¿De quién es el Estado?
Dejémonos de cuentos. No está en cuestión la prioridad que la Constitución le asigna al Estado en educación, sino de quién es el Estado ¿de la sociedad o del partido? y ¿cuál es el modelo de Estado?
Si es del partido, el Ministerio de Educación será una sucursal partidista y las escuelas, centros de su adoctrinamiento. Si el Estado es de la sociedad, los grandes objetivos y aspiraciones de ésta son los fines del Estado.
Venezuela no requiere que el Gobierno se inhiba y reduzca el papel del Estado en educación, sino que lo fortalezca, use efectivamente los recursos estatales y movilice a toda la sociedad (padres, educadores, fundaciones, proyectos de todo tipo y a todo nivel) a fin de lograr una educación de calidad al alcance de todos. El partido de Gobierno y el Ministerio de Educación son administradores delegados para poner en práctica (no para subordinarlos a sus intereses) los ya establecidos principios de la Constitución y fines del Estado democrático.
No es lo que está ocurriendo, sobre todo en los segmentos más pobres de la población donde los jóvenes tienen la mitad de la escolaridad establecida en la Constitución en escuelas que, normalmente, son de lamentable calidad.
Según la Constitución Bolivariana (Exposición de Motivos y artículos 2 y 3), la educación “debe ser integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades para acceder a ella”. Para lograrlo se establece un “estado democrático y social”, “que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político” ( Art. 3) ¿Dónde entran el monopolio del partido y la indoctrinación comunista que ahora piden Istúriz y Reyes Reyes? La Constitución no habla de “estado docente”, ni de instaurar el comunismo ni el “socialismo del siglo XXI”, pero sí consagra la democracia plural.
¿Cómo asegurar que la sociedad no falle en sus metas educativas y que el Gobierno no traicione su función? En la medida en que la sociedad, especialmente los educadores, los padres y los dolientes o beneficiarios de la educación exijan al Gobierno y le piden cuentas y, a su vez, éste, como autoridad que es, exija a la sociedad. La garantía está en esa relación de mutua exigencia y de apoyo entre sociedad y Gobierno. La Constitución lo expresa de manera feliz al decir que se “crea una nueva relación ciudadana que en el ámbito de los derechos sociales, desarrolla la tríada solidaria entre sociedad, familia y Estado” (p.21)
Invitamos a cualquier observador que quiera conocer las causas de las escuelas exitosas, que las hay en todos los sectores sociales. Se encontrarán con los padres, los docentes, los directivos, los educandos, asumiendo como suyas la escuela y las responsabilidades que les señala la Constitución. Normalmente aparecerán también fundaciones y empresas con iniciativas concretas (donación de computadoras, cursos de actualización para docentes, actividades complementarias para los jóvenes) respaldando a la escuela en su logro de buena calidad.
La educación es un bien público y toda la sociedad sin excepción es responsable de la cosa pública, de la re-pública. El buen gobierno lleva la batuta, pero la sinfonía educativa la ejecutan todos. La sociedad, como soberana y máxima responsable, evalúa al Gobierno y a sus funcionarios. Si lo hacen mal, los cambia.
¿De quién es el Estado? Del soberano. ¿Quién es el soberano?, ¿el partido y su jefe o la sociedad como un todo? La sociedad. ¿Quién pide cuentas al gobierno en materia educativa? La sociedad, los padres, las instituciones educativas, los educadores, siempre que no sigamos dormidos.
La Constitución nos dice también cómo deben ser el Estado democrático, la sociedad y el Gobierno: “promoviendo una sociedad plural, armónica, solidaria, abierta, integrada y comprometida en todos sus ámbitos, se consagra el deber de toda persona de cumplir los requerimientos sociales y participar en la vida política, civil y comunitaria del país […] No obstante, las obligaciones que tiene el Estado conforme a la Constitución y a la ley, se consagra el deber de toda persona de coadyuvar según su capacidad y aptitud, al cumplimiento de los fines que impone el bienestar social general, con base en los principios de solidaridad, responsabilidad social y asistencia humanitaria”( Cap. X De los deberes). En todo lo público, pero especialmente en educación, no hay lugar para la exclusiva educativa del partido-poder. Van contra la Constitución las llamadas del gobernador Reyes Reyes y del Ministro de Educación a los docentes para el adoctrinamiento comunista de los niños, o la intención de no dejar en manos de las universidades autónomas plurales la formación de docentes, porque éstos deben ser políticos propagandistas escolares del “socialismo del siglo XXI”. Socialismo que no está en la Constitución, pero sí en los sueños del Jefe del partido que quiere imponer su monopolio. La sociedad todavía está a tiempo para actuar en la forma en que dice la Constitución, e impedir que el partido se apropie de la educación, del Estado y de la vida de los venezolanos. ¿O también en esto triunfará el abstencionismo irresponsable mientras arde la casa?
