Contra el debido proceso
En la reforma constitucional de 2007 se propuso eliminar el derecho al debido proceso durante el estado de excepción. Esta abrogación habría significado una regresión a los tiempos del sistema inquisitivo que conduciría a juicios injustos. La razón es clara: el debido proceso incluye a muchos de los derechos humanos y afecta a todos los otros. El derecho a un debido proceso es un derecho humano universal, indivisible, progresivo, irrenunciable, indestructible, interdependiente e igual a todos los otros derechos humanos.
El debido proceso es universal, dado que toda persona tiene derecho a ser procesada penalmente con todas las garantías y mediante normas justas, reglados mediante una ley previa que garantice sus otros derechos humanos.
El derecho a un debido proceso es indivisible, es decir, no puede ser escindido en partes ni separado del sistema de los derechos humanos. El proceso penal no puede ser alterado, mutilado, aplicado por pedazos o por capítulos. La Constitución de 1999 y el COPP lo han desarrollado y reproducen los tratados internacionales en DDHH y de Derecho Humanitario. Incluso en la guerra persiste el debido proceso.
Es progresivo. No es admisible retroceso en sus normas, su alcance, sus principios ni sus etapas. Cualquier regresión en materia procesal penal es una gravísima violación del debido proceso, que pone en peligro a derechos tan básicos como la vida, la integridad personal, la libertad y la dignidad humanas, entre otros.
La interdependencia e igualdad del debido proceso con los otros derechos humanos es obvia: aun cuando la vida es el derecho más básico, del cual dependen todos los demás derechos humanos, ¿Cómo defender la vida, la presunción de inocencia, el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa sin un proceso debido?, ¿sin un proceso justo?, ¿sin una sentencia justa?,¿qué pasará con las víctimas?
De eliminarse el debido proceso bajo el estado de excepción, todos los derechos de la persona humana podrán ser violados de forma impune e irreversible. Ello sería una abrogación del Estado de Derecho y de justicia.
