Autoritarismo e interinato

De la dependencia de todos los órganos del Poder Público con Miraflores, pocas dudas caben. Desinhibidos, los voceros del oficialismo no realizan esfuerzo alguno por ocultarlo, pues la sinceración del régimen se les antoja como un adicional mecanismo de amedrentamiento para torpedear el referéndum revocatorio.

Contrariadas las previsiones constitucionales y las más elementales normas parlamentarias, maniobraron hasta sancionar y promulgar una ley contranatura, como la del TSJ que, siendo demasiado obvio, les permite remendar el capote y reconfeccionar un elenco de sumisos magistrados. El comité de postulaciones es una colcha hecha a la medida de los intereses oficiales y, en el duro combate clientelar, su principal promotor –diputado Velásquez Alvaray- sale disgustado de la dirección en beneficio de otro colega y copartidario, al que le corresponde el turno.

Ha persistido el problema de la administración de justicia en Venezuela, agravándose en los últimos seis años. De inútiles bullicios se hizo el amago inicial de solución que ensayó el régimen, creyéndolo de una facilidad pasmosa. El “pan comido” derivó en lo mismo o peor de antes, largando al exilio dorado portugués a su adalid más destacado.

Ahora, creyéndonos estúpidos, dicen enmarcar la barrida del TSJ y de todos los tribunales, en otra gesta de saneamiento cuando ya pesan los años, los largos años de ejercicio en el poder. A pesar de los concursos realizados y de todas las palancas de las que han dispuesto, no hay novedad en el frente, salvo el altísimo porcentaje de jueces en condición provisoria que, siendo semejante al que tuvo el fujimorato en diez años, constituye la mejor garantía de supeditación a los intereses desplegados por Chávez.

El dato tiene correspondencia con el interinato de alrededor de cien mil profesores de secundaria, imposible de doblegar el resto de los títulares que ganaron sus concursos antes de 1998. Es decir, el autoritarismo en su nueva versión, no concede acreditación definitiva a los servidores del Estado, chantajeados con una provisionalidad asfixiante.

HACERSE JUSTICIA POR MANO PROPIA

Dos mecanismos responden a un semejante principio: la buhonería y las invasiones urbanas sirven para compensar la ineptitud oficialista, consagrada la fórmula del más fuerte. El gobierno no genera empleos y tampoco construye las viviendas necesarias, a pesar de la obstinada demagogia presidencial que mira la paja en el ojo de las décadas anteriores y no la viga que tiene en el de estos cinco años, rogando que los venezolanos tomen las calles y las edificaciones que tengan a la mano. Sin embargo, sólo los más fuertes pueden hacerlo y resulta obvio que haya las batallas campales de rigor derivadas de tamaña aplicación principista.

Unicamente tiene lugar bajo el sol aquél buhonero que pueda cancelar el tributo a los malandros que protegen su espacio y el soborno a la autoridad policial, realizando una mercancía que –en la prolongada era del control de cambio- ha de ser de contrabando. Ingenuo es quien crea como sus únicas credenciales, la situación desesperada del hogar y la desinhibida voluntad de buscar el pan de la casa, ofreciendo algunos corotos en las aceras, calles y autopistas. Están vedados tales alegatos para acceder a un mundo que sólo promete subemplearlo, sin las incomodidades de la Ley Orgánica del Trabajo u otras normas que digan de su protección social y ambiental.

Aquellos que demuestren ímpetu y decisión, podrán tomar las edificaciones abandonadas o en vías de remodelación, junto a sus familias. Bastará con enarbolar las banderas del oficialismo para que se entienda como una cruzada por la justicia social, aunque sobrevivirán los que tengan mayor capacidad de generar un escándalo político y de portar armas de grueso calibre ya no para obstaculizar las diligencias de las autoridades, sino la de otros competidores en el trepamiento de los inmuebles disponibles.

El gobierno no desarrolla una política de construcción ni de cesión de viviendas adecuada y suficientemente, ni es capaz de preservar el orden público por el novedoso costo político que comporta, como tampoco es capaz de regular la situación de aquellos inmuebles que, abandonados u siendo objeto de litigios, se alzan como firmes candidatos para una súbita y a veces efímera ocupación de residentes que pagan su tributo al gerente de invasiones o del pillaje requerido de centros informales de operación. Por cierto, no atenta contra el derecho de propiedad privada, la necesidad de ocupar lícita y ordenadamente aquellos inmuebles en situación de abandono o, quizás, predestinados a la suerte que por décadas tuvo El Helicoide, como la edificación que se encuentra en la caraqueña esquina de La Bolsa, ideando un régimen idóneo para ello, en las ciudades de escasos y encarecidos espacios.

Atenta contra la vida que se tolere el tráfico con la miseria, al ser indiferentes y hasta propugnar las invasiones que suelen culminar en sendas batallas campales, con robos y asesinatos, como ha ocurrido. Y es que alcanzan una jerarquía de postulado doctrinario en un régimen que ya no tiene nada que hacer.

EL REGIMEN DE LA DESUNION

Nada fue perfecto en el pasado, es cierto, pero jamás habíamos padecido los fortísimos estímulos desde el Estado para que la desunión se convirtiera en un régimen de vida. Incluso, lo ejemplifica el propio oficialismo que dirime sus diferencias a través de una amarga y, a veces, imperceptible violencia política.

Chávez insistirá hasta muy avanzado el gobierno, con ocasión de la entrega de títulos de propiedad urbana, cartas agrarias y créditos (04/04/03), en “una sociedad que nos asocie y nos unifique, contrario a lo que por muchas décadas nos impusieron, sembrándonos la desesperanza y la apatía, la desidia y la pobreza en nuestra población” (www.venezuela.gov.ve), extendiendo –pávido- los efectos del pasado inculpado. Empero, las realidades marcan el drama y no tardará en sufrir las consecuencias del medicamento: miente sobre lo que ocurrió antes, ocurre ahora y ocurrirá después.

Del odio, el rencor y el recelo surge una angustiosa demanda por la paz, la concordia y la solidaridad difícil de detener por el oficialismo. En sus postrimerías, Chávez tampoco impedirá que, entre los suyos, surja las esperanzas de un país diferente que prescinda –simplemente- de sus servicios.

CINCO AÑOS PERDIDOS

El aprendizaje del poder lo ha hecho Chávez desde el poder mismo, con las consabidas consecuencias. Jamás probó un crecimiento político, moral y reflexivo desde la primera línea de la oposición creadora, la otra cara del poder, por lo que le resta apenas rifar el camino que le falta y probar suerte en unos de los recodos de la historia.

“Yo lo he dicho, desde hace tiempo tengo un sueño, cargo un sueño que se apoderó de mí y ese sueño se llama Venezuela. Y yo verdaderamente como venezolano no me imagino mi país, nuestro país, de otra manera que ¡grande! ¡digno!, incluso !glorioso! porque glorioso es el signo de nacimiento de nuestra Patria (…) con este espíritu de colectivo, es una Venezuela imaginémosla y hagámosla digna, hermosa, grande y gloriosa”, expresará Chávez al cumplir cien días de gobierno (64.207.147.4/bitblioteca/hchavez). Cinco largos años perdidos apuntan a la disminución de un país, a la cobarde represión de un gobierno, al espíritu de supervivencia a cualquier precio que lo embarga y que pretende que los venezolanos compartamos.

Llegó la hora del revocatorio y el vecino de Miraflores debe hacer sus maletas. Ojalá lo haga resignada y pacíficamente, sin esas ocurrencias de última hora que suelen teñir de sangre los hogares venezolanos: “Tiburón I” será un mal recuerdo en nosotros.