Democracia descentralizada versus autocracia centralista
En las elecciones del próximo 23-N se pondrán en tensión dos fuerzas que han estado luchando desde que el proceso bolivariano, dirigido de forma personalista y caudillista por el comandante, inicia su giro indetenible hacia la izquierda autoritaria. De un lado estará el proyecto autocrático colectivista y centralista que el teniente coronel Chávez Frías le propuso al país en agosto de 2007, y que fuese rechazado en el referendo constitucional del 2-D; del otro se alineará el modelo de Estado federal y democracia descentralizada que comienza a implantarse en el país a partir de 1989, cuando se aprueban la Ley de Elección y Remoción de los Gobernadores de Estado, la Ley Orgánica de Descentralización, se reforma la Ley Orgánica del Régimen Municipal (que permite crear la figura del Alcalde electo con el voto popular), y se realizan los primeros comicios regionales para elegir los mandatarios de los estados y los municipios.
Un triunfo claro e inobjetable de Chávez Frías en esa cita electoral (probabilidad muy remota si nos atenemos a los sondeos de opinión), revitalizaría el esquema piramidal jefaturado por el caudillo, que ya sufrió un duro revés el 2-D, y pondría la reelección indefinida del autócrata nuevamente en el primer lugar de la agenda política nacional. Por el contrario, la conquista por parte de la oposición y del chavismo disidente de importantes espacios que en la actualidad son controlados por el oficialismo, transformaría de modo radical el panorama político y conduciría a una redistribución vertical del poder, que obligaría al jefe de Estado a cohabitar con un elevado número de gobernadores, alcaldes y diputados regionales que no simpatizan con él.
Después de haber apoyado la descentralización durante su campaña presidencial de 1998, e, incluso, luego de haberla elevado a rango constitucional en textos que declaran que “la República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado . . .” (Art.4) y que “el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es será siempre (. . .) descentralizado . . .(Art. 6), y después de haber incluido en la misma Carta la creación del “Consejo Federal de Gobierno (. . .) órgano encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional a los Estados y Municipios” (Art. 185), el comandante Chávez le tuvo miedo a una iniciativa tan genuinamente democrática, y por eso decidió acabar con ella, torpedeándola hasta convertirla en una morisqueta, sin ningún tipo de incidencia en la vida real de las comunidades de la capital y del interior de la República. La descentralización pasó a ser sustituida por la Nueva Geometría del Poder (NGP), los Núcleos de Desarrollo Endógeno (NUDE), el nuevo Poder Popular, los Consejos Comunales, las comunas y ciudades socialistas, y por toda esa jerga farragosa inventada por la nomenclatura chavista. Esa monserga forma un disfraz opaco que pretende ocultar la naturaleza profundamente antidemocrática del “proceso”, ya ideada por la ideología neoautoritaria de Norberto Ceresole.
Hugo Chávez, a partir del 23-N, tendrá que aceptar que la descentralización no puede modificarse a capricho o detenerse porque él es el mandamás del país. La descentralización surgió como movimiento en Venezuela porque formó parte de una megatendencia, de una tendencia mundial surgida en aquellas sociedades, como las socialistas, que estuvieron dominadas durante largo tiempo por el centralismo exacerbado. Esos poderes copulares, concentrados en su vértice por un partido, un mandatario o una oligarquía política arrogante y excluyente, fracasaron luego de haber empobrecido a sus naciones.
En Venezuela costó mucho que los factores de poder domiciliados en Caracas entendieran que era necesario transferirles competencias, recursos y funciones a los estados y a los municipios, y que ese movimiento de traslación pasaba por permitir que esas entidades eligieran a través del voto popular a sus autoridades. Finalmente el peso de la realidad se les impuso y terminaron aceptando lo que era inevitable: que el Estado tenía que descentralizarse para que el país fuera federal, tal como lo proclamaba la Constitución de 1961.
Después de casi dos décadas de haberse iniciado la descentralización, Hugo Chávez señala que los gobernadores y alcaldes autónomos les resultan incómodos, que en el caso de que sigan existiendo (como seguramente ocurrirá) deben ser incondicionales del poder central, que el Gobierno Nacional y la Comisión Central de Panificación deben proyectar y ejecutar todos los planes del país, y que no está dispuesto a convivir con mandatarios regionales que no se encuentren alineados con su proyecto comunista del siglo XXI. La descentralización ocupa un lugar tan subordinado en su estrategia política, que a lo largo de esta intensa campaña electoral no ha sido mencionada por él como pieza clave de los asuntos que van a decidirse en los próximos comicios. Sus candidatos son convidados de piedra en cada uno de sus actos electorales.
El 23-N los venezolanos tendremos la oportunidad de reafirmar la vigencia de la democracia y la trascendencia de la descentralización. Tendremos ocasión de subrayar el papel tan importante que les corresponde desempeñar a los gobernadores, alcaldes y diputados regionales en cuanto delegados del pueblo en el plano estadal y municipal. Sin embargo, quienes están de acuerdo con las propuestas del teniente coronel y su visión del país, o quienes no se interesan por el destino de la República, también tendrán la oportunidad de decirle a Hugo Chávez que puede imponer su comunismo del siglo XXI, sus leyes centralizadoras, e ignorar las conquistas de la descentralización, sin ninguna clase de problemas. Nos hallamos en esta encrucijada.
