Decisiones complejas

La decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia creó una situación tremendamente compleja para la Coordinadora Democrática. El máximo Tribunal de la República en materia contencioso electoral elaboró un dictamen incuestionable, que debería ser inapelable y de estricto cumplimiento por el Consejo Nacional Electoral, órgano cúpula del Poder Electoral. Pero ocurre que estamos ante un régimen personalista, con rasgos totalitarios, que no cree en Estado de Derecho, ni competencias exclusivas, ni independencia de poderes. Que no acepta siquiera la separación entre el Estado, el Gobierno y el Partido. De allí que Ismael García, coordinador nacional del Comando Ayacucho, instancia del Movimiento Quinta República, cuestione la validez jurídica del dictamen de la Sala Electoral, desde la sede de la Vicepresidencia de la República, a cuyo frente se encuentra ese señor que desde 1999 perdió todo pudor en lo que concierne al tema relacionado con los abusos de poder. De allí también que el fiscal Isaías Rodríguez, y el contralor, Clodosvaldo Russián, asistan a la sesión especial en la Asamblea Nacional en la que la bancada del Gobierno, con un discurso pronunciado por Acosta Carles, conmemoró el segundo aniversario de la reposición en su cargo de Hugo Chávez por parte del general Baduel. Para Rodríguez y Russian resulta que el 13 de abril se convirtió en una fecha patria, con el mismo rango del 5 de julio.

En este ambiente de servilismo y abyección es que se produce el dictamen del máximo tribunal electoral. Para la oposición negociar con el CNE la realización de los reparos, aceptando condiciones por debajo de lo establecido taxativamente por ese Tribunal, inadmisible. Sería desacatar el dictamen. A su vez, no negociar en un cuadro en el que la mayoría oficialista que controla al CNE y a la Sala Constitucional, es decretar la muerte del revocatorio y, peor aún, el fracaso del Reafirmazo. La poderosa maquinaria del régimen se pondría a funcionar para demostrar ante los sectores escépticos (ni, ni) y la opinión internacional, que la oposición no había recogido las firmas suficientes, y por ello se negó ir a los reparos en las condiciones fijadas por la autoridad electoral. En realidad sería por la banda de los tres (Carrasquero, Rodríguez y Bataglinni); sin embargo, esta circunstancia pasaría a segundo plano. Lo relevante sería que el referendo no se llevaría a cabo por la negligencia e ineficacia de la oposición. La aplicación de la Carta Democrática Interamericana y de las sanciones que ésta conlleva, tardarán tanto que Chávez dispondrá de suficiente tiempo y recursos para realizar cualquier maniobra que pueda resultarle beneficiosa. Oponerle al despojo del revocatorio por parte del Chávez, la guarimba, la desobediencia civil, las asambleas de ciudadanos, el 350 o el 333, luce quimérico. Hay que recordar que el hombre no cedió frente al paro petrolero indefinido, algo inimaginable en Petrovenezuela. Antes habíasido restituido en su cargo cuando parecía sumergido en el subsuelo. Así es que interpretar todo diálogo con el CNE o con el Gobierno (al final es lo mismo) como una forma de claudicación o colaboracionismo, puede resultar muy peligroso si lo que se busca es hallarle una salida pacífica a esta olla de presión que es el país. Sería interesante saber quiénes de los que sugieren de forma velada o desembozada una solución violenta a la crisis, están dispuestos a batirse a plomo con los chavistas.

El otro tema son las regionales. Hasta dirigentes que destacan por su sensatez y aplomo, andan por ahí diciendo que si se desacata la orden de la Sala Electoral, no se puede ir a las elecciones regionales. Su oferta alternativa es la guarimba, la desobediencia, etc. Ahora bien, ¿por qué si en política esos mismos líderes dicen que la lógica no es lineal sino dialéctica, se comportan como si fuesen Aristóteles? ¿Por qué hacer una traslación mecánica a los estados y a los municipios? Desde luego que tenemos que luchar sin rendirnos para que el RR se dé. Este instrumento permitiría dirimir la crisis global del país. Sin embargo, el desastre no se percibe igual en Caracas que en la provincia. La perspectiva regional es menos perentoria. Mucha gente de los estados y municipios quiere salir de sus mandatarios. Este deseo sería injusto trivializarlo o ignorarlo. Además, existe en numerosos dirigentes locales la aspiración a participar en un proceso comicial que les permita competir y proyectarse regional y nacionalmente. Este deseo no es producto de una euforia carnavalesca, sino de una vocación comprensible en quienes pretenden desarrollarse en un área tan compleja y competida como la política. Además, la descentralización es una conquista del país democrático que ha servido como muro de contención frente a los afanes totalitarios del caudillo que gobierna. De no contar con los gobernadores y alcaldes de oposición, Venezuela se habría convertido en una nueva Cuba. De haber llegado Chávez al poder a través del golpe del 4-F, aquí no habría gobernadores electos, sino designados por el teniente coronel. La descentralización política, cuyo centro es la elección de gobernadores y alcaldes, tiene que ser defendida por la oposición como una bandera a la que no se renuncia ni se entrega. La estructura desconcentrada del Poder Electoral, conformada por las Oficinas Regionales Estadales y las Oficinas Regionales Municipales, permite que el control de la oposición sea mucho mayor que el que puede ejercerse en el CNE. No hay que suponer que en cada oficina del PE en las regiones existe un clon de la banda de los tres. Tal presupuesto es falso. Visto el asunto en su conjunto, resulta muy complejo. El razonamiento axiomático ayuda, pero no es suficiente.