Acceso a la educación superior
El artículo 78 de la Constitución plantea en forma muy clara que «Todos tienen derecho a la educación» y el Estado debe asegurar el acceso «sin más limitaciones que las derivadas de la vocación y de las aptitudes». Esta afirmación ratifica lo planteado en el Artículo 61, en el cual se establece que «No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo o la condición social». Por ello, el esfuerzo debe orientarse a eliminar los obstáculos relacionados con la baja preparación obtenida en los niveles educativos anteriores de preescolar, básica y media, con una mejor educación oficial que es la que atiende a los sectores de menores recursos en todo el país.
Con la base constitucional citada, el acceso a la educación superior se decidiría con sólo identificar las aptitudes académicas y el rendimiento previo de los que logran egresar de educación media. Sin embargo, se sabe que estos indicadores son determinados, en gran parte, por el estatus socioeconómico de los estudiante al cual están unidos el nivel educativo de los padres, la estructura familiar, la nutrición, el apoyo educativo y el acceso a recursos bibliográficos en el hogar. Como consecuencia, las decisiones del Estado deben orientarse, fundamentalmente, hacia el mejoramiento de las características de los planteles oficiales en relación con la calidad del personal directivo, de los docentes y de la dotación, hacia la creación y actualización de las bibliotecas de aula, escolares y públicas, hacia la ampliación de los programas alimentarios y hacia el aumento de la relación con los padres y representantes y con la comunidad en general con el propósito de lograr su participación y el apoyo a la acción educativa del plantel. La concurrencia de estos factores puede determinar grandes diferencias en el desarrollo de aptitudes y en la adquisición de conocimientos que se miden cuando los jóvenes aspiran a entrar a las instituciones de educación superior y por ello no debe extrañar que, generalmente, los estudiantes que provienen de los estratos sociales de mayores recursos obtengan las mejores puntuaciones.
En los países industrializados la transformación de un sistema de educación superior elitesco en uno masificado también ha pasado a través de grandes debates y luchas, especialmente, cuando se plantea quiénes deben tener acceso a la educación superior, cómo se debe financiar la oficial y qué debe ofrecerse en las carreras de pregrado.
El sistema universitario venezolano se inicia con la Universidad Central de Venezuela, creada por el monarca Felipe V por Real Cédula, fechada el 22 de dicienbre de 1721. Es interesante mencionar que por mucho tiempo, para ser admitido como alumno, se requería presentar una relación detallada de «vida y buenas costumbres» y demostrar con testigos y documentos que era «persona blanca» de «legítimo matrimonio» descendiente de cristianos viejos «limpios de toda mala raza» y se excluía de la comunidad universitaria a los negros, zambos y mulatos y a quienes habían tenido en su familia alguna infamia por razón de un penitenciado por la inquisición, además de gozar de una buena posición económica (Historia de la UCV. Ildefonso Leal. Ediciones del Rectorado, 1981). Esta situación cambió bastante con los nuevos estatutos que promulgaron el Libertador Simón Bolívar y el Dr. José María Vargas en 1827. Sin embargo, siguió siendo elitesca hasta muy entrado el siglo XX.
En los últimos cuarenta años, el desarrollo de la educación superior venezolana ha estado orientado hacia la masificación, presionado por el crecimiento poblacional en general y por el matricular en particular. Con el esfuerzo realizado en estas cuatro décadas se llegó a pasar de tener una matrícula de 10.270 estudiantes en el año escolar 1957-1958 que apenas representaba el 1,3 % de la población entre 18 y 24 años para la misma fecha, que era de 784.659 jóvenes, a incorporar a la educación superior, en 1990, 550.030 jóvenes de las edades mencionadas que representaban, en 1990, el 20,7% de una población de jóvenes de 2.646.845 (Plan Decenal 1993-2003. Consejo Nacional de Educación, p.XI-43, 1993). Durante este período se han producido, además, otros cambios significativos que se describen a continuación.
