Chino: pulverizándose a sí mismo

Un colapso que ya está significando un severo racionamiento de energía que paraliza industrias y comercios, congela hogares y servicios, augurando que, tal ocurrió en Cuba y otros países socialistas, Venezuela comience a sufrir los déficits crónicos de un sistema que solo promueve hambrunas, desigualdad, injusticias y miserias.

Eso sí, menos para los cuerpos policiales, los organismos del terror y los aparatos colaterales que se prestan al sometimiento y la opresión de los ciudadanos, léase, Tribunal Supremo de Justicia, Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo, Contraloría y Asamblea Nacional.

Un detalle que resulta imposible de entender por los totalitarios de cualquier pelaje, es que al pulverizar el estado de derecho, se pulverizan a sí mismos. Y no nos referimos, exclusivamente, al rechazo de la comunidad democrática internacional que lenta, pero implacablemente va cercándolos, sino también al hecho de que, al decretar el fin de la constitución y las leyes y convertirlas en la expresión de su voluntad, el dictador cae en un estado de vulnerabilidad e indefensión absolutas. O sea, en la situación “del temido por todos, pero que teme a todos” de que hablaba el novelista italiano, Alberto Moravia, que solo en casos excepcionales puede aspirar a la longevidad y a morir en su cama. Y la razón estriba en que el poder del UNO es el poder del CAOS, en el sentido de que, sin institucionalidad, solo sobreviven fuerzas ciegas que avanzan o retroceden en un proceso de yuxtaposición, neutralización y anulación de unas por otras.

En otras palabras: que la situación ideal para que impere el terror policíaco, el reino de los funcionarios que pinchan teléfonos, no le pierden pasos a opositores, asaltan viviendas, toman oficinas, controlan sitios de trabajo y actos públicos y no se les agua el guarapo a la hora de inventar expedientes como el que acaba de hacerle el director del CICPC, Wilmer Flores Trocel al diputado, Wilmer Azuaje, dice el diputado, Ismael García, que por “instrucciones del ministro del Interior y Justicia e insigne montaollas, Tarek El Aisami”.

Y la pregunta es: ¿Y quién le hará los expedientes y le montará las ollas a Flores Trocel primero, a Tarek El Aisami después, y luego al que está detrás de Tarek El Aisami, y así hasta el Único, hasta llegar al Solo, al Comandante en Jefe?

Porque de algo hay estar seguros: alguien vigila a Flores Trocel, a Tarek El Aisami, y al Comandante en Jefe, como a usted y a mi, alguien que está pendiente de tener los datos para determinar si nos comportamos de acuerdo a los dictados y merecemos estar o no en libertad.

Pero eso durante el tiempo que la revolución tarde en imponer su ideología, en lograr que, a través de un adoctrinamiento feroz y que empieza casi el mismo día en que se nace, los hombres reciban “la verdad revelada” que les tatúa en la mente, desde la manera de pensar y actuar, hasta la guía de los amigos y enemigos que hay que tener y el trato que debe dárseles en las más disímiles circunstancias, pasando por mandamientos de qué es lo que se debe vestir, comer y beber.

Y para eso también existe un control, una vigilancia, una policía, un ministerio, que en la España medioeval se llamaba la Inquisición, y en la URSS, China comunista, Corea del Norte y Cuba departamentos específicos de las poderosas organizaciones policiales que, a fin de cuentas, eran las que determinaban el rumbo y las tendencias de la revolución.

De ahí que no es exagerado afirmar que en los sistemas totalitarios, sean de derecha o de izquierda, nazis o comunistas, la historia termina siendo la de los cuerpos policiales, la de los departamentos del terror que cuidan, tanto el cumplimiento de las órdenes que vienen de arriba, como de los dogmas que configuran el comportamiento holístico de la sociedad.

Objetivo supremo que se logra trazando la ruta que cada día es más ostensible en Venezuela, y según los cual, el caos debe seguir a la subversión del conjunto de la estructura institucional para servir de engaste al poder que emana del que, para imponer sus órdenes, necesita que nada se le interponga, que ni si siquiera el más leve remedo de institucionalidad se mantenga en pie.

Y para ello es necesario “poderes públicos” cuyo rol más importante es proclamar que no existen, que son efímeros y sus decisiones durarán hasta que llegue la orden en contrario, como puede verse cada vez que se pronuncian sobre casos cuya complejidad pueden ameritar evaluaciones inestables y cambiantes.

Otra vez volvemos al caso de Wilmer Azuaje, un diputado que se presenta a una oficina del CICPC a solicitar le sea devuelto un carro que le había sido robado a su mamá y se le avisó había aparecido. El carro al final no aparece, pero el diputado es detenido, llevado en horas a una reunión de la Sala Plena del TSJ que lo encuentra culpable de un delito en flagrancia y lo envía a la Asamblea Nacional con el exhorto de que se le suspenda la inmunidad, anule la envestidura parlamentaria y sea juzgado por un tribunal ordinario.

Y aquí queremos concluir con el que es, sin duda, al meollo del asunto, y es que, Azuaje, un crítico feroz del presidente y su familia, fue objeto de un montaje que comenzó con el robo de la camioneta de su mamá, después con el aviso de que había aparecido y donde debía reclamarla, pero solo para provocarlo y aprovechar la oportunidad de esposarlo, encarcelarlo y quitarle su inmunidad e investidura de diputado.

Y la pregunta es: ¿Cuántas horas-hombres de trabajo se despilfarraron en el montaje y continuidad del caso, cuántas más para su conclusión y comienzo de los que se derivarán de los mismos?

¿Cuántos cientos de miles de millones de bolívares en la movilización de policías, jueces, abogados, magistrados, parlamentarios y periodistas que deben estar atentos para que se cumplan sin plazos estas decisiones del que “es temido por todos, y teme a todos»?

Inmensos recursos cuyo faltante se agrava al notar que día a día se matan y agreden presos en las cárceles por los retardos procesales, y la inseguridad personal en Venezuela llega a niveles de las de Irak y Afganistán, ya que no hay policías, ni equipos, ni políticas para combatir la avalancha del crímenes que desde hace 11 años le escalda la piel y el alma a los venezolanos.

Pero hay más, mucho más: precisamente horas antes de constituir el derecho a disentir en un delito -como se demostró en los casos del exgobernador del Zulia y excandidato presidencial, Oswaldo Álvarez Paz, del empresario y presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, y el diputado, Wilmer Azuaje- Chávez había decretado un asueto o vacaciones forzadas de 10 días, pues el país sufre una severa crisis de energía producto de que el abandono en la represa de Guri y de las inversiones en el sistema eléctrico, podrían conducir a que Venezuela prácticamente se quede sin luz en mayo próximo.

Un colapso que ya está significando un severo racionamiento de energía que paraliza industrias y comercios, congela hogares y servicios, augurando que, tal ocurrió en Cuba y otros países socialistas, Venezuela comience a sufrir los déficits crónicos de un sistema que solo promueve hambrunas, desigualdad, injusticias y miserias.

Eso sí, menos para los cuerpos policiales, los organismos del terror y los aparatos colaterales que se prestan al sometimiento y la opresión de los ciudadanos, léase, Tribunal Supremo de Justicia, Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo, Contraloría y Asamblea Nacional.

Para terminar con un ejemplo: hace solo un mes que los magistrados del TSJ se aumentaron las jubilaciones a 40 mil bolívares fuertes mensuales (20 mil dólares a dólar a 2,20 Bs y 10 mil a dólar a 4,60 Bs).