Opinión Internacional

Tribunal Constitucional: ¿Independencia o cálculo político?

Noticia: TCP declara inconstitucional artículos que suspendían a autoridades (El Deber 6-02-13).- Los artículos 144, 145, 146 y 147 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en la ciudad de Sucre. Con esta norma fueron suspendidas varias autoridades opositoras al actual Gobierno.

Comentario: El Tribunal Constitucional viene haciendo buena letra últimamente, con cuatro sentencias constitucionales: la abolición del desacato, la limitación de la retroactividad de la Ley Anticorrupción, la inconstitucionalidad de 4 artículos de la Ley de “Autonomía” y la revocatoria de una decisión del juzgado paceño que rechazó una Acción Popular en defensa del TIPNIS. Por otro lado la justicia trasladó el caso Rósza-Sosa a Santa Cruz y dictó arresto domiciliario para Leopoldo Fernández.

Todo esto no deja de ser sorprendente, en el Estado totalitario, donde los Poderes son un simples colgandijos del poder central. Ya son siete años de conocerlos, no nos cuentan el cuento. Además, recordemos que el poder judicial fue escogido entre los afines MAS, en las deslucida “elecciones” populistas del 2011.

¿Qué razones tendrán ahora de volverse “justos”? ¿Será una estrategia política para legitimar la justicia? ¿Será que Morales ha resignado la judicialización de la política, su arma más letal? ¿Será que están perdiendo una pequeña serie de de combates, para luego ganar la madre de las batallas? ¿Será que su objetivo es legitimar el fallo sobre la re-reelección de Evo Morales y retener el poder que tanto los obnubila? ¿Será éste otro acto de la campaña política 2014, como la declaración de patrimonio nacional del carnaval cruceño?

Parafraseando a un gran conocedor de la psicología política, como Maquiavelo, digo: “Piensa mal y acertarás”.

YO CREO QUE LA RE-REELECCIÓN DE MORALES ES SU OBJETIVO FINAL, aunque sea inconstitucional y viole el acuerdo político (pacto de octubre de 2008) que viabilizo la Constitución de la Calancha.

Vale la pena traer a la memoria este acuerdo, titulado: Del conflicto al diálogo Memorias del acuerdo constitucional octubre 2008, fue firmado por el actual Ministro de la Presidencia Carlos Romero, el ministro más serio de Evo. Expresa en la parte pertinente, página 24: “Superado el debate acerca de la pertinencia o no de la reelección presidencial, la oposición concentró sus observaciones en torno al cómputo o no del actual período constitucional para la contabilización de la reelección presidencial (.) Sin embargo, a fin de viabilizar el gran pacto político nacional, se aceptó por parte del oficialismo, QUE EL ACTUAL PERIODO CONSTITUCIONAL SEA CONSIDERADO para aplicar la figura de la reelección”. ¡Claro que los pactos solo valen entre gente honorable!

No dude que Morales tratará de re-reelegirse. No dude tampoco que será recurrido ante la justicia. En esta sentencia veremos el verdadero rostro del Tribunal Constitucional.

La Constitución expresa en su artículo 168.- El periodo de mandato del Presidente y del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectos por una sola vez de manera continua. Y En la disposición transitoria II enuncia.- Los mandatos anteriores a la vigencia de esta constitución SERÁN TOMADOS EN CUENTA a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones.

No se necesita ser abogado y menos aún ser juez para entender esto, es solo saber leer.

Las declaraciones públicas del oficialismo, que muestro a seguir, apoya la estrategia política del MAS:

Gabriela Montaño: “Sentencia del TCP demuestra independencia de Órganos del Estado” (web del Senado 06-02-13)

Amanda Dávila: “Gobierno dice que acatará todos los fallos del Tribunal Constitucional” (Bolpress, citando a ABI 8-02-13)

Carlos Romero: “Gobierno acatará fallo del Constitucional pero asegura que no es retroactivo” (El Nuevo Día 11-02-13)

¿Y ahora quién pagará los daños políticos, económicos y sociales, de los ciudadanos a quienes se les violaron sus derechos constitucionales? ¿Quién pagará el daño a sus familias? ¿Cómo se pagará la moral vilipendiada? ¿Quién pagará la violación a nuestros derechos humanos?

¿Quién pagará el daño que se le hiso a la democracia, violando la voluntad popular, en la elección de sus autoridades?

¿Qué sanciones tendrán los parlamentarios violadores de la Carta Magna y el propio Presidente Morales que la promulgó?

Artículo 137. II, de la Constitución reza”.- “Quienes violen los derechos establecidos en esta Constitución SERÁN OBJETO DE PROCESO PENAL por atentado contra los derechos” (incluso durante un régimen de excepción).

¿Claringo no?

Esta historia está en pleno desarrollo, veremos en qué termina. Aunque en el Estado plurinacional es muy predecible, quedará en nada, como el caso Ostreicher y red de extorsión del Ministerio de Gobierno, solo caerán los pinches.

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