Notas sobre el problema del poder en Colombia
1.- Introducción
Colombia fue en el pasado un modelo de estabilidad política y económica para América Latina. A pesar de la presencia de grandes desigualdades regionales y de una guerrilla producto de interminables conflictos armados, el país tuvo más de treinta años transitando por una democracia representativa y unas relaciones cívico-militares consideradas como un ejemplo para la región. ¿Por qué entonces en estos últimos años, esta nación ha conocido tantos problemas políticos, una caída de su economía y una ruptura del monopolio de la violencia legítima?. Sería aventurado abarcar como un todo estas interrogantes. Es nuestro propósito concentrarnos en el último elemento, el de la competencia estatal y para-estatal por el poder militar, el de un encuentro entre varias Colombia con poder de fuego.
La literatura sobre las Fuerzas Armadas y la guerrilla latinoamericanas es abundante y variada. Algunos como Schmitter, Malloy, O’Donnell y Linz se preocuparon por lo que denominaron el Estado Burocrático Autoritario, una formula para entender el corporativismo estatal de varios regímenes cívico-militares en la región. Otros como Wiarda, Blasier y Domínguez enfocaron sus estudios hacia el área de las relaciones cívico-militares. El resto, como Gott, Mujal-León y Smith estudiaron las relaciones entre los Estados Unidos con América Latina como una clave para entender el papel de las fuerzas armadas y la relación de la guerrilla con el movimiento marxista mundial. El resto de los autores se concentraron en los estudios sobre la democracia y sobre los aspectos electorales. Ni unos ni otros abarcaron, con honradas excepciones, el estudio del problema de la violencia legítima. O se enfocó a la guerrilla como un movimiento que atentaba contra ese monopolio, o bien se partía de la base que ese factor fundamental en la constitución del Estado se reservaba a las Fuerzas Armadas de cada uno de los países.
Ahora bien, dados los cambio globales, la proliferación del mercado de armamentos, la transnacionalización de actividades paramilitares, las nuevas concepciones sobre la guerra no nuclear y la cada día menor fuerte separación entre los escenarios de guerra y su impacto en la población civil, van marcando un nuevo tipo de relación mucho menos rígida entre la jurisdicción pública y el control ilegal de espacios y formaciones socioeconómicas,
El caso colombiano es ejemplar. Para un observador ortodoxo, el hecho de que convivan, se transmuten y hasta se mezclen la autoridad del Estado con la autoridad de facto de los movimientos guerrilleros puede ser interpretado como un acto de debilidad por parte del gobierno constitucional o como la afirmación más contundente de las limitaciones para el avance del movimiento armado. Si embargo, un análisis más detallado permite dilucidar como esas plurales Colombia en realidad es una que se manifiesta cotidianamente. No escapa a esta realidad el hecho de que el colombiano común se desdobla en sus lealtades políticas y en sus actividades económicas, cultivando así un apego multivariado, conexo y confuso.
Por ello, tal como se trata más adelante de profundizar, la tesis sobre el rompimiento del monopolio de la violencia en Colombia por parte de los movimientos guerrilleros y otras manifestaciones de la violencia no son exactas. De hecho, este monopolio no existe de forma efectiva, al menos desde la década de los cincuenta del siglo pasado, y lo que hay de hecho es un “condominio” del poder de fuego, un condominio que logró un equilibrio por varios años, pero que luego de la aparición del narcotráfico y de la generación de los asentamientos guerrilleros dentro del esquema maoísta de la guerra prolongada, perdió tal condición. En nuestros tiempos, ya no se está planteando la vuelta a ese equilibrio sino la recuperación del monopolio de la violencia legítima por parte del Estado, sea ya por el triunfo del Estado colombiano, la captura de este por los alzados en armas o la fusión de esas varias Colombia.
En este trabajo se aspira a analizar este tránsito desde un condominio hacia la separación de dos entes políticos-militares que están luchando por el control del poder en Colombia. Para ello, se ha dividido este ejercicio en cuatro partes. Una introducción, la cual estamos esbozando, el análisis las condiciones internacionales y el estudio de las condiciones internas en donde se rompe el llamado condominio de fuerzas, y, desde luego, unas conclusiones generales.
2.- El Contexto Internacional.
Tanto en América Latina como en el resto el mundo la desaparición de la Guerra Fría significó no solo la ruptura del mundo bipolar nacido en Postdam, sino también la aparición y el desarrollo de nuevos actores multilaterales y transnacionales que comenzaron a usurpar, compartir o a cubrir acciones que de suyo eran de carácter público.
