Defender la Constitución
De nuevo vamos a insistir en un tema de fundamental interés para la República. Es referencia permanente de buena parte del debate político de este tiempo, sobrecargado de perversidad. Está vinculado a la necesidad de restablecer el orden constitucional alterado por un régimen que no cree en el estado de derecho, que ha hecho papilla el principio de la legalidad y que desarrolla un golpe de estado de ejecución progresiva. Esa es la consecuencia de las acciones oficiales en contra de una Constitución violada en todos sus Títulos y Capítulos, en la mayoría de sus artículos y, por supuesto, con grave alteración del espíritu, propósito y razón de los constituyentes de 1999, quienes fueron sus redactores.
En vista de estas y algunas otras circunstancias adicionales, un importante grupo de esos constituyentes, en mi opinión expresión de la inmensa mayoría de quienes integraron la Asamblea Nacional Constituyente, promueven la creación de un Frente Constitucional para trabajar activamente en el restablecimiento del orden alterado. Estuvimos presentes en el Teatro Chacaíto, escenario de una calificada asamblea donde se escucharon dramáticos llamados a la acción para alcanzar el objetivo. La reunión fue clausurada por Luis Miquelena, ex presidente de la Constituyente, luego de brillantes intervenciones de varios protagonistas del primer nivel en los debates del 99.
En líneas generales hubo coincidencia en el diagnóstico sobre la estafa del régimen e impresionante aproximación en la plural consideración de lo relativo a las acciones a seguir. Se trata, básicamente, de convocar a la nación a defender una Constitución perfectible que, a pesar de sus fallas, conserva y desarrolla la estructura básica del sistema democrático que tenemos la obligación de sostener y defender. Todo un programa para una sociedad democrática harta, fatigada y desencantada del gobierno que preside Hugo Chávez. Llegó la hora de pasar de las palabras a la acción basada en los acertados diagnósticos que los más calificados constitucionalistas del país han repetido mil veces.
Este llamado debería atenderse como un deber, como una obligación que libremente hemos aceptado. Además de tener el derecho a hacerlo, la obligación está expresamente señalada en el Artículo 333 de la Carta Magna, que a la letra dice: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.
“En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.
No está de más citar la parte final del Artículo 350 referida al pueblo que: “…desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”. Mayor claridad… ¡imposible! No hay tiempo que perder.
