Trato especial y diferenciado
El tema de la directiva del «retorno del inmigrante ilegal» es sin duda complejo. Para los europeos el problema no es solo sobre la necesaria definición de una estrategia de emigración como parte de las genuinas obligaciones políticas que los gobiernos comunitarios tienen y que igualmente deben tener la mayoría de los países del mundo. Pues también se trata de un derecho que a su vez tiene consideraciones de orden ético para las naciones que apliquen o no políticas públicas coherentes en esta materia.
Por ejemplo, las medidas de retaliación por parte de la UE son violatorias de acuerdos internacionales y de derechos humanos fundamentales. Penar a quienes, se desplazan ilegalmente es un exabrupto y a todas luces, es un retroceso para la Europa democrática, que se prevean aplicar medidas punitivas que incluye hasta la prisión para los ilegales. En ese sentido, el llamado de atención de los presidentes en la Cumbre de Mercosur es acertado. También lo es que los países suramericanos tomen medidas para ajustar esa gran deuda social que tienen con las emigraciones regionales. Muchos de nuestros connacionales tienen el derecho a reclamar la ausencia de políticas éticas con relación al tratamiento de su permanencia no legal en algunos de nuestros países. A lo largo de muchos años en Latinoamérica, también, hemos aplicado políticas discriminatorias y maltratos que dejan por lo demás mucho que decir sobre todo cuando se trata de ciudadanos de naciones con extraordinarios lazos culturales e históricos.
Aunque hemos hecho esfuerzos recientemente, el historial de muchos de los países de la región considerados receptores de emigración, como Argentina, Brasil, Chile y Venezuela, está lejos de cumplir estándares que dignifiquen las necesidades emigratorias de muchos vecinos de la región.
En el caso de la Unión Europea, considero, que están a tiempo de aplicar una política que rectifique por lo menos, parcialmente, elementos perversos de su nueva normativa, pero que más allá de otras consideraciones que se refieren a políticas preventivas necesarias para evitar situaciones graves internas producto de la una eventual emigración descontrolada, deberían, en el caso de Latinoamérica retribuir lo que ha sido una realidad histórica y es la de habernos convertido en receptores de una emigración europea sellada por diversas corrientes y realidades en distintos momentos de la evolución histórica reciente.
No se trata de pasar factura, sino de ser consecuentes con la historia. Es por ello que un llamado a un «trato especial y diferenciado» hacía la región tiene todo el sentido. Europa, al igual que ha sido para Estados Unidos, se fortalecería tanto económicamente como culturalmente con una mayor presencia de latinoamericanos. Europa no puede ser paladín de una visión democrática de la lucha por los derechos humanos y gestora de una gran nación que busca la integración de sus distintas nacionalidades, mientras se convierte a la vez en una región que excluye a seres humanos provenientes de las mismas regiones que ellos poblaron y que en sus momentos de tragedia fueron recibidos con los brazos abiertos. Europa necesita de inmigrantes por su débil fecundidad. Si quiere ser universalista deberá ser respetuosa de los contingentes humanos que atrae.
