Chavismo decreta territorios liberados
El chavismo le cogió el gustico al decreto de Carlos Andrés Pérez de 1992 que estableció una zona de seguridad alrededor del Palacio de Miraflores, y que desempolvó Chávez el 11 de julio de 2002, para impedir que la marcha convocada por la Coordinadora Democrática, la CTV y otras organizaciones de la sociedad civil, se acercase al Comando Político de la Revolución que ahora funciona allí.
Si recordamos que ese mismo 11 de julio, construyeron alrededor del Palacio de Miraflores, una cerca metálica de cuatro metros de altura, rematada en su borde superior por una alambrada de púas electrificada; y que desde el 11 de abril de 2002, los chavistas instalaron una alcabala revolucionaria en Puente Llaguno, que controla quien se puede acercar y quien nó al Palacio de Miraflores; por favor no se rían cuando les digo, que debido a la mentalidad guerrillera del chavismo, esto no es más que el establecimiento de un «territorio liberado» al cual no tendrá acceso, sin pérdidas humanas y materiales -y mucha sangre- cualquier elemento de la «contra-revolución».
Váyanse preparando, porque claramente, el chavismo se atrincherará allí -y se negará a entregar el poder- cuando cualquiera de las opociones que hoy están en el tapete para sacar a Chávez de Miraflores, entre en efecto (una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, una reforma constitucional, o un referéndum consultivo, por ejemplo).
Pero antes de seguir, los demócratas deben saber, que eso no será ningún problema para salir de Chávez.
Porque aunque la mentalidad medieval del chavismo lo lleve a creer que el poder está en los ladrillos y túneles del Palacio de Miraflores, mediante los apropiados mecanismo jurídicos, -en caso de que el chavismo se atrinchere en su «territorio liberado»- la legítima autoridad que reemplace a Chávez, puede decretar como sede del Poder Ejecutivo Nacional, al Eurobilding, al Centro Comercial Sambil o a cualquier otro lugar de Caracas o del interior del país, dejándo a los chavistas -con sus crespos hechos- esperando un «asalto al palacio» para producir «La Masacre de Miraflores II».
Mientras el legítimo gobierno, se dedique a recuperar la institucionalidad democrática y la economía del país, a los irredentos chavistas que se queden atrincherados en Mirarflores, se les tratará como lo que son: seres medievales, sitiando el palacio para impedir que nadie salga o entre a él, mientras se le cortan todos los servicios públicos y se interfieren por medios electrónicos, sus comunicaciones satelitales y celulares, hasta que -muertos de hambre y de sed- pidan cacao y se entreguen mansitos a las comisiones del CICPC (antes PTJ) que los conducirá esposados, a donde deberían estar hace tiempo: tras las rejas.
Las zonas de seguridad no pueden impedir el derecho constitucional a manifestar.
Los más recientes decretos chavistas (19 de septiembre de 2002) que crean zonas de seguridad alrededor de las instalaciones militares con asiento en Caracas, Venezolana de Televisión y Radio Nacional, están ILEGALMENTE basados en la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa (Gaceta Oficial Nro. 1.899 del 26 de agosto de 1976), que tiene sólamente un reglamento que no se refiere para nada a las zonas de seguridad, sino que se promulgó para crear el Servicio de Defensa Civil.
Las zonas de seguridad que preve esa ley orgánica en sus artículos 15 al 19, están destinadas EXCLUSIVAMENTE a regular las actividades y la adquisición de propiedades inmuebles -en esas zonas de seguridad- por parte de personas de nacionalidad extranjera.
En ningún caso esa ley orgánica, faculta al Poder Ejecutivo, para limitar o reglamentar el ejercicio del derecho constitucional que tienen todos los venezolanos a manifestar libremente su pensamiento «mediante cualquier forma de expresión» (una marcha de protesta, por ejemplo) como lo establece claramente el artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y más específicamente, el artículo 68 de esa misma constitución, que establece muy diáfanamente, que «Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley.»
Ningún decreto presidencial puede modificar esos derechos ciudadanos, porque además de violar la Constitución, materializaría un abuso de poder y la usurpación de funciones de otro poder público -independiente y autónomo- como lo es la Asamblea Nacional, que es la única autoridad de Venezuela facultada constitucionalmente para elaborar LEYES (no reglamentos ó decretos) que determinanen las formas de ejercer -y las limitaciones al ese ejercicio- de los derechos constitucionales de los ciudadanos -sin alterar el espíritu, propósito y razón, del texto constitucional.
En consecuencia, las prohibiciones de manifestar decretadas por el chavismo, en los alrededores de La Carlota y Pdvsa-Chuao, son simple y puro totalitarismo; violatorias además, de la Carta Democrática Interamericana.
La embajada de USA -en vista de su reciente pronunciamiento público- puede ahora (como claramente lo advirtió), decididir no otorgarle más visas a los chavistas responsables de esos atropellos a la democracia, para que no visiten Disney World, o para que Chávez no vaya más a la OEA o a la ONU a hablar sandeces.
Las demás embajadas de países americanos con asiento en Caracas -ante el compromiso internacional que contrajeron sus gobiernos al firmar la Carta Democrática Interamericana, deberían hacer los mismo, declarando persona non grata a los chavistas responsables de los mencionados atropellos a los derechos humanos y al respeto a la independencia y autonomía de los poderes públicos. Especialmente Brasil, para que los chavistas no puedan asistir más a malponer a nuestrto país en el Foro de Sao Paulo o el Foro Social Mundial ?que es coordinado desde su territorio.
No los estarían asfixiando, porque seguramente, Fidel Castro les extederá a todos esos chavistas, visas diplomáticas para que vayan a Varadero a tomar cubalibres.
Los diputados demócratas tienen la INMEDIATA OBLIGACION de protestar sonoramente y acudir ante el Tribunal Supremo de Justicia, a denunciar la usurpación de sus facultades legislativas y la violación a la reserva legal, por parte del poder ejectuivo, y exigir el inmediato reestablecimiento del estado de derecho.