En primer lugar, la creación de las universidades experimentales que permitieron no sólo la aparición de nuevas estructuras administrativas sino la consolidación en muchas de ellas del régimen semestral o trimestral, el sistema de créditos, las asignaturas electivas, los estudios independientes, nuevas especialidades, modernización de la enseñanza y el desarrollo de las universidades regionales. Muchos de estos cambios han sido asimilados por las universidades tradicionales. Por otra parte, la autonomía, expresada en la capacidad de elegir sus autoridades, que caracterizaba a las viejas universidades autónomas oficiales, ha sido lograda progresivamente por las experimentales.
En segundo lugar, en 1972, se realizó otro cambio fundamental en la educación superior con el reglamento de los Institutos y Colegios Universitarios que se crearon para ofrecer carreras técnicas de tres años, con lo cual se amplió el sistema binario de la educación superior que se reducía a los Institutos Pedagógicos como la alternativa frente a las universidades desde 1936. En 1993, de un total de 113 instituciones de educación superior 80 son institutos y colegios que ofrecen carreras cortas en una gran gama de especialidades las cuales ampliaron la posibilidades de acceso a la educación junto con las 33 universidades, de las cuales 18 son oficiales y 15 privadas (Plan Decenal p. XI-95).
El sistema binario del nivel de educación superior se ha tratado de integrar sin mayor éxito. Sólo programas aislados de algunas universidades ofrecen prosecusión hacia la Licenciatura a egresados como Técnicos Superiores. En otros casos, el sistema binario funciona en la misma universidad pero sin ninguna integración y prosecusión en las carreras. Este fenómeno no es exclusivo de nuestro sistema educativo. En Gran Bretaña se creó el sistema binario a comienzo de la década de los años 70 y funcionó hasta 1992 cuando fue abolido y se autorizó renombrar a los institutos politécnos como universidades. Sin embargo, la vieja estructura ha sobrevivido y, en 1997, sólo 90 de las 177 instituciones han logrado la autonomía para otorgar títulos universitarios. Otra solución que se ha puesto en práctica para pasar institutos universitarios a universidades ha sido la de integrar en una universidad a varios institutos. Esto fue lo que se hizo en nuestro país cuando se creó la Universidad Nacional Experimental Politécnica «Antonio José de «Sucre», en 1978. Desafortunadamente, por un acto de origen politiquero del nuevo gobierno, en 1979, fue anulada su creación lo que originó un juicio que se resolvió con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, varios años después, y desde entonces viene funcionando. Con un criterio semejante fue creada la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), en 1983, en la cual se integraron los Institutos Pedagógicos de todo el país, la cual sí tuvo continuidad en el nuevo gobierno, que se inició en 1984, durante el cual se consolidó la universidad.
En tercer lugar y como una innovación, se destaca la creación de la Universidad Nacional Abierta (UNA), con una estrategia de educación a distancia en 1977, la cual se ha mantenido con un crecimiento moderado, sin haber logrado superar la falta de credibilidad en la educación a distancia que ha limitado su desarrollo y le ha impedido alcanzar la dimensión que podría convertirla en una vía para resolver masivamente problemas de cupos en algunas especialidades, especialmente en la capacitación y profesionalización de docentes. Es posible que con la incorporación del uso masivo de las nuevas tecnologías de las computadoras y las telecomunicaciones la UNA pase a ser una universidad más atractiva para un número mayor de estudiantes.
Mientras el sistema de educación superior tuvo dimensiones pequeñas pudo ser atentido casi totalmente por el Estado y las universidades fueron gratuitas en la mayoría de los países, especialmente en Europa y América Latina. Sin embargo, la masificación y el encarecimiento de la oferta académica en el nivel de educación superior, especialmente en las ramas técnicas y científicas ha conducido a pensar en diferentes formas de cobrar, en las instituciones oficiales, algún tipo de matrícula a los que tengan medios de fortuna, posibilidad que establece el Artículo 78 de la Constitución. Sin embargo, siempre preocupa que ese pago pueda convertirse en una barrera para el acceso de los estudiantes de menores recursos.
