Reacción ante los peligros en las cárceles españolas
Hace veinte años que trabajo como voluntario social en Centros penitenciarios españoles. También conozco la situación en más de dos docenas de cárceles en países de América Latina y de África. Pero hoy quiero referirme al incremento de los suicidios y de las muertes por sobredosis de droga en las prisiones españolas.
Los datos son alarmantes: 30 presos se han quitado la vida en las cárceles este año; en 2004 hubo 40 suicidios, 12 más que en 2003. El año pasado murieron 180 reclusos, 40 de ellos se quitaron la vida, 33 murieron por sobredosis, dentro de la cárcel, sí, y 31 que ya entraron enfermos del sida, lo que fuerza a preguntarnos si la prisión era el local idóneo para estos enfermos.
Las cárceles españolas tienen hoy día casi el doble de presos que en 1990: más de 61.000 repartidos en 77 prisiones. El aumento sostenido de la delincuencia, el endurecimiento de las penas, el castigo de nuevos delitos y la demora en la edificación de nuevas cárceles están sobrecargando el sistema penitenciario. Pero aún no hay una buena explicación sobre por qué España tiene la tercera tasa más alta de presos por habitante de la UE.
En un interesante reportaje de Pablo Ordaz se ofrece el testimonio de un recluso español que habla en un lenguaje claro y directo: »La gente viene muy rallada de fuera, se meten de todo, viven la aventura, son unos héroes en su barrio y luego llegan aquí y se les cae el mundo encima. Sobre todo cuando se dan cuenta de que la aventura les va a costar siete años de una condena que tendrán que comerse entera. La juventud de hoy no está preparada para el fracaso. Se derrumban. Y además, los psiquiátricos se cerraron y todos los que están mal vienen a parar aquí». También todos los años, hay muertes violentas.
Las cárceles no tienen reservado el derecho de admisión. Todo cliente enviado por los jueces halla acomodo, por el tiempo que sea. El ritmo de aumento de la población penitenciaria (un 3,2% en lo que va de año), sin cárceles nuevas aún, ha llevado a la directora de Instituciones Penitenciarias, a plantear una reflexión: «Ha llegado el momento de que la sociedad supere la idea de que las prisiones son el destino inevitable al que están abocadas todas las personas que llegan a vulnerar las normas penales». ¿Cómo es posible que España tenga la tercera mayor tasa de población reclusa, 144 presos por 100.000 habitantes, muchos más que Francia o Italia? El Reino Unido, donde el total de presos crece en 250 personas por semana, se pregunta lo mismo. Ambos países construyeron 13 cárceles cada uno entre 1996 y 2003, con 18.500 nuevas plazas en el caso británico y 10.027, en el español. Y ya están llenas.
Muchos expertos coinciden en que la causa fundamental del imparable aumento de reclusos está en el endurecimiento de las penas del Código Penal de 1995, reforzado aún más en 2003; las dificultades en el acceso al tercer grado y a la libertad condicional; la introducción de nuevos delitos de peligro abstracto; un cierto abuso de la prisión preventiva y la mayor presencia de delincuentes llegados de otros países.
Incide el cambio que se ha operado en España de una sociedad pre industrial a una tecnológica, algo que no se sabe aún bien cómo se ha encajado. Asimismo, el crecimiento de la población y de la delincuencia foránea («no de la inmigración, que es gente que viene a trabajar, no a delinquir») ha contribuido a la situación actual. Con las normas más duras se crea un ambiente de inseguridad, y para los jueces es más fácil justificar una prisión preventiva que la libertad.
En la UE hay un debate sobre la flexibilización del sistema que aún no ha llegado a España, en el que se tiende a una apuesta fuerte por las penas alternativas, las libertades condicionales, la semilibertad, el cumplimiento de penas en centros de deshabituación por parte de los toxicómanos, las medidas telemáticas y los trabajos en beneficio de la comunidad. Todo ello combinado con medidas sociales que atajen las causas del delito».
Recordemos que el 70% de los presos está en la cárcel por delitos de narcotráfico y contra el patrimonio, muchas veces asociados. Si un delincuente drogadicto se deshabitúa, posiblemente no volverá a delinquir, porque la causa del delito desaparece.
Los expertos coinciden en que para los delitos graves, para las condenas de larga duración, no hay alternativa. Habría que reservar la cárcel para los delitos más graves. Sólo con cumplir la ley, para que se permitiera el acceso a la libertad condicional de quienes han cumplido las dos terceras partes de la pena, se liberarían miles de celdas, tomando las medidas necesarias para prevenir la reincidencia.
Fuente:
Centro de Colaboraciones Asociadas