Turquía: “error sistémico”
La reciente decisión del Tribunal Supremo de la República turca de admitir a trámite una querella contra el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) generó malestar e incertidumbre en los círculos europeístas de Bruselas. El tribunal acusa al AKP de violar la Constitución, al atentar contra el principio de laicidad, impuesto en los años 20 del siglo pasado por Mustafá Kemal Atatürk, fundador del Estado moderno.
Los “eurócratas” no dudaron en vaticinar el inicio de un período de grave inestabilidad política para el país otomano debido, según ellos, a un “error sistémico”. Sus críticas iban dirigidas contra los mecanismos legales ideados por el establishment kemalista para defender al Estado contra las amenazas de agrupaciones radicales. Unos mecanismos que sirvieron para ilegalizar al Partido Comunista, condenar a los militantes del movimiento nacionalista kurdo y contener las primeras ofensivas de los radicales islámicos, acusados de llevar al país por la senda de “peligrosas aventuras tercermundistas”.
Pero, ¿cuáles son las acusaciones contra el partido liderado por el Primer Ministro Erdogan? Según el fiscal Abdurrahman Yalçinkaya, impulsor de la querella, la plana mayor del AKP, a la que pertenece también el actual Presidente turco, Abdulah Gül, está llevando a cabo un plan secreto para islamizar el país y convertirlo en un Estado regido por la sharia. Los miembros de la agrupación política capitaneada por el tándem Erdogan–Gül rechazan las acusaciones del fiscal, recordando que el AKP ha elaborado un paquete de medidas destinadas a compatibilizar la legislación turca con la normativa legal vigente en los países de la Unión Europea.
¿Quién tiene razón? ¿Quién se equivoca? Conviene señalar que los sectores laicos del país otomano se movilizaron recientemente contra la decisión de autorizar el uso del pañuelo islámico en las universidades, considerando que se trataba de un primer paso hacia la introducción del atuendo musulmán tradicional en las dependencias gubernamentales.
Ficticia o real, la disputa sacó a relucir otros extraños episodios, cuidadosamente acallados por la prensa occidental, como la proliferación de zonas “libres de alcohol”, el acoso a las carnicerías que venden productos cárnicos no “halal” (no conformes con las normas musulmanas de sacrificio de las reses) y, por último, los rumores sobre la existencia y la actuación de una misteriosa red extremista, acusada de llevar a cabo los últimos atentados contra políticos e intelectuales liberales. A ello se suman otras sospechas, más antiguas, sobre los intentos de islamizar el aparato del Estado, empezando por dos ministerios clave: Interior y Educación.
Los detractores del Primer Ministro Erdogan no han sido capaces de aportar pruebas fidedignas. Sin embargo, los analistas políticos estiman que, detrás de la llamada “democracia conservadora” del AKP, se disimulan las líneas maestras de la presunta conjura.
Por su parte, los dirigentes del Partido de la Justicia y el Desarrollo coquetean con la idea de llevar a cabo una amplia reforma constitucional, capaz de eliminar los obstáculos jurídicos ideados por los kemalistas. El jefe del Gobierno contempla incluso la posibilidad celebrar una consulta popular para acabar con las válvulas de escape previstas por la ley, sabiendo que ello podría acentuar aún más la tensión entre los sectores laico y religioso.
Los círculos conservadores del Viejo Continente, contrarios al ingreso de Turquía en la UE, fueron los primeros en defender a las autoridades de Ankara, haciendo especial hincapié en la legalidad del Gobierno Erdogan, avalada por el resultado de las últimas elecciones de junio de 2007. Esta postura encuentra un debido eco en los medios de comunicación que hicieron campaña contra la adhesión del país asiático a la Unión, alegando el “hecho diferencial” turco o, para ser más exactos, la diferencia cultural entre el Occidente cristiano y el Oriente musulmán. El cambio de rumbo de los medios nada tiene que ver con la introducción de reformas democráticas, imprescindible para la buena marcha de las consultas entre Ankara y Bruselas, ni con la eliminación de los escollos, diplomáticos o jurídicos que obstaculizan el proceso negociador.
Cabe preguntarse si el último barbarismo burocrático de Bruselas, el “error sistémico”, no sirve de coartada para el rechazo sistemático de Turquía.
