Críticas y exigencias al CNE
El viernes 28 de abril tomaron juramento ante la Asamblea Nacional las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral y desde ese mismo día los medios de comunicación estaban tupidos de críticas y condenas a los recién designados.
Individualidades y partidos de oposición expresaron disconformidad con esas designaciones y aseguraron que el proceso de selección estuvo contaminado, que los escogidos no tienen otros méritos que haber sido subalternos de los rectores salientes y que como consecuencia, continuará la desconfianza en el electorado. Fue una andanada de protestas. Cada una competía en severidad y contundencia con las otras. Nadie quería quedarse atrás en la capitalización de la matriz de descontento que ha comenzado a levantarse en el ambiente, en particular los promotores de la abstención. Sin embargo, otros elementos deben ser considerados para un análisis más serio de la situación.
1. EL ENGAÑO DE LA ASAMBLEA ILEGÍTIMA
Estos rectores fueron designados por la Asamblea Nacional, lo que no ocurrió con la directiva anterior, cuando no se pusieron de acuerdo las distintas fracciones políticas actuantes en la Asamblea. Se restituye así el estado de derecho que, debido a aquella omisión de los diputados, había intervenido el Tribunal Supremo de Justicia. En esta ocasión el acuerdo entre los legisladores estuvo condicionado y facilitado por la composición de un parlamento conformado sólo por diputados chavistas, en virtud del retiro de los candidatos de varios partidos opositores en la pasada campaña electoral.
Ese hecho, aunado a la incisiva campaña abstencionista de otros referentes, no sólo sacó de la escena a valiosos dirigentes que merecían la representación de sus comunidades partidistas y geográficas, sino que moldeó un clima de derrotismo y de entrega que concedió inmensa ventaja al chavismo frente a quienes mantuvieron sus candidaturas. El resultado fue catastrófico, aunque algunos propagandistas se empeñan en caracterizar esa claudicación como un “extraordinario triunfo” de la oposición.
Los promotores del retiro de las candidaturas y de la abstención se jactaban de estar tomando una decisión histórica que “deslegitimaría” a la Asamblea Nacional que quedara electa. No era sólo una protesta contra condiciones electorales que consideraban inaceptables, sino que aseveraron estar sentando un precedente que dejaría al oficialismo con 167 diputados que carecerían de valor. Pues bien, la presión que en ese entonces ejercieron las organizaciones políticas temerosas de contarse y la influencia que sobre ellas tuvieron factores comunicacionales y financieros promotores de la abstención y del desconocimiento de los parlamentarios que resultaren electos, no puede ser desestimada a la hora de comprender los parámetros políticos en medio de los cuales fueron designadas las actuales autoridades del CNE.
Si la diversa oposición, en variadas manifestaciones partidistas e individuales, hubiese estado presente en esta legislatura, otro habría sido el cantar. La correlación entre dos tendencias parlamentarias paritarias hubiese creado otro ambiente político. Se habrían postulado personalidades que se inhibieron debido a la matriz abstencionista. Se habrían explorado posibilidades de equidad política sobre las que no existe presión alguna ya que con ningún “extraño” tienen que convivir los parlamentarios de hoy. La coerción externa habría sido de mucho peso debido a que ese “pedazo grande” de país estaría representado en carne y hueso en la Asamblea y no como en la actualidad, sólo declarando en los medios.
No estoy imaginando hipótesis. Estoy refiriéndome a situaciones lógicas. Estoy recordando los planteamientos de los candidatos opositores que no se retiraron, quienes habían advertido (con escasa tribuna y poco eco) que una de las consecuencias negativas de la política abstencionista sería el sesgo que posteriormente se produciría en la designación de organismos como el CNE. Extraña, por tanto, y resulta débil e hipócrita la crítica que airada y sorprendidamente hacen sectores políticos que de manera deliberada promovieron esta situación para poder radicalizar la confrontación. No pueden ni siquiera aducir que esta situación de parlamentarismo “por una sola vía” no la habían considerado, cuando esos mismos factores mantuvieron una activa campaña alertando lo peligroso que sería dejar las dos terceras partes de la Asamblea Nacional en manos de una sola tendencia política.
Total, esta Asamblea Nacional si era y es legítima. Negarlo fue y es un debate ocioso.
2. ESTE ES OTRO CONSEJO ELECTORAL
Muchas cuartillas se escribieron y centenares de declaraciones políticas se emitieron denunciando que Jorge Rodríguez sería re-electo y que junto a él permanecerían Oscar Battaglini y otros rectores. Se denunció insistentemente el continuismo de esa directiva y se regó la tesis según la cual todo el trabajo del Comité de Postulaciones no era sino una mascarada, habida cuenta de la aprobación previa que el Presidente Chávez y el partido Quinta República habían hecho de sus ya probadas fichas en el CNE.
