¡De locos!
Hay situaciones a las cuales una sociedad no puede acostumbrarse. No puede acostumbrarse, aunque parezca estarlo, sin incurrir en insania o sin clamar locura colectiva. Quienes viven fuera y se enteran de las cosas que pasan aquí, de seguro piensan que somos un país de locos.
Lo seríamos sin duda si nos acostumbrásemos a hechos como los siguientes, ocurridos todos en estos días:
El “testigo estrella” del caso Anderson, y cuyo testimonio, según Isaías Rodríguez, para aquel momento Fiscal General de la República, era un testimonio hiper creíble, ya que él se lo veía en los ojos que destilaban verdad, aquel a quien había que proteger porque la oposición lacaya del imperio podría tratar de desaparecer, resulta que ahora, según el mismo ex Fiscal -y ahora conjuez del TSJ- es “desquiciado” y “mitómano”, los mismos adjetivos con los que el DAS de Colombia y los abogados defensores de los imputados lo habían calificado, que lo descalificaban como testigo desde el principio y que fueron ignorados por la Fiscalía. Las declaraciones de los ex fiscales que se contradicen y se acusan entre sí y acusan al Fiscal General, y los documentos forjados que han aparecido a la luz pública, nos colocan ante un caso de compleja nomenclatura psiquiátrica. Si no fuera por la tragedia que significan los dos muertos además de Anderson, los muchos imputados, los privados de su libertad con fundamento en la declaración del desquiciado, el caso podría catalogarse como un sainete más de la picaresca caribeña.
El Contralor General de la República quien ha dado escasísimas muestras –al menos públicas y notorias- de ejercer controles e iniciar investigaciones sobre manejos oscuros de fondos públicos, ha sido firme en contravenir frontalmente la Constitución mediante un acto administrativo que dice fundar en el principio de la legalidad, contra el respeto máximo y supremo de la norma constitucional, practicando así lo que se denomina “desviación de poder”. Eso para ir en contra de quienes considera sus adversarios (adversarios de la revolución), pretendiendo privarlos de uno de los derechos más importantes consagrados en nuestra Carta Magna, el derecho a ser elegido, a optar a cargos públicos. La medida afecta a aspirantes políticos de la oposición con enormes probabilidades de ganar en las próximas elecciones de gobernadores y alcaldes. Y encima, los inhabilitados del lado del oficialismo son prácticamente desconocidos, o no optan a cargos públicos. ¡Qué casualidad! Es bien raro este modo de aplicar la igualdad de los ciudadanos ante la Ley.
Y por último, pero no menos demencial, la versión del Presidente Chávez sobre lo ocurrido en Ecuador con las FARC, que desmiente al Presidente Correa, por quien profesa una solidaridad irrestricta y confiesa hermandad a toda prueba. Chávez afirmó que Raúl Reyes, muerto por las fuerzas colombianas en territorio ecuatoriano, “viajó a Ecuador para reunirse con funcionarios ecuatorianos con el fin de tramitar la liberación de algunos secuestrados… Yo le pedí a Rafael Correa que lo hiciéramos por el Ecuador… Esa fue la razón por la que el portavoz de las FARC fue a territorio ecuatoriano…” cuando el presidente Correa y su ministro Larrea se cansaron de negar que su reunión con Reyes hubiera tenido lugar en territorio ecuatoriano. No en balde un ex ministro ecuatoriano expresó que la versión de Chávez es un “tiro de gracia” a la versión oficial ecuatoriana sobre la presencia de Reyes en aquel país.
Es que hemos inaugurado y venimos aplicando un sistema de gobierno en el cual reina el caos, en que nada es verdad ni mentira, ni bueno ni malo. La dicotomía se presenta entre revolucionario y contrarrevolucionario, y los elementos distintivos entre uno y otro los suministra exclusivamente el ungido. Y nos quedamos tan tranquilos. El “bravo pueblo” ni resuella. Para muchos esta es una patología muy preocupante. Habrá algún país del planeta que quiera copiar este sistema? Ecuador, quizá, Bolivia, Nicaragua…?
¿Quién nos diagnostica nuestro mal? Y más allá… ¿quién nos lo medica?