En este marco, el desarrollo de los actores multilaterales y de los actores transnacionales significó una competencia para las actividades estatales en el momento en que estas fueron usurpadas o simplemente suplantadas por otros actores. En la medida en que se daba este proceso, tanto analistas como decisores comenzaron a plantear la necesidad de construir una nueva “caja de herramientas” capaz de entender como la Razón de Estado y todo el esquema moderno del control político estatal estaban dando lugar a la aparición de procesos independientes que a la a la vez estaban interelacionados con la acción estatal. En este sentido, lo paraestatal no solo es comprendido como algo distinto a lo estatal, sino más bien como un proceso que tiende a limitar la presencia del Estado como actor fundamental.
Desde luego que esto también significa el impulso de una agenda internacional cambiante que incluye a una serie de temas políticos no tradicionales como son el del ambiente, los derechos humanos, el terrorismo y otros de carácter comercial que de alguna manera influyen en la complejidad creciente de las relaciones internacionales.
Dentro de estos cambios, destaca la proliferación de guerras civiles que no se limitan a un espacio nacional, sino que más bien tienen una intima relación con los cambios globales, y con los actores no estatales de carácter global; lo que va desde el uso y la competencia por el control de los medios de comunicación globales, pasando por el internet, las redes financieras no institucionales, las redes de ventas de armas y la utilización mutua de las organizaciones multilaterales y no gubernamentales globales para sus beneficios particulares. De hecho, las guerras civiles de fin de siglo son elementos del cambio global, y sus actores en cualquier parte del mundo se sienten como participantes en la globalidad.
La crisis del Estado como actor internacional, sus debilidades contemporáneas, la aparición y el desarrollo de actores transnacionales y la complejidad de temas en la agenda , son entre otros aspectos, las formas en que los conflicto interno de un país se concretizan, y en donde a la par de la debilidad institucional surgen formas alternativas de orden. Claro está, este orden, que los tratadistas llaman ordenación para diferenciarlo de la racionalidad organizacional, tiene su propia dinámica que a veces, como pasa en Colombia comparte áreas de acción con el Estado. Así que desde un punto de vista práctico, la vieja dicotomía entre el ciudadano y el no ciudadano, (entendiendo el primero como una referencia a formar parte del Estado de Derecho, y al segundo con relación a lo ilegal, a lo no reconocido por el derecho positivo), no tiene sentido en el mundo actual. El ser humano hoy, no es ciudadano sujeto tan solo a un esquema de derechos y obligaciones derivadas de una constitución. Es eso, pero también sus niveles de adscripción son paraestatales, religiosos, económicos, ideológicos, de lealtades a un jefe, a una casta; o como pasa en las guerras civiles, a un partido, a una dirección política – militar, a un ejército.
La confusión de roles, la confusión en torno a las adscripciones y la carencia de una visión dicotómica sobre lo que es sujeto de derecho público de lo que no lo es, va generando entonces una confusión teórica y un serio obstáculo metodológico para conocer un proceso político como el colombiano.
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Desde el punto de vista teórico, el problema fundamental es el de apreciar las mejores herramientas para analizar un proceso que tiene su patrimonio histórico especifico, pero también sus redes con los procesos globales. En este sentido, aproximaciones como el realismo que privilegia el Estado como actor internacional, el interés nacional y el equilibrio de poder, no tienen cabida, como no lo tienen también los enfoques económicos de la interdependencia que privilegia las políticas económicas y comerciales de los Estados, ni tampoco la perspectiva sistémica
Desde este punto de vista, queda entonces discernir sobre la posibilidad de un esquema ecléctico que tomando en cuenta la separación entre lo interno y lo externo brinde la posibilidad de entender el fenómeno colombiano como un buen ejemplo de lo interméstico.
De esta forma, cabe destacar al menos cuatro desarrollos en relación a este concepto. En primer término, la aparición y crecimiento de una red multilateral en donde la organización de las Naciones Unidas juega el papel principal, institución que tiene diversos lazos con factores del Estado colombiano y de la sociedad civil. Cabe destacar las vinculaciones con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y diversas agencias de Naciones Unidas como ACNUR. En segundo lugar, las vinculaciones de organizaciones no gubernamentales internacionales con organizaciones no gubernamentales colombianas, destacándose la Cruz Roja, diversas agrupaciones de derechos humanos, y de defensa y protección de los refugiados y también organizaciones nacionales extranjeras y programas de ayuda multilaterales, todo lo cual hace de Colombia un país receptor de ayuda externa mutivariada. A esto hay que agregar la tradicional vinculación transnacional entre los sectores de negocios colombianos y empresas multinacionales que coexisten en forma paralela con el proceso de la violencia.
