Comandante: ¡Defienda la Constitución!
La campaña de hostigamiento que el Gobierno del teniente coronel Chávez Frías adelanta contra el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice-Libertad), es producto del éxito obtenido por el programa de difusión “Por un País de Propietarios” en la defensa y promoción del derecho a ser propietarios que tienen todos los venezolanos. Este es un valor consagrado en al artículo 115 de la Constitución Nacional y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrita por Venezuela en 1948. El comandante y su lugarteniente Diosdado Cabello atacan a una pequeña asociación civil por defender la Constitución Nacional, cosa que ellos no hacen.
Desde su fundación en 1984, Cedice ha promovido con entusiasmo las ideas relacionadas con la propiedad privada, la libre iniciativa, así como todos los principios que imperan en las sociedades abiertas, donde existe la democracia en el plano político y el libre mercado en el ámbito económico. Esta labor la han adelantado empresarios, profesionales e intelectuales, convencidos de que para superar la pobreza y alcanzar el bienestar que han logrado muchas naciones del mundo, Venezuela necesita desterrar esas prácticas intervencionistas y dirigistas que colocan en manos de la burocracia estatal, decisiones que deben ser tomadas por empresarios y trabajadores ligados directamente con el proceso productivo.
Desde que Hugo Chávez asumió el Gobierno, observamos cómo han ido aumentando continuamente las regulaciones y controles por parte del Estado sobre la iniciativa privada. El socialismo del siglo XXI, modelo de organización socioeconómico que el primer mandatario le propone al país violando abiertamente los principios constitucionales, se ha transformado en un esquema para acosar y reducir a su mínima expresión la propiedad privada, mientras que, simultáneamente, coloca todo el énfasis en la propiedad colectiva y la propiedad estatal.
Esta visión colectivista de la economía y de la propiedad inspiró el proyecto de reforma constitucional que fue rechazado categóricamente por el pueblo en el referendo del 2 de diciembre de 2007. Sin embargo, el primer mandatario, desconociendo el mandato popular, reintrodujo ese patrón colectivista en la mayoría de los 26 decretos con rango, valor y fuerza de ley de la Habilitante, sancionados a mediados de 2008. Posteriormente, el Ejecutivo Nacional propuso dos instrumentos jurídicos que atentan contra la propiedad privada: la Ley de Propiedad Social y la Reforma a la Tenencia de la Tierra de los Asientos Urbanos Populares. El Gobierno, por lo tanto, ha ido construyendo un andamiaje jurídico -la legislación socialista- que asfixia la propiedad privada.
Los ataques no se limitan a la arquitectura legal. También se han llevado acciones concretas que atentan contra la propiedad privada. Durante los años recientes son comunes las invasiones de tierras y fincas, las confiscaciones, la toma ilegal de fábricas en pleno funcionamiento, la invasión de inmuebles urbanos, las expropiaciones de empresas exitosas. Las amenazas han sido continuas y en aumento. Se reestatizaron empresas como SIDOR y la CANTV, que en manos privadas generaban ganancias y cancelaban impuestos al Fisco Nacional. Ahora ambas arrojan saldos negativos. La Electricidad de Caracas, que durante un siglo generó altos beneficios a sus propietarios y a los millones de usuarios que atendía, ahora por primera vez en su historia produce pérdidas.
El asedio a la propiedad privada ha perjudicado a modestos empresarios y, de forma especialmente severa, a trabajadores y microempresarios que han visto cómo se evaporan años de esfuerzo individual y familiar. Ahora, en las empresas estatizadas los trabajadores han idos perdiendo derechos históricos de la clase obrera: la libertad sindical, el derecho a la contratación colectiva y el derecho a huelga.
Frente a este cuadro tan grave, Cedice, en ejercicio de la autoridad que le conceden 25 años en la lucha por la defensa de la propiedad privada, decidió emprender la defensa pública de ese valor esencial de las sociedades libres. Decidió asumir la defensa del artículo 115 de la Constitucional Nacional, en vista de que el Gobierno y la Asamblea Nacional han montado un dispositivo para liquidarlo en los hechos. En esta campaña se ha contado con el apoyo desinteresado de creativos y de medios impresos y televisivos que han comprendido la importancia de ocuparse del resguardo de ese valor esencial.
Los venezolanos respaldan en su inmensa mayoría la propiedad privada. Lo que hace Cedice Libertad es interpretar ese sentimiento, reconocido como valor inalienable de las sociedades libres.
Por asumir con valentía la defensa de este principio esencial de la democracia, Hugo Chávez, a través de Diosdado Cabello, pretende sancionar a Cedice y a los medios de comunicación que han participado en la campaña. Con este fin utiliza el cínico argumento de que esa publicidad crea un clima de incertidumbre que propicia la violencia. En realidad, quienes siembran el temor y la angustia entre todos los venezolanos son el Gobierno y la Asamblea Nacional, que han diseñado la arquitectura socialista y han llevado a cabo acciones -muchas violentas- contra legítimos propietarios.
Chávez y Cabello deberían ocuparse de defender la Constitución e impedir que VTV sea esa maquinaria de odio que vemos a diario.
