“Basta de Balas” y pandemia de violencia en Venezuela

Venezuela adolece de una pandemia de violencia. Se trata de un padecimiento extremo y contagioso. La cultura de la muerte avanza sin freno institucional. Los homicidios y otros delitos violentos aumentan de forma brutal. La inseguridad es el primer problema en Venezuela. El miedo a ser víctima de la criminalidad se apoderó de los venezolanos. La razón es objetiva y evidente. En los últimos 15 años el delito ha crecido brutalmente en Venezuela, como nunca se había visto y ni siquiera imaginamos que podría ocurrir. Nuestra sociedad se está enfermando y envileciendo de forma cada vez peor. El derecho humano a la seguridad ciudadana se desvanece entre las manos. La vida no vale nada para los homicidas. Las víctimas crecen y crecen, pero el Estado no se ocupa de ellas. Nadie las indemniza por los daños sufridos. Veamos porqué Venezuela adolece de una pandemia de violencia.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) identificó esta epidemia extrema con toda razón en su informe «Seguridad Ciudadana con rostro humano: Diagnósticos y propuestas para América Latina», en el cual recoge la categoría de epidemia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) según la cual todo país que registre 10 homicidios por cada 100 mil habitantes sufre una epidemia. Se habla de epidemia cuando los enfermos son muchos, y decimos pandemia cuando son demasiados, casi todos o todos los integrantes de una localidad, pueblo o Nación. De tal forma se ha extendido la violencia que casi toda la población está afectada: un familiar, un amigo un vecino o uno mismo tiene siempre un incidente de violencia en su contra. (P*andemia. *(Del gr. πανδημία, reunión del pueblo). *1.* f.* Med.* Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Ver: http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=pandemia )

El Observatorio Venezolano de la Violencia (“OVV”) da una aproximación seria al problema del peor de los delitos: el homicidio, el más violento de los delitos contra las personas y negación absoluta del derecho a la vida.

De 4.550 homicidios en 1998 pasamos en 2013 a una cifra patética de 24.763 muertes violentas, lo cual equivale a 79 muertes por cada 100.000 habitantes. (Ver: http://www.elnuevoherald.com/2014/01/04/1648478/violencia-causa-una-de-10-muertes.html).

5 de las 50 ciudades más violentas del mundo se encuentran en nuestro país (Caracas, Barquisimeto, Ciudad Guayana, Valencia y Maracaibo). En cada familia nuclear hay unos 4 miembros, al menos, por lo que las víctimas de un homicidio son, en primer lugar, el muerto y, de forma directa, sus sobrevivientes. Luego vienen los indirectos: primos, tíos, pariente, vecinos, amigos, compadres, etc. Todos son víctimas, todos entran en duelo por la pérdida. En otras palabras, la epidemia de homicidios en Venezuela es una de las más graves del mundo. Es decir, ya es una pandemia.

El primer síntoma de esta patología social que resalta es el error jurídico, lógico y conceptual de haber dividido los rubros con los cuales se clasifican las estadísticas relativas al homicidio, como por ejemplo, identificar como muerte por enfrentamiento cuando se trata de un homicidio causado por un miembro de una banda a otro contrario; llamar resistencia a la autoridad cuando el victimario es un policía (ojo: ¿cómo es eso que si alguien se resiste a la autoridad, luego aparece muerto? ¿se trata de un homicidio calificado o ejecución extrajudicial?; y otra serie de motivos y sub-clasificaciones de categorías que no aparecen en el Código Penal y que solo enmascaran la realidad: todos son homicidios y así deben ser reflejados en la data social.

En materia de lesiones graves intencionales, por cada persona asesinada entre 3 y 4 resultan heridas gravemente con consecuencias tales como mutilaciones, discapacidades de todo tipo y, sobre todo, las profundas huellas y frustraciones en materia laboral, académica y en el funcionamiento normal para actividades de la vida diaria. Un verdadero desastre de salud pública. En Venezuela se producen más de 30 millones de balas, pero la población es de unos 20 millones de habitantes. ¡Insólito!

La industria del robo, hurtos, secuestros y extorsiones, en fin del despojo de la propiedad y la libertad personal de otros, ha proliferado en cantidades exponenciales y en atributos terribles que indican un gran desprecio por los derechos fundamentales de las víctimas. Todo ello a mano armada con instrumentos de última generación, de costos altísimos y obtenidos de manera ilegal.

Según la misión «A Toda Vida Venezuela», en el 80% de los homicidios las víctimas varones de los sectores más pobres y el 80% de los delitos recaen sobre personas de entre 15 y 44 años. Los victimarios son del mismo grupo socioeconómico: 83 % de los homicidios del país son pobres que matan pobres. Una verdadera tragedia social. La agencia oficial de noticias del estado venezolano (ABN) difundió en 2009 que entre 9 y 15 millones de armas legales e ilícitas (pistolas y revólveres), están en poder de la población civil venezolana, informó el presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional, Juan José Mendoza (ver: http://amnistia.me/profiles/blogs/entre-9-y-15-millones-de-armas )

Al presentar el informe de 2013, Julio César Bermúdez, del comité ejecutivo de Amnistía Internacional en Venezuela, puso énfasis en la ausencia de una “política integral” para combatir la violencia ligada al crimen común, la mayor preocupación de los venezolanos. “El Estado debe adoptar una política que integre a todos los organismos competentes, de lo contrario no se podrá encontrar una solución al problema de la inseguridad ciudadana. Se necesita sobre todo un control de armas de fuego, que se marquen las balas y que se tenga un registro de todas las armas”, dijo Bermúdez (Ver: http://www.laprensalara.com.ve/2013/05/22/venezuela-sin-control-de-armas-de-fuego/).