Las interrogantes más frecuentes sobre la selección que se realiza para la incorporación a la educación superior son: ¿quiénes tienen acceso al sistema? ¿quiénes pueden reclamar legítimamente el derecho a ser admitido en la instituciones oficiales? ¿cómo interactúan la selección y la equidad? ¿cómo debe financiarse la educación oficial? El debate sobre estas preguntas ha sido permanente tanto en los países industrializados como en los no industrializados y casi siempre tiene facetas políticas, económicas, académicas, institucionales y personales que hacen que el mismo no conduzca fácilmente a conclusiones precisas que orienten la toma de decisiones.
La selección de los aspirantes a la educación superior se hizo necesaria cuanto el crecimiento poblacional y la masificación de la educación primaria y secundaria produjeron promociones del nivel medio cada vez más numerosas. Ante esta presión, algunas facultades diseñaron pruebas específicas de conocimiento para identificar las características de los que consideraban que debían entrar. Posteriormente, el sistema de pruebas se generalizó a todas la facultades, primero con carácter voluntario y a partir de 1984 con carácter obligatorio. Desde entonces, se han aplicado las Pruebas de Aptitud Académica en todas las instituciones oficiales de educación superior. Sin embargo, en los últimos años se ha producido un fenómeno de regresión hacia las pruebas específicas de las instituciones y a veces de las facultades o escuelas, las cuales utilizan sus propias pruebas, además de las PAA que aplica la Oficina de Planificación Universitaria (OPSU). Paralelamente a este proceso se han creado algunos privilegios para los hijos de los profesores y empleados administrativos de las universidades que ha sido objeto de muchas críticas.
A fines de la década de los ochenta se reactivó la posibilidad de establecer alguna forma de matrícula o sistema de pago para los que poseyeran bienes de fortuna, lo cual fue rechazado por la opinión pública. Recientemente, con motivo de la discusión en el Congreso del Proyecto de Ley de Educación Superior, ha surgido de nuevo la preocupación y el debate sobre la posibilidad de que en dicha ley se consagre alguna forma deaporte de los estudiantes y/o de los egresados para contribuir a resolver algunos problemas de los estudiantes que son admitidos por sus méritos pero que carecen de medios de fortuna, lo cual muchas veces determina que tengan que abandonar sus estudios.
La lucha, en muchos países, por ampliar el acceso a la educación superior ha pasado de considerar que «más significa peores» a que «más significa diferentes». En ese sentido se han establecido diversas rutas de acceso a la educación superior. Una, la más conocida, es la de las pruebas de aptitud académica y/o de conocimientos como predictores del triunfo en los estudios superiores.
La controversia se ha visto enriquecida por las necesidades de la economía, porque se parte de que en las instituciones de educación superior es donde se puede formar el recurso humano que requiere la economía con base tecnológica. La presión por justicia social y por eficacia económica en el análisis del problema y la queja sobre la preparación de los egresados de educación media, ha resultado en la búsqueda de otras vías para el acceso. La vía de los técnicos medios no ha prosperado en nuestro país por varias razones: por el número reducido de planteles de educación media que ofrecen carreras técnicas en comparación con el de los Liceos que otorgan, fundamentalmente, el título de bachiller en la especialidad en Ciencias; las dificultades que se le presentan a los egresados como técnios medios para entrar en muchas facultades porque la mayoría prefiere a los bachilleres en Ciencia; la falta de carreras, tanto en las universidades como en los colegios e institutos universitarios, diseñadas para ofrecer continuidad a los técnicos medios; y por el descrédito de la acreditación del aprendizaje por experiencia, debido al abuso frecuente en los proceso de ejecución .
El acceso a la educación superior en Venezuela se ha ido democratizando. No obstante, en datos recientemente publicados en la prensa local las condiciones socioeconómicas precarias de una alta proporción de la población ha derivado en un proceso de selección que favorece a los estudiantes que provienen del nivel alto y medio alto en la mayoría de las universidades oficiales, con excepción de la UPEL, en la cual predominan los estudiantes que provienen de la clase obrera y media baja. En general, el acceso a la educación superior tiende a ampliarse mundialmente y a orientarse hacia una educación superior para todos en los países industralizados. La selectividad y la equidad deben estar presentes en cualquier proyecto a mediano y largo plazo que se proponga para mejorar el sistema actual, sin caer en el nefasto sistema de las cuotas que está desapareciendo en los países que lo implantaron hace algunas décadas.
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