Criminología Esotérica

La población está desesperada. Esto no es nuevo, tiene décadas sumida en la desesperación como consecuencia de la omnipresente criminalidad. Durante estas décadas de desbordamiento criminal… ¿Han los gobiernos, los parlamentos, los fiscales o los jueces, puesto en práctica alguna medida nueva, diferente, ó creativa, para aliviar la angustia de los ciudadanos? Me respondo: No, siempre han hecho -y siguen haciendo- lo mismo: operativos, operativos y operativos. Nunca los «operativos» han resuelto nada, pero los siguen usando una y otra vez. El último ha sido bautizado «Cero Tolerancia» y se comenzó a implementar -cómo siempre- sólo en Caracas; cómo si el resto de Venezuela no estuviese sufriendo de los mismos males que la capital. Cada vez que los medios de comunicación social comienzan a difundir la angustia creciente, aparecen «criminólogos» para exponer diversas teorías y definir el «entorno» productor del delito, que lo que hace es desmoralizar aún más a la población y a las autoridades; porque invariablemente nos dicen que tendríamos que reconstruir toda nuestra sociedad para hallar sosiego. No provoca sino decirles. ¡Some of you, are just full of it… ! El gobierno a través de su Ministerio de Educación debería más bien exigirle a las universidades públicas, que engullen cada año millardos y millardos del dinero de todos, ponerse a trabajar en la búsqueda de las causas del delito. [A lo mejor se niegan, porque ahora son autónomas e inviolables]. Eso sí, cada palabra que produzcan debería estar sustentada en cifras extraídas de la realidad venezolana; prohibiéndoseles específicamente citar experiencias o hallazgos sociológicos o estadísticos de otras culturas, naciones o países; para ver si por primera vez sabemos que es lo que está pasando en Venezuela. No deberíamos solicitarle opiniones a los tradicionales y muy respetables «gurús» criminológicos que existen en nuestro país. Lo que deberíamos exigirles son pruebas científicas sustentadas en cifras venezolanas. Si un alemán, polaco, japonés o gringo, encuentra que «el 10% de los criminales violentos estudiados tenía menos células cerebrales en su lóbulo frontal que el resto de la población»; pues esto debería mandar en veloz carrera a nuestros científicos a El Rodeo, Tocuyito, Tocorón y El Dorado, para que comprueben si nuestros criminales presentan similares características. Debería prohibírseles igualmente seguir realizando investigaciones puramente bibliográficas, conducidas desde despachos de «profesores titulares» dotados de aire acondicionado, y que en nada contribuyen a buscarle solución a los problemas delictivos de Venezuela. Mientras nuestra intelligentsia académica deja de hacer huelgas para pedir mejoras salariales y produce ¡Por fin! Las respuestas a las causas del delito en Venezuela -cosa que sin duda tomará décadas-; las autoridades ejecutivas, fiscales, legislativas y judiciales, deberían dedicarse a atender la realidad delictual del país. Si durante décadas las policías, los gobiernos, los legisladores, los fiscales y los jueces del país han estado haciendo lo mismo para combatir el delito, y esto no ha funcionado… ¿Porqué demonios les permitimos que lo sigan haciendo?. ¡Deberíamos prohibírselo tajantemente !. ¿Es que nadie en este país tiene nuevas ideas?. La realidad delictual venezolana está muy alejada del contenido de los bien intencionados pensamientos y análisis expuestos por algunos criminólogos, sociólogos, políticos y jefes policiales. Tampoco aparece descrita en ninguna de las series y películas policíacas producidas por Hollywood, que no pocos toman como espejos de la realidad (quizás, la de otros países, pero definitivamente, no la nuestra). He aquí una pequeña muestra: El «Jefe» regentaba un negocio legítimo -y rentable- en el barrio, pero cada tres o cuatro meses viajaba a Colombia y compraba -por ejemplo- 15 kilos de cocaína. No los traía consigo. Estos le eran despachados a posteriori en San Cristóbal, Barquisimeto, Valencia, u otro lugar del país, donde eran recibidos por un «empleado de confianza» del Jefe; quien se encargaba única y exclusivamente de recibir y guardar el cargamento. El Jefe mandaba a otro «empleado de confianza» a retirar la mercancía y trasladarla hasta El Valle -urbanización-barrio de Caracas, donde era fraccionada en pequeñas porciones de un cuarto y medio kilo, que eran entregadas a un igual número de otros «empleados» llamados caletas, que no consumían, ni vendían; sólo recibían un pago por ocultar la droga. Cuando los jíbaros [vendedores de droga al detal], necesitaban abastecer a sus clientes, no iban ellos mismos a las caletas, sino que mandaban a un mensajero menor de edad, para que retirase la porción, la dividiese en dosis de diferentes tamaños y la ocultase en diferentes lugares de calles, avenidas, locales públicos, etc. Cuando el jíbaro recibía el dinero del «cliente» [el consumidor], simplemente le indicaba a donde encontraría la porción que acababa de comprar. Si la policía arrestaba al menor de edad, muy pronto saldría en libertad gracias a la Ley Tutelar del Menor. Y si la policía apresaba al cliente con la droga, no podía culpar al jíbaro, ya que éste nunca había tenido la droga en sus manos, y no pueden detenerlo por tener en sus bolsillos dinero de curso legal. Cuando algún miembro de la organización criminal «caía preso», el jefe no sólo financiaba su defensa contratando los abogados