No puede dejarse de mencionar el papel internacional que tiene los Estados Unidos en el drama colombiano. Colombia se está convirtiendo en un “test case” de tres programas estratégicos norteamericanos como lo son: el combate al narcotráfico, la lucha por los derechos humanos y el sostenimiento de las democracias en el hemisferio. En este marco cabe destacar como el “Plan Colombia”, programa de desarrollo presentado por el Presidente Pastrana está fuertemente financiado por el gobierno norteamericano. De concretarse la ayuda norteamericana, esto sería un reto para el resto de los países de la región por que significaría una relación especial entre los dos países y con consecuencias para el equilbrio de fuerzas militares. También hay que destacar la atención prestada por parte de gobiernos europeos y latinoamericanos al proceso colombiano, en la forma de asistencia financiera, facilitación de recursos y espacios para la conversaciones de paz y de ayuda a la población civil afectada por la violencia.
3.- El Contexto Nacional.
La literatura de ciencia política comparada de América Latina no fue generosa con el caso colombiano. De hecho, se reconocía que la democracia colombiana era de carácter restrictiva, “de caballeros”, regulada por unos partidos políticos poco organizados, sumatorias de caudillismos y clientelismos regionales, con poca particiapación, y en donde el sector público estaba debilitado dada la independencia la economía y la presencia de corrientes políticas poco centralizadas. En este contexto, la violencia en Colombia se entendía como un reto a un Estado idealizado que se suponía funcionaba en toda su extensión. Recientes análisis sobre el caso colombiano dan cuenta de una realidad distinta en la cual predomina una visión menos dicotómica sobre el caso que nos ocupa. De hecho, se plantea que esa separación entre una democracia pactada y exclusiva y la pretensión de derrocarla por la vía armada no fue tal, y que en cierta forma, la política de Bogotá representaba y representa ahora tan solo una jurisdicción mucho menos extensa de lo que se creía. Es dentro de este proceso en que se observa que varias zonas del territorio colombiano nunca se sintieron parte del país, otras zonas simplemente no tenían el contacto regular con la capital, y de cierta manera el Estado coexistía con grupos armados, redes clientelares, cacicazgos que si bien reconocían la autoridad nacional, en la práctica conservaban sus privilegios.
En función de lo anterior, en el caso colombiano se encuentran tres espacios políticos que se retroalimentan. Estos tres espacios son: 1) la elite política civilista que se encuentra fundamentalmente en Bogotá y que ha acaparado por décadas la institucionalidad colombiana, los poderes nacionales, la representación diplomática y las redes empresariales. El Presidente Andrés Pastrana representa por su biografía, por su lenguaje por sus actitudes esta clase de dirección. 2) Un segundo espacio lo encontramos en el fenómeno de la violencia, en donde convergen los grupos guerrilleros, las FARC, el ELN, el EPL, sectores terroristas urbanos, los paramilitares tanto en su expresión rural como urbana, los sectores armados que tiene el narcotráfico, y desde la óptica institucional, las fuerzas armadas colombianas y la policía nacional y municipal. El comandante guerrillero, “el Mono Jojoy” representa este sector. 3) Un tercer espacio político lo representa la sociedad civil colombiana, sector que se encuentra oscilando entre apoyar a la violencia o la institucionalidad y que sospecha de ambas, trabaja a veces para ambos espacios, se confunde con ellos; y que a la vez ni la guerrilla ni el gobierno la ve con buenos ojos y confianza plena. Un excelente representante de estos sectores es el empresario Pedro Gómez .
¿Qué ha pasado entonces en los últimos años en relación a estos tres espacios?. Lo que ha pasado es que estos tres espacios, que son espacios de poder material y de poder inmaterial (opinión, contactos internacionales, respaldos simbólicos), no solo se han venido sosteniendo con apoyo internacional sino que también se han enredado nacionalmente “romboidalmente”, confundiéndose, retroalimentándose, y sobre todo rompiendo el condominio del cual hemos hecho mención. Ahora bien, los intentos de pacificación, tanto los referidos a las treguas militares, zonas liberadas, intercambios de prisioneros, liberalización de secuestrados, como los de concertación programática y la búsqueda de un consenso sobre un programa común de desarrollo, parten de la base de lograr la fusión de los tres espacios más que a la desaparición de dos de ellos.