Esa prédica de algunos sectores de oposición era aprovechada por Rodríguez y otros rectores para impulsar la profecía auto cumplida. Se hicieron campaña. Se mandaron a hacer campaña. Creían sacar ventaja de los ataques opositores convocando la solidaridad chavista. Nada de eso les resultó. La Asamblea Nacional designó un CNE completamente nuevo.
Creer que estos nuevos rectores son muchachos de mandado de los que salieron y que actuarán como simples marionetas, son supuestos demasiado fofos para ser tomados en consideración. Ignorar que la experticia técnica de varios de ellos introduce un nuevo lenguaje en la instancia directiva del CNE, acostumbrada sólo a ejercer “representaciones” políticas, es mirar de soslayo un elemento de profesionalización administrativa que había que privilegiar. ¿Acaso no eran esas las virtudes que esos mismos opositores exaltaban en relación a Ezequiel Zamora y a Sobella Mejías?
La mayoría de los recién escogidos son personajes inéditos para el mundo político y la reconocida Asamblea de Educación, activa institución opositora, había incluido a 13 de los 15 designados en una lista por ellos confeccionada y conocida como la de los 40 “más aceptables”.
3. EL EXCESO DE LA DESCALIFICACIÓN PREVIA
No habían ocupado todavía sus cargos, cuando se armaba contra la nueva directiva una campaña de descalificación y de satanización. Ninguna decisión habían tomado. Ni siquiera una declaración ante la prensa, cuando ya se instalaban matrices de opinión en contra de los nuevos rectores. En esta grotesca situación se observa de entrada la marca de la confrontación polarizada y radical que asume como premisa la mala fe del contrario, amén de su ineptitud.
A ello hay que agregar la oportunidad, que no despreciarían bajo ninguna circunstancia los impulsores de la abstención y los de la desestabilización, que en algunos casos coinciden, para seguir distanciando a los ciudadanos de las urnas electorales. No parecen haber escarmentado en absoluto. No se percatan de que eso sólo opera a favor de quien pretenden afectar, en este caso el chavismo.
Por otra parte, ciertos negociadores de oficio han creído que presionando duro desde el principio, arrinconarían a los rectores novicios y los obligarían a “acordar” con sus partidos la Fiscalía de Cedulación, la Secretaría General del CNE, la Consultoría Jurídica y las direcciones de Informática, de Registro Electoral y de Partidos Políticos. Componedores buscando sus tajadas burocráticas, pero presentándose como los salvadores de la Patria.
4. NUESTROS RECLAMOS Y PRIORIDADES COMO VOTANTES
Bajo este acoso inicial, los rectores del CNE no deben perder de vista que millones de votantes, plenamente conscientes de nuestros derechos y deseosos de ejercerlos, entre ellos el de elegir al Presidente de Venezuela, reclamamos que los procesos comiciales estén rodeados de garantías para que la voluntad colectiva sea respetada y prevalezca un dictamen que favorezca a las mayorías, sin dudas ni vacíos que puedan manchar los resultados y abrir brechas a conflictos sociales y políticos perjudiciales para el país.
No es verdad, en modo alguno, que la capitalización que ciertos factores, entre ellos los aquí señalados, pretenden hacer de peticiones de la ciudadanía, les quiten valor a esas demandas.
El momento histórico reclama al CNE que rinda buenas cuentas en relación a las siguientes exigencias:
– Deben ejercer autoridad y demostrar eficiencia para prever, evitar y sancionar el mal uso y abuso de los recursos públicos en la campaña presidencial, no sólo de parte del Ejecutivo Nacional, sino también de poderes regionales y municipales interesados en “hacer méritos” políticos;
– Deben garantizar acceso a los medios de comunicación del Estado para todos los candidatos presidenciales y para las fuerzas que los postulan;
– Deben promover un trato equitativo de los medios privados de comunicación hacia todos los candidatos presidenciales y las fuerzas que los postulan;
– Deben ejercer firme autoridad para garantizar respeto entre los contendientes, en especial en el lenguaje de campaña utilizado, sin excepción alguna;
– Deben promover todas las auditorías posibles al sistema electoral, en especial el establecimiento de mecanismos de verificación inmediata de los resultados, como el cotejar las boletas o papeletas de votación, en su totalidad, o en la más alta proporción posible, con la lectura de las máquinas de votación.
Evadir la instrumentación de esas medidas sería, por omisión, incubar un conflicto de proporciones y consecuencias dañinas para la sociedad venezolana. Sería una gran irresponsabilidad histórica.
Igualmente, desde otro ángulo, dar pábulo a la posibilidad del voto manual, creando falsas expectativas sobre esta materia, es una equivocación en la que no debe incurrir la oposición seria. Eso sería promover desviaciones sin sentido, sólo admisibles para quienes pretenden sustituir su falta de apoyo popular con maniobras en las mesas y con la falsificación de la realidad.