ejecutorias de una entidad políticamente sesgada, capaz de movilizarse con la intensidad de una desafortunada campaña propagandística a propósito de los intereses que fluyen desde Miraflores, en lugar de resolver los problemas que padecemos todos los venezolanos.

En efecto, recordemos que la lamentable muerte del fiscal Anderson motorizó una de las más violentas campañas, por su significación y consecuencias simbólicas, que ayudó inmediatamente a catapultar al régimen, tardando demasiado en aclarar el crimen. No hay rincón en el país que no haya sido horadado con la imagen y el nombre de quien, a pesar de los indicios que también lo contradijeron, ha trepado las escaleras de un heroísmo prefabricado, y –ahora- sirve para contrarrestar e intentar invalidar, cubriéndola a toda con su funesto manto, a la oposición.

Es necesario que el Fiscal General de la República, otrora vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, entienda y asuma el descrédito en el que se encuentra un despacho caracterizado por una completa subordinación al Ejecutivo Nacional, pues, apenas constituye un ejemplo, sus actuaciones a propósito de las celebérrimas “morochas” así lo delatan. Por lo demás, la llamada violencia social o delictual ha experimentado un incremento sorprendente y es oportuno citar, nuevamente, las cifras que promedian entidades como CECODAP, a través de las cuales advertimos que más del 55% de las muertes recaen en niños y adolescentes, alcanzado a 47 por mes, mientras en 1992 llegaba a 20; o que 63 homicidios mensuales afectan únicamente al estado Táchira.

Luego, ésta u otras imputaciones que diga plantear llevan la impronta imborrable del gobierno nacional por una suerte de “pretorianismo civil”, si se permite el término, que consiste en emplear todos los mecanismos y recursos institucionales para perseguir a adversarios reales e imaginarios, efectivos y potenciales, olvidándol la misión constitucional y la deuda contraída con centenares de miles de venezolanos que padecemos la violencia real y palpable en caseríos, pueblos y ciudades. Vale decir, la violencia y la persecución son ejercidas por razones enteramente políticas o ultrapartidistas, obviando buena parte de los problemas que dijeron justificar un nombramiento determinado, centrado exclusivamente los deberes en las labores de salvaguardar a un gobierno inepto.

El Fiscal General debe extremar las pruebas para sus imputaciones, irrebatibles y contundentes. Lucen como requisitos indispensables para compensar, en algo, su poca credibilidad. Por lo pronto, la hermana del occiso lo ha calificado de mentiroso.

II.- Ejercicio de ciudadanía

Probablemente la única en este lado del mundo, la Constitución Bolivariana prohíbe el financiamiento público de los partidos políticos. Independientemente de los señalamientos que se puedan hacer al respecto, aunque es notoria la inversión que hicieron en sedes que pueblan prácticamente a todo el país, con pertenencia a un colectivo partidista y difícil de privatizar, lo cierto es que actualmente gozan de incontables recursos aquellas organizaciones que apoyan o dicen apoyar al régimen, convertidas en expresiones de un mismo oficialismo saudita.

De modo que la promoción de los candidatos opositores a la Asamblea Nacional depende más de los medios “artesanales” que de la sofisticada implementación de campañas publicitarias. El contacto personal, la impresión doméstica de materiales o el correo electrónico fungen como medios alternativos extraordinarios, buscando el ahorro necesario para las cuñas radiales y televisivas que –consabido- sufren las limitaciones de la Ley Mordaza.

Retomamos gustosos una experiencia de acercamiento y entendimiento con la ciudadanía, siendo ciudadanos que aspiramos a un ejercicio de representación. Quizá logremos alcanzar a editar un afiche o un tríptico, a sabiendas que no competiremos en tan costoso terreno con las impresiones industriales de los oficialistas, por cierto, caracterizados los carteles por un sinnúmero de colores y habilidades subliminales, aunque peleamos por el derecho de colocar nuestros mensajes en la calle a pesar del amedrentamiento y la persecución sistemáticas del régimen.

Ojalá el país se encuentre de regreso de una de las más absurdas satanizaciones sufridas a partir de los noventa: todo ciudadano elector tiene y el derecho y todo ciudadano elegible tiene el deber de exigir y dar información de las propuestas e intenciones planteadas. Sin embargo, cuando no pocos literalmente aprendieron a despreciar el mensaje cívico, señalaron a los políticos como embasuradores: recuerdo una valla de promoción que tuvo un candidato a diputado en el distribuidor de Santa Fe, al este de Caracas, e, incluso, la acusación de afectar el paisaje, pero esa campaña parlamentaria de noviembre de 1998 no sólo duró poco, sino que la valla continua en su lugar, anunciando tal o cual producto, mientras que de la vecina que por entonces se quejó no se supo nunca más.

La publicidad y la propaganda políticas de la oposición, por una parte, representan un ridículo porcentaje frente a la estrictamente comercial, y, por otra, la del gobierno, la del Estado que se impone a favor de sus circunstanciales conductores, arropa a una u otra expresión. Por lo demás, tenemos un destino compartido y es necesario hablar de él, a sabiendas que el régimen prefiere el silencio.

Y de este reencuentro con el ciudadano, nos percatamos de una clara conciencia de los problemas. En un reciente recorrido por el mercado de Caño Amarillo, en el centro de la ciudad capital, junto a los otros candidatos de la unidad, fue constante la queja por la realización de un “Mercal” en la avenida Bolívar: los productos de dudosa calidad y contraproducentemente subsidiados por un Estado mercader, predestinado al fracaso por tan insostenible esfuerzo, prometen la bancarrota para los tradicionales y modestos comerciantes del sector popular. Oferentes y consumidores preguntaron por nuestras propuestas y, amén de coincidir con la necesidad de derrotar al oficialismo, se identificaron con ese otro y necesario ejercicio ciudadano, recibiendo el mensaje, pidiendo explicaciones y comprometiéndose con un esfuerzo superior al de la resignación y la desmovilización criminales.