Reflexiones en medio de la tempestad
La crisis política de Honduras invita a importantes debates y reflexiones al cual poco contribuyen aquellas planteadas desde posturas ideológicas o viscerales.
En Honduras hubo un golpe con semblanza a los “tradicionales” que ocurrían en Latinoamérica en el pasado, incluyendo el muy sangriento de 1992 en Venezuela, hoy celebrado como “fecha gloriosa” por su perpetrador desde la presidencia de ese país. La ejecución a Manu Militari de la expulsión de Zelaya de Honduras sin un proceso político o judicial previo, obliga a definir lo ocurrido como un golpe, pero hasta ahí llega el paralelismo con los “tradicionales” del continente. A partir de la destitución de Zelaya se activaron todos los mecanismos constitucionales, y el congreso nombró a su aliado político y amigo de años, Michelitti, como presidente interino hasta las elecciones, tal como lo estipula la ley.
El debate sobre las causas del golpe – condenable como cualquiera, incluyendo el mismo que propiciaba Zelaya desde el poder al convocar un plebiscito aunque el Tribunal Electoral y el Parlamento lo declararon ilegal – ya es una historia más compleja, puesto que cualquier intento serio de análisis obliga a revisar las razones que condujeron al grave error de destituir al presidente por la vía de la fuerza y no por la de la legalidad. (El hecho de que Zelaya estaba propiciando un golpe al violar la constitución – lo que muchos politólogos catalogan como “neo-golpismos”, no justifica una solución inconstitucional, puesto que el remedio resulta semejante a la enfermedad.
Este es el contexto, el gobierno de facto de Micheletti, está pidiendo a la comunidad internacional, tomar en cuenta, puesto que la solución a la actual crisis requiere de un diagnóstico honesto que tome en cuenta sus antecedentes y matices. Días antes del derrocamiento de Zelaya, el Partido Liberal se deslindó de él, y en un documento público hizo saber que el congreso era la única instancia legítima para instruir al Tribunal Supremo Electoral a la convocatoria de un referéndum. También la Corte de Suprema y el parlamento alertaron a Zelaya que no tenía autoridad legal para plantear la solicitud de crear una Asamblea Constituyente, y mucho menos de buscar la reelección inmediata, como consta en dos artículos de la Constitución de Honduras.
Los militares nunca debieron implicarse en el conflicto, pero no se debe dejar de lado que fue el mismo Zelaya quien los involucró cuando los exhortó a tomar parte activa en “su revolución” y revelarse contra los dictámenes de las otras instituciones del Estado. Cuatro días antes del referéndum, por órdenes del jefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez, los militares se rehusaron distribuir el material electoral, y Zelaya lo destituyó sin aprobación del congreso. El general Vásquez fue restituido tres días después por la Corte Suprema, y en medio de esta lucho de poderes, horas después, ocurrió el golpe.
La mejor solución al conflicto pasa por una negociación en la cual todas las partes tomen en cuenta solo el interés de los hondureños y no los de sus aliados externos, tanto del norte como del sur de América. Un escenario podría ser que los antiguos camaradas, Zelaya y Micheletti, acuerden que un presidente interino neutral conduzca a buen puerto a una transparente elección el 29 de noviembre. El otro escenario es el propuesto por el presidente Arias y la OEA, pero eso no resolverá la tensión y los miedos de las partes en disputa, amén de que a los mediadores no les corresponde imponer, sino sugerir y terciar en la resolución del conflicto.
En un continente en donde se ha vuelto costumbre exaltar retóricamente “la democracia” y “la soberanía”, sin respetar ambos conceptos en la práctica, sería estupendo que la crisis de Honduras se resuelva de una manera que deje un precedente, para golpistas militares y también para los civiles en el poder, de que la democracia no solo consiste en elecciones y respetar los períodos presidenciales, sino también, en la garantía de la libertad de todos, en especial de disidentes y minorías, y en el respeto absoluto de la ley.
