David contra el Estado

A finales de agosto la periodista Tania Díaz, conductora del programa “Dando y Dando” del canal estatal VTV, dio un pase a un acto del Partido Socialista Unido de Venezuela. En la pantalla apareció Jesse Chacón, candidato oficialista a la alcaldía de Sucre, sosteniendo un micrófono de VTV sin ningún periodista del canal a la vista. Chacón habló un rato y luego le pasó el micrófono a Aristóbulo Istúriz, otro candidato chavista que entonces, junto a Díaz, era moderador de “Dando y Dando.” Durante los comentarios de Chacón e Istúriz las personas presentes en el acto estaban pendientes de lo que decían los candidatos, y poco después de las declaraciones, el acto finalizó. Todo parecía indicar que el acto se había hecho sólo para ser transmitido por VTV. Fuera de la transmisión, el acto no existía.

El episodio es una pequeña muestra de cómo en Venezuela se han borrado los límites entre partido, gobierno y Estado. VTV funciona no como lo establece la ley, es decir, un canal de interés “público,” sino como un brazo mediático del PSUV. La metáfora no es exagerada. Durante la campaña electoral, la programación regular de VTV era frecuentemente interrumpida para transmitir los actos del Presidente con los candidatos del PSUV, lo cual jamás ocurrió con los actos electorales de la oposición. En los noticieros, las campañas de los chavistas figuraban mucho más que las de los opositores, y cuando se mencionaba a los opositores, por lo general era para atacarlos. En algunos casos los ataques alcanzaron extremos delictuosos. En el programa “Los papeles de Mandinga” el moderador transmitió ilegalmente varias grabaciones hechas –también de manera ilegal– a líderes de la oposición por los organismos de inteligencia del Estado. Algunas de estas grabaciones habían sido obviamente manipuladas.

La Constitución venezolana establece claramente que los funcionarios de Estado no pueden incurrir en actividades proselitistas. También prohíbe utilizar fondos estatales para campañas electorales. Pero estos artículos parecieran ser letra muerta. Son como los diez mandamientos, que, pese a estar ahí y siempre ser invocados, pocos católicos utilizan sistemáticamente como guía a sus acciones. A veces es difícil saber si los funcionarios públicos ignoran o simplemente olvidan estas leyes. Por ejemplo, cuando a principios de año el PSUV escogió a su directiva, tres de los escogidos –Istúriz, Vanessa Davies y Mario Silva– eran moderadores de programas de VTV. Ninguno de los tres vio un conflicto de intereses en el ejercicio simultáneo de los dos cargos. Istúriz y Silva renunciaron a VTV unos meses después, cuando se convirtieron en candidatos del oficialismo, pero Davies sigue alternando entre su rol de periodista en el canal estatal, donde su trabajo tiene un claro sesgo pro-gobierno, y su rol de presidenta de la Comisión de Comunicación y Propaganda del PSUV.

La violación de los artículos 67 y 145 de la Constitución quizá no fuese tan grave si VTV fuera el único canal bajo el control del gobierno. El problema es que no lo es. En los últimos seis años el gobierno ha hecho un gran esfuerzo para alcanzar su objetivo de consolidar –en las palabras del propio ministro de Comunicación– una “hegemonía comunicacional.” En 2002 la única televisora estatal era VTV. Hoy el Estado administra la señal de seis canales, incluyendo TVES, que sustituyó al canal RCTV cuando a éste no se le renovó la concesión. En la radio el gobierno también ocupa un espacio importante con dos grandes redes, YVKE Mundial y Radio Nacional de Venezuela, bajo su control (RNV anunció que el próximo año inaugurará una red nacional en FM). En las principales cinco o seis ciudades del país los venezolanos siguen teniendo acceso a medios críticos, incluso en los sectores populares, pero en los estados rurales y poco poblados mucha gente sólo tiene acceso a los medios del gobierno. El limitado alcance de los medios independientes es un factor que en parte explica el sólido triunfo que obtuvo el oficialismo en estas zonas el 23 de noviembre.

Otro problema que tienen los estados más rurales es que los medios locales dependen más de la publicidad oficial que sus contrapartes en las grandes ciudades, lo cual los hace más vulnerables al chantaje político. Varias ONG defensoras de la libertad de expresión han denunciado casos de emisoras y canales que, pese a tener los programas más populares de sus localidades, no reciben publicidad oficial por ser críticos del Presidente. El gobierno ha admitido abiertamente esta práctica chantajista. Hace unas semanas el ministro de Comunicación, Andrés Izarra, dijo que el Estado no daría dinero a medios “golpistas” (es decir, de oposición). La declaración sonó como una amenaza pero en realidad era un recordatorio, pues el gobierno ya lleva tiempo castigando a los medios críticos por esta vía.