necesarios, sino que se encargaba de su familia haciéndole llegar mercados, medicinas y dinero, hasta que el delincuente saliese en libertad. Cuando algún miembro, cometía una «falta» [se convertía en delator, ó se «pasaba de vivo» tomándose para sí porciones de droga o dinero, diferentes a las establecidas por el jefe]; era «sancionado». ¿No les suena familiar la expresión… «ajuste de cuentas»…? El grupo «disciplinario» estaba constituido por menores de edad que eran en realidad sicarios profesionales. Estos sicarios -sin chistar- lesionaban o asesinaban a quienquiera que el jefe señalase como merecedor del castigo. Los menores nunca portaban las armas de fuego. Estas eran mantenidas por otros «caletas» que recibían un pago por únicamente ocultar las armas; y eran entregadas a los menores cuando existía la necesidad de una «acción disciplinaria». Este grupo de sicarios, protegidos en principio por la Ley Tutelar del Menor, recibía además la asistencia descrita arriba para los familiares de los miembros de la banda que caían en manos de la policía. Cómo podemos ver, se necesita un equipo de investigadores -quienes corriendo enormes riesgos personales- deben trabajar durante largo tiempo para poder identificar a todos los miembros de una organización criminal como la descrita, y documentar sus modus operandi. Casi todos los delitos, como el hurto y robo de vehículos; los robos en residencias; los asaltos a camiones por «piratas de carretera», la compra-venta de armas de fuego ilegales, y especialmente los atracos a bancos y joyerías, son llevados a cabo por organizaciones delictivas como la descrita. No perdamos de vista, que lo expuesto describe a una «sociedad» dispensadora de: (a) Entrenamiento, (b) Remuneración fija, (c) Autoestima, (d) Reglas claras, (e) «Seguridad social» y (d) Un sistema de «justicia» y de penalización que no permite la impunidad. ¿Qué pueden hacer los operativos contra este tipo de criminalidad? Pues nada, solo provocarles carcajadas a los delincuentes. ¿Cómo podemos enfrentar a estos hábiles y nada tontos delincuentes? ¡Pues con ingenio !. Si los delincuentes son capaces de estudiar hasta conocer los procedimientos policiales y las normas legales, para después adaptar su comportamiento a fin de no ser detectados o capturados; la sociedad honesta -y especialmente los funcionarios públicos encargados de defendernos del delito, es decir, legisladores, jueces, fiscales y policías, deberían hacer lo mismo y adecuar leyes y procedimientos al comportamiento delictivo observado para poder tener éxito. ¿Cómo podemos reducir el delito con alcabalas y «puntos de control» de la época de María Castaña y con «operativos» anunciados con vistosos uniformes y ululantes sirenas? Por más que nuestros policías se imaginen a sí mismos como especies de Sheriffs o Marshalls caminando por la calle principal del pueblo, al mediodía en punto esperando que al otro extremo aparezca un delincuente y lo rete a sacar su pistola, ningún delincuente aparecerá. Los llamados «enfrentamientos» que son reseñados diariamente por los medios, sólo existen en las mentes de policías «románticos» saturados de westerns y series policíacas hollywoodenses. Los mal llamados «enfrentamientos» son en realidad disparos hechos por delincuentes acorralados luego de persecuciones a balazos por parte de nuestros policías. El delito sólo podrá ser reducido cuando nuestras instituciones (legislaturas, juzgados, fiscalía del ministerio público y policías) se profesionalicen, y dediquen la mayor parte de su tiempo a la pesquisa, a la investigación, a la inteligencia policial, y a plasmar en actas policiales las pruebas que necesitan los jueces -y ahora los jurados- para dictar sentencias condenatorias. El mayor catalizador, el más poderoso multiplicador del delito, es la impunidad, producida porque numerosísimas personas violan abundantes normas todos los días y no reciben las sanciones que las leyes establecen por hacerlo; y no reciben las sanciones en una gran medida, porque los policías son deficientes en comprobar el cuerpo del delito [que no es el cadáver, ni el puñal ensangrentado; sino los extremos legales establecidos taxativamente en cada uno de los artículos que definen las diferentes faltas y delitos]. También son deficientes en comprobar que el señalado por la policía, realmente perpetró el delito que se le imputa. Todos nos escandalizamos por las enormes cifras de homicidios de fin de semana, pero sin duda quedaríamos horrorizados cuando nos informen cuantos de esos homicidios han sido resueltos por las investigaciones policiales. Los periodistas que cubren las fuentes de sucesos, no deberían sentirse satisfechos cuando las fuentes policiales o las medicaturas forenses, les suministran los detalles de los homicidios perpetrados; deberían preguntarle a esos voceros, cual es el estado de las investigaciones de los homicidios -y otros delitos- conocidos la semana, o el día anterior. Así empezarían a darse cuenta, que no es el COPP ni la eliminación de la Ley Sobre Vagos y Maleantes…. son nuestras instituciones, nuestros jueces, nuestros fiscales, nuestros policías, y nuestros legisladores, los que no funcionan. Tampoco funcionan nuestros «criminólogos», ninguno de los cuales tiene una teoría o concepto de su propio pensamiento, todo lo han leído en alguna parte; y pretenden aparentar erudición atosigándonos con citas y clichés. Algunos todavía citan a Césare Lombroso.