Auditoria chimba o chucuta
Sorpresivamente en la Cumbre de Lima, realizada el 18 de Abril, UNASUR adoptó una resolución exigiendo que se realice una auditoria en Venezuela. Llama la atención que Gobiernos de países aliados al régimen Bolivariano como Bolivia, Ecuador, Uruguay, Brasil, junto a otros cercanos como Colombia y Perú, obligaran al CNE a cambiar su posición inicial, probablemente ante la preocupación de que tendrían que enfrentar criticas en sus propios países si reconocían a un Gobierno con resultados dudosos.
A que se debió este cambio de actitud del CNE al aceptar la auditoria exigida por UNASUR? Sin lugar a dudas el cambio de posición debemos verla en respuesta a las posiciones asumidas por organismos internacionales como la OEA, Unión Europea, Naciones Unidas; además de las Internacionales Políticas: Socialista, Popular, Conservadora, Liberal, UPLA; por la gran prensa mundial que retrató la realidad venezolana y por varios Gobiernos: Estados Unidos, Canadá, Panamá, Paraguay, México, España, sin dejar de mencionar de manera especial las declaraciones de Su Santidad el Papa Francisco desde la Plaza San Pedro al “invitar a los responsables institucionales y políticos de establecer un dialogo basado en la verdad y en el mutuo reconocimiento”
En estos momentos una nueva amenaza se presenta después de la juramentación anticipada de Maduro, ya que el Gobierno quiere manipular el concepto de auditoria , cuando la Rectora Sandra Oblitas en nombre del CNE señala que no habrá ningún cambio independientemente del resultado de la auditoria, desconociendo de esta manera los alcances del articulo 156 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales del 2009 que define la auditoria como “ la verificación de aquellos recursos materiales, tecnológicos y datos utilizados en las distintas fases del proceso… para garantizar la transparencia y confiabilidad de dicho proceso”
A esta interpretación autoritaria, deben sumarse las amenazas institucionales de que si “no se reconoce el triunfo de Maduro” los parlamentarios no tendrán derecho de voz, ni los Gobernadores dispondrán de recursos, ni los venezolanos en el exterior tendrán pasaporte, como amenazó el Embajador de Venezuela en Bélgica. La represión contra los jóvenes se suma al chantaje contra aquellos funcionarios públicos, que serian expulsados de sus cargos por votar en contra del candidato oficial.
Ese gran respaldo internacional se debe al hecho de que Capriles exigio de manera firme la auditoria de votos además de denunciar la existencia de 30.000 irregularidades. Lo que procede en estos momentos, es que el Comando Simón Bolívar ratifique su rechazo a la posición gatopardiana del CNE para evitar una auditoria chimba o chucuta y que “todo siga igual”. La legitimidad del proximo Presidente de Venezuela depende de los resultados que arroje la suma de todos los votos en base a las actas, los cuadernos electorales y las huellas digitales.