Afortunadamente, todavía quedan muchos medios que no dependen tanto de la publicidad oficial y que se han negado valientemente a doblegar sus principios por estar de buenas con el Presidente. Pero el gobierno no se rinde fácilmente y ha buscado otros mecanismos de intimidación e intervención. Uno de estos mecanismos es el uso selectivo de la ley, es decir, utilizar organismos de regulación del Estado para sancionar constantemente a medios independientes por violaciones mucho más inocuas e infrecuentes que las cometidas, con absoluta impunidad, por los canales y emisoras del Estado. Un caso en cuestión es la investigación que se le acaba de abrir al canal Globovisión por supuestamente adelantar los resultados de las elecciones en estados que no fueron anunciados en el primer boletín del Consejo Nacional Electoral. En 2007 el canal estatal Telesur hizo algo peor: anunció el resultado único del referendo antes del primer boletín. Sin embargo, el Estado no le abrió una investigación.

Otro mecanismo de intervención son las famosas cadenas, a través de la cuales el Presidente, bajo cualquier pretexto, obliga a todos los medios radioeléctricos independientes a transmitir simultáneamente sus mensajes. Chávez ha hecho más de 1500 cadenas desde que asumió el poder, limitando durante más de mil horas el derecho de los venezolanos a la libre información. En lo que va de 2008 se han realizado 101 cadenas, esto sin contar las de octubre y noviembre, que Chávez aprovechó descaradamente para promover a sus candidatos. El uso de cadenas para actividades proselitistas no es nuevo. En éste y otros procesos electorales el Presidente ha hecho cadenas para inaugurar obras –a veces no culminadas– al lado de sus candidatos. Algunas de estas obras nunca son terminadas. En la campaña electoral de 2006, por ejemplo, el Presidente inauguró un tramo del Metro hasta la Rinconada. Hoy, dos años después, el tramo sigue sin operar a plenitud.

Igualmente preocupante es el lenguaje que Chávez utiliza en estas cadenas y transmisiones de los medios públicos. El Presidente a cada rato insulta, descalifica y calumnia a sus adversarios políticos, a veces con un lenguaje grosero y soez nunca antes utilizado en la televisión o la radio por un jefe de Estado. También amenaza con utilizar el poder de la presidencia para marginarlos. En octubre, en plena campaña electoral, advirtió que no enviaría recursos a aquellos estados donde triunfara la oposición, ya que el dinero podría ser empleado en una conspiración para derrocarlo. Y, bajo ese mismo argumento de la “conspiración,” dijo poco después que quizá se vería forzado a utilizar las Fuerzas Armadas en estados en los que triunfara la oposición. Esa estrategia electoral chantajista la utilizaron muchos de sus candidatos, regalando neveras, lavadoras e incluso dinero en efectivo para comprar el voto (sólo en Petare se regalaron 35 mil artefactos eléctricos). El nuevo alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, dice la verdad cuando recuerda que él no estaba simplemente compitiendo contra un candidato, sino contra la maquinaria entera del Estado.

¿Qué dice el Consejo Nacional Electoral frente a todos estos abusos? En septiembre publicó una normativa que parece un listado de las violaciones a la ley perpetradas por el gobierno y los medios estatales. Se prohíbe que los medios “realicen por su propia cuenta publicidad a favor o en contra de alguna candidatura;” que se haga propaganda que “atente contra la honra, privacidad, dignidad o reputación de las personas;” que se haga publicidad con expresiones obscenas y denigrantes contra funcionarios públicos; y que la propaganda electoral sea financiada con fondos del Estado. El CNE también hizo algunos gestos simbólicos, como anunciar que se iba a investigar a VTV por algunas violaciones de la normativa electoral, lo cual hasta ahora no ha desembocado en ninguna acción concreta. Pero ni ese gesto ni mucho menos la publicación de la normativa frenó el torrente de abusos gubernamentales que duró hasta que se cerró la votación el día de las elecciones.

Poco después de los comicios la embajada de Venezuela en Washington –actuando como la oficina de prensa en el extranjero del PSUV– emitió un comunicado tratando de disminuir los triunfos de la oposición y resaltando el hecho de que el Presidente había reconocido los resultados en los estados y alcaldías donde no ganó su partido, una prueba –dice el comunicado– del talante democrático del gobierno. Pero en realidad la demostración más grande de convicción democrática la dio la oposición. Porque no es fácil forjar un consenso para que un bando tan heterogéneo acepte competir electoralmente bajo estas condiciones. Se requiere de un extremo esfuerzo y una extrema madurez para que un colectivo llegue al sutil entendimiento de que la única salida pacífica a la actual crisis es votar, y competir por el voto, así sea en una situación donde el abuso, la discriminación y el brutal ventajismo sean el pan de cada día.