Frente a esto y retomando nuestro propósito original, el problema del poder político en Colombia debe observarse con base a esta reflexión: el eventual logro de una paz duradera en ese país supone la cesión de parcelas de poder por parte de estos tres espacios y descarta la salida militar, es decir de vencedores y vencidos. Esto si se sigue la metodología planteada en las negociaciones, aunque no sea el único camino.
Ciertamente, no es el único camino. Los Estados Unidos en su apoyo militar a las Fuerzas Armadas Colombianas parte de la premisa de lograr la superioridad militar para atacar tanto a la guerrilla como al narcotráfico. Siguiendo un modelo que no cristalizó en la guerra de Vietnam, el de “captura en círculos” de los brotes guerrilleros, se entiende a las conversaciones de paz como un instrumento para ganar tiempo, pero no más que eso. De hecho, en algunos círculos militares colombianos y norteamericanos se considera que el Presidente Prastana ha dado algunos síntomas de debilidad al aceptar la concreción de “zonas de despeje” en varios puntos del territorio colombiano.
La posición norteamericana, que se está desarrollando a mediano plazo con un fuerte apoyo financiero y material a las Fuerzas Armadas Colombianas, presenta vario peligros para la búsqueda de la paz en Colombia. Por un parte, la posible militarización del conflicto, lo cual hace también, como está pasando, que la guerrilla reactive sus operaciones de hostigamiento, captura de pueblos y de sitios públicos, secuestros y otras modalidades terroristas. Así se tiene un despliegue militar y una violencia guerrillera conjuntamente con unas conversaciones de paz, sin tregua, paralelas. El segundo peligro está en la posibilidad de perder la guerra sino se tiene el apoyo de la población.
4.- Conclusiones: ¿Hay una salida para Colombia?.
Esta no es una pregunta tonta ni muchos menos abstracta. Varios sectores dentro y fuera de ese país la elaboran a diario. Pero lo más importante para contestar esa interrogante es preguntarse ¿de qué Colombia se está hablando?. Si es la Colombia institucional, la salida está en mantener esta especie de democracia representativa restringida que cada día representa menos al país como un todo y que de cierta manera ya no es compacta, dada las múltiples vinculaciones que existen entre esa Colombia institucional y los movimientos guerrilleros. Si es la Colombia de la violencia, el equilibrio de fuerzas y los variados escenarios en que se desarrolla complica la certeza de una solución final de carácter militar, aún con la ayuda norteamericana. Si es la Colombia de la sociedad civil, es casi imposible que ésta liderase el camino a la pacificación. Sus canales con la Colombia institucional y la Colombia de la violencia y la carencia de un apoyo militar hace que este espacio no tenga la fuerza suficiente para terciar en el proceso.
Si esto es así, entonces ¿cuál es la salida?. Por lo momentos es difícil pronosticar una salida para el problema del poder en Colombia. Los espacios se están encontrando, hay diversas propuestas, unas de concertación, otras de antagonismo, el monopolio de la violencia legitima no está claro y no se avisara un cambio de rumbo por la presencia de la ayuda militar. Antes por el contrario, la Colombia institucional puede verse amenazada por el avance del militarismo y de la hipótesis de guerra total y de solución final.
A nuestro modo de ver, el escenario del “condominio” estará presente todavía, al menos por el resto del año, agudizándose los combates entre guerrilleros y fuerzas armadas, despejándose áreas, incrementándose las tomas de pueblos y de sitios públicos y los secuestros, en fin la violencia. Al mismo tiempo, el gobierno se ve tentado a abandonar las conversaciones de paz y de restearse por la tesis de la solución final.
Lo que si es cierto es que el caso colombiano brinda la oportunidad de observar como la Razón de Estado, como la política y el Estado, como las instituciones y los conceptos derivados de ésta como la soberanía, la ciudadanía y el monopolio de la violencia legítima se están cuestionando en el proceso político actual y como se está planteando en Colombia un proceso de descomposición política y militar que puede llevar al fraccionamiento del país.
Es en esta dimensión en donde cabe preguntarse en donde está el centro del problema del poder en el caso colombiano. De acuerdo con nuestra línea argumental, está en la redefinición del tema de la violencia legítima. Hay tres posiciones al respecto. La que plantea que es el gobierno de Pastrana el que tiene el derecho a ese monopolio, por tanto la pacificación pasa por el desarme de los movimientos guerrilleros y otros grupos violentos; la que supone que los movimientos guerrilleros deben continuar la lucha hasta apoderarse del Estado colombiano, y la que plantea que debe buscarse la unidad entre las tres Colombia a fin de relegitimar al Estado.
(%=Link(«http://analitica.com/buscar/default.asp?q=Colombia»,»Colombia en Venezuela Analítica»)%)
