350 Educacional
La educación del venezolano está sometida desde que se instauró este régimen, a una intervención oficial que merece mucho más atención que la que se le viene brindando.
Ya, el 31 de octubre de 2000, se dictó el desafortunado decreto distinguido con el número 1011, donde la capacidad de supervisión del gobierno sobre las instituciones que brindan educación se expandió hasta límites absolutamente intolerables.
Posteriormente y desde hace dos o tres años el ministerio de adscripción ha dictado regulaciones económicas que sin lugar a dudas atentan contra la libertad de las empresas y ha regulado los incrementos de las matrículas de los institutos privados a porcentajes bastante menores que las tasas que miden la inflación en el país. Con ello se demuestra, una vez más, que el discurso que teóricamente promueve la estabilidad y los justos ingresos de los educadores no es más que una falacia y una burla.
En Venezuela, la educación en sus distintos niveles es suministrada, desde el punto de vista cuantitativo, a partes más o menos iguales desde el sector oficial y desde el privado. Si pensamos en la vertiente cualitativa, característica mucho más difícil de medir, existe la percepción absolutamente generalizada que otorga a la educación privada, méritos que no puede alcanzar la pública.
Lejanos están los días cuando los institutos de educación oficiales competían de quien a quien con los colegios privados. Damos gracias a Dios por habernos permitido cursar nuestro bachillerato en el Liceo de Aplicación y recordamos perfectamente y con orgullo que los alumnos de los liceos Andrés Bello, Fermín Toro, de Aplicación, Luís Razetti, Caracas y varios otros, graduaban bachilleres que competían gallardamente con los de los colegios San Ignacio, La Salle, Salesiano y otros que sería largo enumerar.
Por los últimos cincuenta años hemos disfrutado de la labor que desarrolla Fe y Alegría, obra emblemática iniciada por el sacerdote jesuita José María Vélaz en 1955 en un local provisto por Abraham Reyes. Hoy Fe y Alegría está extendida por diecisiete países de Latinoamérica y España e imparte educación a varios millones de jóvenes.
Pensamos que las organizaciones que agrupan a la educación privada venezolana tienen que conminar y exigir a la instancia judicial adecuada, incluyendo al Tribunal Supremo de Justicia, para que definan sin lugar a dudas los límites de la capacidad de supervisión del gobierno sobre la educación privada nacional y si la opinión de las instancias judiciales no tiene la claridad que el tema exige se deben adelantar pasos beligerantes como el estatuido en el artículo 350 de la Constitución de 1999.
El tiempo apremia, estamos ante un evento que atenta contra la vida de la educación y el desarrollo de los venezolanos del presente y del futuro. Acciones tímidas y timoratas nos conducirán a la pérdida de los valores educativos nacionales.
El régimen agrede características íntimas del ser venezolano. Se ha prostituido la nacionalidad, se ha cubanizado al acontecer nacional, se ha desvirtuado la función castrense, se ha parcelado a quienes discrepan del régimen en mil pedazos. No durmamos.
