Autonomía universitaria (2)
por mil razones.
El régimen antiautonómico impuesto por Guzmán Blanco a las universidades se mantuvo el resto del siglo XIX y buena parte del XX. Aparte de negarles el derecho a elegir sus autoridades, base esencial, junto con la libertad de cátedra, de la autonomía, el despojo a las universidades de sus bienes propios hizo que estas dependiesen de los aportes que anualmente se les asignaba en la Ley de Presupuesto, lo cual permitía a los gobiernos de turno ejercer un verdadero chantaje económico sobre los centros universitarios. Práctica mantenida hasta hoy, aun dentro del amplio régimen autonómico de que han gozado nuestras universidades desde el 5 de diciembre de 1958, cuando se promulgó la Ley de Universidades vigente, con las reformas sufridas en 1970, de lo cual hablaré más adelante. Es evidente que la dependencia financiera del presupuesto nacional desvirtúa severamente la autonomía.
Todos los gobiernos posteriores al de Guzmán mantuvieron el sistema antiautonómico. Lo cual no impidió que en las universidades se produjesen manifestaciones contra los gobiernos, particularmente bajo las dictaduras de Cipriano Castro (1899-1908) y Juan Vicente Gómez (1908-1935). Especial importancia tuvo la insurgencia contra Gómez en la Universidad Central, bajo el liderazgo de la llamada Generación de 1928, una de cuyas consignas fundamentales fue precisamente el reclamo de la autonomía.
La primera disposición en pro de la autonomía de las universidades, bastante tímida, se presentó en 1940, bajo el gobierno de Eleazar López Contreras, siendo ministro de Educación Nacional –así se llamaba entonces– el Dr. Arturo Úslar Pietri. Se dictó ese año una nueva Ley de Educación, en la cual se establecía que las autoridades universitarias –rector, vicerrector y secretario– serían designadas cada tres años por el Ejecutivo Nacional, pero de una lista de candidatos formulada por las diversas escuelas universitarias, a razón de dos por cada una, lista que sería elevada al Ejecutivo por los respectivos consejos universitarios.
No obstante lo tímido de esta reforma, significó un paso de avance. Sin embargo, duró muy poco, pues en 1943, al reformarse la Ley de Educación, bajo el gobierno de Isaías Medina Angarita, siendo ministro de Educación Nacional el Dr. Rafael Vegas, figura prominente de la Generación del 28, se restableció la facultad del Poder Ejecutivo de designar libremente las autoridades universitarias, sin intervención alguna de las universidades.
