Democracias frágiles
A las denominaciones bien conocidas para calificar la democracia (representativa y participativa, entre otras) se añade ahora el concepto de «fragilidad» (para dar a entender que está expuesta a quebrarse con facilidad), tal como se desprende de unas declaraciones de Madeleine Albright, secretaria de Estado de los Estados Unidos, recogidas por un despacho noticioso de la Associated Press (material informativo curiosamente ignorado por la mayoría de los medios de difusión en nuestro país).
Salvo la indicación de que la entrevista concedida a la antes citada agencia por la alta funcionaria estadounidense fue otorgada con carácter de exclusividad, no se desprende de su contenido la razón expresa que condujo a la titular de la Secretaría de Estado a exponer sus inquietudes, sin mayores antecedentes puntuales, respecto a lo que denominó como “fragilidad” de la democracia en América Latina debido a la falta de desarrollo social y económico de la región. Pero llama la atención la circunstancia de que ese encuentro entre la secretaria Albright y el periodista de la AP haya tenido lugar pocos días antes de que en la sede de la Organización de los Estados Americanos en Washington D.C. comenzaran las Jornadas de Análisis y Reflexión sobre la Democracia Participativa, convocadas por el organismo hemisférico en seguimiento de la propuesta que Venezuela presentó sobre el tema a la Asamblea General reunida en Ciudad de Guatemala en junio de 1999.
Pero la fragilidad de las democracias en América Latina obedece no solamente a factores socioeconómicos vinculados al proceso de desarrollo, como señala con tino la señora Albright. También cabe mencionar causas de naturaleza política como el comportamiento autoritario, la ausencia de transparencia de los procesos electorales, el clientelismo, la partidización y la militarización (según sea el caso) de la administración pública, los abusos contra la ciudadanía por parte de las autoridades, la corrupción extendida a los diferentes niveles del gobierno y la violación sistemática de los derechos humanos, entre otras, aunque no puede dejarse de señalar a este último respecto lo que ocurre en cuanto a la libertad de expresión que, invariablemente, es la primera víctima de los regímenes despóticos.
De lo anotado se desprende que no es casual la vinculación entre uno y otro aspecto. La fragilidad de la democracia que, en nuestra región es notoria, conduce a la necesidad de fortalecer y, robustecer los diferentes mecanismos y recursos que en ese campo específico deban adoptarse. Así, la postura del actual gobierno venezolano que se concretó en el texto de la nueva Constitución Bolivariana, de sustituir la democracia representativa por la participativa, luce desproporcionada y equivocada, pues se trata de dos conceptos complementarios y no excluyentes. Si ahora lo que se pretende es abonar el terreno para una futura reforma de la Carta de la OEA a fin de incorporar la experiencia venezolana sobre el asunto, cabe apuntar que seguramente no será fácil avanzar por ese camino. La democracia representativa está plenamente reconocida en el nivel hemisférico. Eliminarla de un plumazo como se hizo en nuestro país de cara a la “fundación de la V República” no es un procedimiento que pueda llegar a prosperar con éxito sin antes superar dificultades y tropiezos de diferente índole en el seno de la comunidad regional.
La mención a la fragilidad de la democracia es, a juicio de quien escribe, uno de tantos recados con destinatario visible, o quizás si se quiere también una suerte de «globo de ensayo», para advertir a los interesados en la cuestión que los sistemas democráticos, que aspiren a funcionar fortalecidos y vigorizados bajo el calor popular, deben nutrirse tanto de la representatividad como de la participación y, por supuesto, del pluralismo y la solidaridad.
De ser así, es posible entonces entender que la democracia efectivamente está expuesta a la amenaza de sucumbir tanto por las frustraciones socioeconómicas que la afectan en el campo del desarrollo, como también por todas aquellas acciones o conductas de naturaleza política, como las citadas anteriormente a título de ejemplo que, en ese sentido, aparecen como determinantes.
Guido Grooscors
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