Conversatorio con Universitarios
Un calificado grupo de profesores universitarios convocados por Antonio Ledezma para intercambiar opiniones y sobre todo oír la visión y proposiciones que tienen y conciben diferentes docentes e investigadores de las principales universidades del país, se reunió recientemente en un contexto y ejercicio profundamente democráticos, del que se extrajeron importantes conclusiones para enfrentar una transición de un régimen autocrático a uno democrático.
Teniendo como premisa esencial la relación de diálogo y consulta que debe establecerse entre los diversos componentes de las universidades y el Estado democrático, se desprende de las muchas intervenciones de especialistas en la materia, que puede comenzar a abordarse el modelo de educación que se requiere para impulsar un desarrollo sostenible que saque al país de la grave crisis económica, social, política y moral que atraviesa, y garantice un futuro de bienestar a las nuevas generaciones.
Para lograr esto último es necesario concebir como política de Estado la educación como el factor determinante para transformar la sociedad atrasada, corrupta y violenta que tenemos, en una próspera, de hombres y mujeres honestos respetuosos del Estado de Derecho; en una sociedad del conocimiento y competitiva para tener éxito en un mundo globalizado.
El estado democrático tiene que invertir un alto porcentaje del PIB en educación, que permita dignificar la función del docente: del maestro y del profesor de educación media y universitaria, elevando su autoestima y sus sueldos al nivel de los mejores pagados del continente y del mundo. Dotación de una infraestructura física adecuada especialmente para la educación, con laboratorios y bibliotecas actualizados en lo científico, tecnológico y humanístico.
El estado democrático debe garantizar la autonomía de las universidades, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución Nacional y como estímulo y garantía a la discusión crítica de todas las corrientes del pensamiento humano.
Para que se produzca una transición segura del triunfo de la democracia, la educación debe ser concebida como una prioridad desde el preescolar hasta la universidad. La experiencia mundial, incluso de países muy cercanos a nosotros, como Brasil y Chile han superado algunos de los más graves problemas del desempleo y la violencia mediante programas especiales de educación. Ciudades violentas como Río de Janeiro, Bogotá y Medellín, para citar algunas entre las más conocidas por los altos índices de criminalidad, han sido convertidas en metrópolis seguras para la convivencia humana.
Tomando en cuenta que los presupuestos asignados a las universidades y a la educación en general tienen que ser de los más elevados del país, algunos de los asistentes propusieron la necesidad de que las universidades inviertan parte de sus respectivos presupuestos en la producción de patentes para el mercado nacional e internacional, para financiar algunos de sus gastos generales.
Y ante el fraude cometido por algunas universidades y misiones creadas por el gobierno actual, contra los egresados de las mismas, que no han adquirido los conocimientos y destrezas requeridas para triunfar en una sociedad competitiva, en un mundo globalizado en el que predominan altas calificaciones profesionales, el estado democrático debe garantizarles la realización de estudios actualizados, para su nivelación y éxito en el ejercicio de sus profesiones.
Y para hacer de nuestra educación un factor determinante para alcanzar objetivos de desarrollo sustentable también es requerimiento ineludible pasar de la masificación a una educación de calidad, lo que a su vez exige una altísima preparación del docente a todos los niveles. De allí que debe facilitárseles estudios de actualización, maestrías y doctorados en sus especializaciones.
En síntesis, el conversatorio con los universitarios convocado por Antonio Ledezma, demostró que el diálogo con, y la participación de, los docentes, investigadores y creadores de conocimientos, será la relación fructífera y el mecanismo que un Jefe de Estado, consciente del valor de la educación, deberá establecer de una manera permanente con las altas casas de estudio.