En junio de 2005, Venezuela adquirió 100.000 fusiles de asalto Kalashnikov AK-103 (una variante del clásico AK-47) a la Federación Rusa en una transacción por valor de $54 millones. Según las notas de prensa, el objetivo era introducir ese tipo de fusil de asalto «como arma de uso común en la Fuerza Armada Nacional… En un informe realizado en el año 2006, Amnistía Internacional calificó a los fusiles AK como «la máquina de matar preferida en el mundo» (Leer más en: Venezuela lidera compra de armas en América Latina http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/venezuela-lidera-compra-de-armas-en-america-latina.aspx#ixzz2qYR381Lu).

La falta de castigo penal al delito es otro dato importante porque es el incentivo más importante del delito: prolifera la impunidad. La violencia legal en manos del Estado está sumida en la mayor crisis de funcionamiento y eficacia. El Estado no logra probar los delitos y no se puede condenar a los culpables. La impunidad se ubica en la actualidad en el 92%. Las cárceles están repletas de presos sin condena, detenidos preventivamente para investigarles. De la misma forma, las armas que portan los miembros de las bandas asombran por su poder de fuego mortal, sus modelos ultramodernos y sofisticados, solo para matar.

Ni qué decir lo que ocurre dentro de las cárceles: según informa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre la base de información oficial, el 16 y el 17 de septiembre de 2013, 16 internos resultaron muertos y 5 heridos en enfrentamientos entre reclusos en la cárcel de Sabaneta. Se habría tratado de un enfrentamiento entre bandas criminales rivales que operan dentro de este centro penitenciario. Los reclusos habrían utilizado armas de fuego de grueso calibre y artefactos explosivos.

En 2010 hubo un total de ocho muertos y seis heridos en ese centro penal. En el curso de 2012 murieron 45 internos en la cárcel de Sabaneta, y en el transcurso de 2013 fallecieron 69. Los pranes y sus bandas son el nuevo Estado dentro del Estado. Se han convertido en los nuevos cultores del asesinato y la violencia.

El derecho humano a la seguridad ciudadana, que está en la base de la justificación de tener un Estado que monopolice la violencia legal, garantice la paz social, resuelva los conflictos y administre la justicia está seriamente amenazado bajo la cultura de la violencia.

“El gasto dirigido a la administración de justicia y Ministerio Público fue de –en promedio– 2,5% del total de gastos erogados por el gobierno central.

Para 2012, el gasto presupuestado para esta partida es 2,64% del total de gastos previstos, situación que no varió durante el año 2013 (ver: Martínez, Eugenio: Impunidad. En: http://www.eluniversal.com/opinion/140116/impunidad ). Contrasta este dato con el esfuerzo que se hace en otros países con resultados muy positivos, por ejemplo, Centroamérica.

El PNUD ofrece estas sugerencias básicas para curar la epidemia de homicidios basadas en las lecciones aprendidas de América Latina:

1. Alinear los esfuerzos nacionales para reducir el delito y la violencia, incluyendo un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana como política de Estado;

2. Generar políticas públicas orientadas a proteger a las personas más afectadas por la violencia y el delito;

3. Prevenir la delincuencia y la violencia impulsando un crecimiento incluyente, equitativo y con calidad;

4. Disminuir la impunidad fortaleciendo las instituciones de seguridad y justicia con apego a los derechos humanos;

5. Potenciar la participación activa de la sociedad, especialmente las comunidades locales, en la construcción de la seguridad ciudadana;

6. Incrementar las oportunidades reales de desarrollo humano para los jóvenes;

7. Atender y prevenir de modo integral la violencia de género en el espacio doméstico-privado y en el ámbito público;

8; Salvaguardar activamente los derechos de las víctimas;

9. Regular y reducir los disparadores del delito, tales como alcohol, drogas y armas, desde una perspectiva integral y de salud pública y

10. Fortalecer los mecanismos de coordinación y evaluación de la cooperación internacional.

La inseguridad crece. El miedo al crimen es cada día más profundo y constante. La pandemia de violencia debe ser curada con políticas serias, racionales, bien hechas y sinceras. sin violar los derechos humanos de nadie. Basta de balas, como dice la consigna de Amnistía Internacional reconfirmada con el excelente artículo y testimonio de Carlos

Lusverti: “*Porque seguiremos diciendo «Basta de Balas»: *La impunidad como mal endémico en Venezuela propicia la repetición de los hechos, por ello la necesidad de contar con un sistema de administración de justicia que garantice el acceso a la justicia real y efectiva, que comienza con la actuación policial, pasa por jueces, fiscales, policía de investigación y termina en el sistema penitenciario para la reinserción social de los responsables es necesario para cumplir con este deber, en garantía de los derechos humanos de todas las partes involucradas y que en fin evite la repetición de los hechos”

(En:http://amnistia.me/profiles/blogs/porque-seguiremos-diciendo-basta-de-balas),

También hay que desarmar a la población y a los colectivos que ahora están armados y a la vista de todos. Hay que preparar a las policías y hacer prevención. El homicidio debe llamarse como lo tipifica el Código Penal. Hay que enseriar las estadísticas y adecuarlas a las categorías jurídicas ya establecidas en la Ley, sin ocultamientos.