¿Autogolpe?
La vocación de golpista de Hugo Chávez, expresada en medio de un afortunado fracaso en febrero de 1992, se reafirma hoy con la bofetada que ha dado a la Constitución Nacional, al eliminar de facto la Asamblea Nacional; un simple golpe de estado con igual grado de violencia, aunque no se haya perpetrado con las armas, sino con el poder y los recursos.
La Ley habilitante es ilegítima e ilegal. Ignorar y despreciar a la nueva Asamblea es una aberración política propia de los regimenes totalitarios, como el bolivariano. A los señalamientos de “tirano”, Chávez responde: “allá ellos (los escuálidos); primero es la patria.” ¿Pero cuál patria? ¿La de su minoría o la de todos, sin exclusión? Una práctica clara de la odiosa política de apartheid.
No sólo la habilitante y su producto son ilegales e ilegítimos. Las leyes adoptadas a la carrera por una Asamblea moribunda agravan la continuada ruptura del orden constitucional. Chávez, derrotado en las urnas en setiembre ultimo, fracasado como gobernante, con un liderazgo disminuido y con una derrota segura en el 2012, radicaliza su “proyecto comunista” y se lleva por delante el ordenamiento jurídico y el sistema político construido por los venezolanos tras décadas de luchas y de esfuerzos. La pérdida del poder podrá significar mucho para Chávez. Ante la reversión, en el sentido mas amplio del termino, y el temor de enfrentar procesos adentro y afuera, reacciona arbitrariamente.
El régimen bolivariano abandona, definitivamente, el espacio democrático con las consecuencias que de ello se derivan. Las confiscaciones, la persecución, la discriminación y la violación generalizada y sistemática de los derechos humanos son propias de un régimen totalitario.
Se viola la Constitución Nacional en forma descarada, se traicionan los “intereses del pueblo”, aquellos que alegan los asambleistas revolucionarios cuando consideran la reforma de la ley de partidos políticos que pretende castigar a la disidencia, esa a la que tanto temen los bolivarianos en sus propias filas.
Ante la dictadura de hecho, establecida sobre los escombros de la democracia y del estado de derecho, los venezolanos deben unirse con visión de futuro para protestar, aunque la Constitución Nacional sea sólo una referencia, una letra muerta.
Los gobiernos de la región y del mundo, el Secretario General de la OEA, los demócratas todos, tienen un reto ante si. Los mecanismos regionales deben activarse con urgencia para proteger la democracia pisoteada hoy en Venezuela. Es hora de aceptar las realidades sin mezquindades ni intereses.
Independientemente de las reacciones afuera, debe quedar muy claro que los venezolanos rechazarán por todos los medios cualquier proyecto totalitario, de derecha o de izquierda, que se intente implantar en el país.