A mansalva , con premeditación y alevosía
El golpe de Estado dentro del Estado que llevan adelante los esbirros de la asamblea nacional por instrucciones del presidente de la república ante la aparente apatía e indiferencia de la oposición democrática tiene un objetivo inmediato: descabezar a sangre y fuego el liderazgo de Antonio Ledezma y tras suyo al liderazgo de todos los poderes conquistados a mano limpia y con el mayoritario respaldo de la ciudadanía en el Táchira, en el Zulia, en Carabobo, en Miranda y en Nueva Esparta el pasado 23 de noviembre de 2008. Es un atentado criminal, infringido a mansalva, en despoblado y con alevosía contra César Pérez Vivas, Enrique Fernando Salas Feo, Pablo Pérez y Morel Rodríguez. Y los restantes alcaldes, elegidos con el respaldo aplastante de sus electores. Es un atentado contra Carlos Ocáriz, contra Emilio Graterón, contra Gerardo Blyde y todas las autoridades electas mediante esa histórica victoria, que desde el 15-F el presidente de la república pretende arrebatarnos con el uso artero de la fuerza bruta y su inmoralidad sin límites.
Quien crea que el objetivo es Antonio Ledezma y sólo Antonio Ledezma, se equivoca. El golpe contra la descentralización es un ataque artero y criminal contra derechos y principios constitucionales, que no pueden ser modificados por los esbirros del régimen ante la orden presidencial. Es la anulación de la médula y la sustancia de nuestro sistema democrático. No sólo porque atropella principios que sólo pueden y deben ser modificados mediante una asamblea constituyente. Que el régimen no convocará porque se sabe en creciente minoría y enfrentado a una grave crisis económica y social. Sino porque atropella la voluntad mayoritaria de millones de electores. Es, en suma, un ataque contra la ciudadanía y un atentado contra la soberanía popular. Un golpe de Estado continuo y permanente que demuestra que estamos bajo la vigencia de un régimen de facto.
No debemos dudar de la inescrupulosidad del presidente de la república ni de la medida de la abyección de quienes le sirven. Sobran los serviles dispuestos a atropellar la voluntad soberana y asumir el gobierno metropolitano convertido en vicepresidencia, como en tiempos de Juan Vicente Gómez. Sería insólito pero mostraría el grado de encanallamiento moral de la Nación que los candidatos que perdieron esos cargos durante el pasado proceso electoral fueran impuestos por el dedo colosal del teniente coronel para atropellar a quienes fueran electos con indiscutibles mayorías. ¿Está dispuesto Aristóbulo Istúriz a lograr por las malas lo que no obtuvo por las buenas?
Es urgente y prioritario que los partidos políticos, en primer lugar, pero tras suyos todas las fuerzas vivas de la Nación se pronuncien con la máxima urgencia a favor de nuestras legítimas autoridades como el Alcalde Metropolitano Antonio Ledezma y los restantes gobernadores y alcaldes. Y que reafirmen la vigencia de los derechos constitucionales, de los cuales dos de esencial importancia: el derecho inalienable a elegir y a respetar a las autoridades electas y el derecho a la propiedad privada, hoy amenazada de la manera más ilegítima e inconstitucional. La vigencia plena de los derechos reafirmados por el soberano el 2 de Diciembre no debe ser desconocida ante la indiferencia nacional.
Permitir que primen los intereses egoístas y espurios de estos asaltantes de la cosa pública por sobre los intereses nacionales es un crimen imperdonable. Aceptar en silencio este asalto a la república, al soberano y a nuestras instituciones un delito de lesa humanidad. Debemos unirnos contra la dictadura en curso. Es un imperativo categórico.
