De archivos y chivatos

El archivo de Bolívar, de la Academia de la Historia al Puente de las Fuerzas Armadas

Que se trasladen los archivos de Bolívar y los de Miranda desde la Academia de la Historia al Archivo General de la Nación, en ninguna parte del mundo provocaría controversia, como no sea en el terreno técnico: que si uno u otro local es el más apto para recibir esos documentos, que si el personal tiene mayor o menor entrenamiento para manejarlos.

Un buen ejemplo de esto se dio en la Escuela de Historia de la UCV siendo Rosalba Méndez directora y Josefina Bernal decanesa de la Facultad: unos seis mil libros donados por la Fundación Lecuna, fueron entregados a la Biblioteca Nacional, donde podían ser mejor ubicados y utilizados. Nadie pretendió hacer una alharaca con un acto normal y corriente ni mucho menos pretender que se estaba descubriendo América o desencadenando una revolución cultural, mucho menos política o social.

Simplemente ridículo

Es por eso que el escándalo armado por el gobierno al quitarle a la Academia Nacional de la Historia el cuidado de esos documentos no es un acto desacostumbrado ni ilegal: simplemente es ridículo. Con el clásico mal gusto militar, se le ha querido dar al acto rutinario de una administración, el carácter heroico de una batalla. ¡Imagínense Uds., arrancar los archivos del Padre de la Patria de manos de esos saporrabúos de oligarcas que los tenían escondidos para que el pueblo no pudiese ver jamás la credencial de miembro del PSUV que el Libertador cargaba en su morral y que sólo mostraba para rematar sus arengas con el consejo tradicional!: (¡Nunca salga sin ella!).

El decreto presidencial y las declaraciones de algunas focas dicen, palabras más palabras menos, eso. En primer lugar, se postula que un bien público como esos archivos no debe estar en manos privadas. De acuerdo, pero lo que estos ignaros no saben es que la Academia no es una institución privada sino pública.

El día de San Simón

Ella fue fundada el 28 de octubre (día de San Simón) de 1888 por Juan Pablo Rojas Paúl, a la sazón Presidente de la República y nunca ha dejado de ser un ente público. Sus archivos, biblioteca y hemeroteca están abiertos al público en horarios normales, en las condiciones que toda institución de ese tipo impone a sus usuarios: por ejemplo, en algunas de los más prestigiosos archivos y bibliotecas del mundo se debe ser, cuando menos, mayor de edad para ingresar allí; y para el manejo de manuscritos antiguos se deben usar guantes y mascarilla, no sólo para proteger esos documentos, sino la salud del usuario.

De modo que esos archivos están a la disposición del pueblo. Pero el problema es que «el pueblo» no siempre está en disposición de consultarlos. Un ejemplo: en la comisión que ha sido enviada a recibir esos archivos, había quienes daban la impresión de que no los hubiesen consultado jamás; que no tuviesen idea de dónde estaban, y que ni siquiera supiesen dónde diablos quedaba la Academia.

Oligarca, ¡temblad!

Hay una persona que, obligatoriamente debía conocer al menos el Archivo del Precursor: tengo entendido que la viceministra Carmen Bohórquez, una de las más vociferantes denunciadoras de esa oligarquía que impedía que «el pueblo» tuviese acceso a los sagrados documentos, escribió un volumen sobre Miranda. Entonces, una de tres: o ella nunca consultó ese archivo, lo cual da una idea de la calidad de ese trabajo suyo; dos, o sí lo hizo, y entonces es una mentirosa de tomo y lomo; o, tres, ella no pertenece al «pueblo» y, por lo tanto es una oligarca (¡temblad!) de uña en el rabo.

Mario Sanoja, obediente a la más mínima voz de mando venida de Fuerte Tiuna, se une al coro: ¡Gloria a Dios en las alturas y en la Tierra al Héroe del Museo Militar, por haber rescatado el archivo del Libertador de las manos de la oligarquía para ponerlo en las del pueblo! Yo creo que los sacrílegos autores del secuestro de esos archivos deberían ser pasados por las armas, comenzando por un tal Mario Sanoja Obediente que, desde hace más de once años, no sólo forma parte de esa corporación oligarca, sino que es hoy mismo su Vicepresidente.

La retórica del traslado

De modo pues que, como se decía al principio, lo grave no es el traslado de unos archivos de un edificio público a otro, sino la retórica que acompaña a ese traslado.

El peligro está en las manos de quienes han de manejarlos, de manipularlos. No nos referimos a algunos pobres diablos que creen que sea «un puesto» lo que les da idoneidad como historiadores, sino al supremo mandamás cuya encadenada y rimbombante retórica copian en todas sus declaraciones: esos archivos, dice, se emplearán para «rescribir» la historia como se debe, o sea, patria socialismo y muerte.

Se dice que el traslado se hará en un acto festivo popular y revolucionario. Imaginamos que allí mismo se entregarán al pueblo esos archivos.

En primer lugar a los gloriosos integrantes de las FACV (Fuerzas Armadas Cubanas de Venezuela, antes FFAANN); y a Lina Ron, a Richard Peñalver, a Darío Vivas y demás desechos sociales.

Con lo cual debe entrarle un fresquito a los investigadores: dentro de poco podrán recuperar esos documentos a vil precio bajo el puente de la Avenida de las Fuerzas Armadas.