Preocupante crisis en Ecuador
No es la primera vez que los desbalances de la economía confrontan al Gobierno de Jamil Mahuad con la sociedad ecuatoriana, sumida en otra alarmante crisis política y social que amenaza no sólo la estabilidad del vecino país, sino también la consolidación de los procesos integracionistas subregionales.
Lo último en este capítulo ha sido un gran desasosiego social, que se expresa en paros y manifestaciones, así como en pedidos de renuncia del presidente Mahuad. A esto, el Ejecutivo ha respondido con la iniciativa de dolarizar la economía, en un desesperado esfuerzo por anclar el sucre, que en el último año se ha devaluado en casi 200 % respecto del dólar. No obstante, se ha encontrado con la reticencia del Banco Central de Reserva -entidad autónoma encargada de defender la moneda ecuatoriana- a legitimar tal medida.
Ya los disturbios callejeros producidos en julio del año pasado ratificaron la urgencia de encontrar salidas para enfrentar problemas que tienen, en gran parte, raíces estructurales y que, por lo tanto, no podrán solucionarse en el corto o mediano plazo; menos a través de políticas populistas.
No obstante, la dolarización tiene también sus riesgos, por lo que debe ser manejada cautelosamente e insertarse dentro de un programa estabilizador y reactivador coherente.
El Gobierno tiene, así, el reto de aplicar medidas efectivas para responder a estadísticas críticas: una inflación de 60,7% en 1999, la más elevada en Latinoamérica; una contracción económica de entre 7% y 11%; la alarmante la caída de los sueldos; el incremento del desempleo 17% y de la tasa de pobreza 62,5%; a lo que se agrega una devaluación de índices históricos.
Confluyen en esta prolongada crisis económica las consecuencias del fenómeno de El Niño y de la coyuntura financiera internacional, así como la dependencia del país respecto a los fluctuantes precios del petróleo (principal producto de exportación). Males que llevaron al BID y recientemente al FMI a ofrecer ayuda para llevar adelante el programa de reformas prometido por Mahuad.
Sin embargo, todo indica que cualquier apoyo internacional está condicionado a ciertas acciones de estabilización interna, cuya aplicación requiere del consenso de la clase política para afrontar el turbulento panorama económico y social que vive el país.
Asumir esta responsabilidad con decidida voluntad política permitiría no sólo devolver al Ecuador la tranquilidad que requiere en esta difícil coyuntura, sino garantizar el mantenimiento de la democracia representativa y, con ello, la seguridad regional.