¿Camino al infierno?
Cuando se ha iniciado un proceso de negociaciones entre gobierno y oposición, con el valioso aporte facilitador del secretario general de la OEA, a fin de procurar alcanzar una salida estable y duradera a la grave crisis de gobernabilidad que afecta al país, sería lógico pensar que estaría en el interés del oficialismo asumir un comportamiento cónsono con el ambiente de paz y sosiego que se requiere para que tales iniciativas prosperen y se puedan conseguir acuerdos significativos en ese campo.
Sin embargo, no es así. Si algo ha caracterizado al régimen desde sus comienzos ha sido su permanente apego a la violencia de cualquier género. A las agresiones verbales que tanta afición y entusiasmo despiertan en el presidente de la República, le suceden cotidianamente las actuaciones públicas nada pacíficas de los llamados “círculos chavistas” que no se caracterizan precisamente por su mansedumbre, como lo demostraron recientemente cuando trataron de impedir la consignación de las firmas ante el CNE de los más de dos millones de compatriotas que reclaman la celebración de un referendo consultivo. Y ahora, para completar el cuadro de violencia que puede conducir al fracaso de las negociaciones emprendidas, el gobierno ordena la intervención de la Policía Metropolitana en una acción ilegal sin precedentes que le está mostrando al país, sin afeites ni maquillajes de ninguna clase, que el jefe del Estado está dispuesto a consolidar su régimen autocrático, militarista y populista, bien alejado de las normas y principios democráticos bajo los cuales fue elegido conforme a un proceso comicial que cada vez más luce distante y remoto.
Adicionalmente, como para no perder la costumbre, los medios de comunicación tendrían que recibir lo suyo por parte de la mal llamada “revolución bolivariana” y así, esta vez, le correspondió a Globovisión, como tantas otras veces, su dosis de agresividad materializada en una bomba incendiaria que puso en serio peligro las instalaciones de la planta y que dañó irreparablemente algunas de sus pertenencias. Por supuesto, a tiempo de fijar responsabilidades, nadie aparece y no se descarta que, desde fuentes oficiales, se apoye la tesis increíble del autoatentado.
Podrían citarse otros hechos, como lo ocurrido estos mismos días en vías vehiculares de Caracas para disolver manifestaciones pacíficas por parte del Ejército y de la Guardia Nacional con profusión de bombas lacrimógenas y provisión a discreción de perdigones, que traen a la memoria las afirmaciones del primer mandatario, hace ya tiempo, de que no lanzaría las tropas a la calle para enfrentar al soberano.
Lo que es evidente es que en un ambiente como el que se desprende de los acontecimientos señalados, difícilmente pueda progresar un proceso de negociación y acuerdos, tal como lo ha propuesto el secretario general de la OEA con el apoyo del PNUD y del Centro Carter. Por ello, son cada vez más numerosas las voces que, desde la Coordinadora Democrática y de otros sectores organizados de la sociedad civil, se hacen eco de quienes consideran que el paro cívico indefinido es el único expediente hoy a mano para evitar lo que de otra manera luce desgraciadamente inevitable y procurar así, por el contrario, el rescate del sistema democrático y el ejercicio de los derechos y libertades que consagra la Constitución Nacional.
