Los más inteligentes, primero
Sólo los extranjeros con un fuerte potencial de inteligencia, de preparación y de capacidad de trabajo serán desde ahora admitidos como inmigrantes en Francia. De acuerdo con el anteproyecto de ley del Ministro del Interior Sarkozy, se endurecen las condiciones de estancia para extranjeros y se hace un llamamiento a la fuga de cerebros de los jóvenes mejor preparados de los países del Sur, sobre todo, de aquellos que ya cursan sus estudios en Francia. Lo que era una práctica positiva para la preparación de los jóvenes africanos en las antiguas metrópolis con el fin de modernizar las naciones emergentes, se ha convertido en una trampa mortal ante el declive de los jóvenes franceses necesarios para asegurar el cambio en los puestos de trabajo y de enseñanza. Esta ausencia de recambio se debe a la crisis demográfica y también a una indolencia de muchos jóvenes en una sociedad consumista, hedonista y responsable de la caída de los valores, del esfuerzo y de la ilusión necesarios para integrarse en una empresa social común y solidaria. Con enorme torpeza se les ha hecho creer que tienen derecho a todo sin esfuerzo alguno, a contestar la autoridad de sus profesores y que pretenden sustraerse a las exigencias de una sociedad bien organizada. En la sombra, acechan unos padres obsesionados por el sofisma de que “cuanto más, mejor” y de que sus hijos deben crecer en una burbuja del máximo confort con la menor exigencia personal posibles, aunque les conduzca a un autismo y a una pobreza mental desintegradores.
El nuevo título de residencia se entregará sólo “a los extranjeros capaces de participar, por sus capacidades y talentos, de manera significativa y duradera en el desarrollo de la economía francesa y en el esplendor de Francia en el mundo o que contribuya al desarrollo de su país de origen”. Su duración será de tres años renovables. Se trata de una forma explícita de atraer una mano de obra extranjera cualificada para suplir las carencias francesas. El primer ministro Villepin no ha vacilado en respaldar esa iniciativa para activar el paso de una inmigración “padecida” a una inmigración “seleccionada”. Lo podrán decir más alto pero no más claro.
En primer lugar, se dirigen a los estudiantes extranjeros en Francia y a otros previamente seleccionados en sus países de origen mediante unas campañas de captación bien organizadas. A los titulados en Francia se les permite ampliar su residencia en el país durante seis meses para facilitarles la búsqueda de trabajo. Otra regla que va a transformar lo establecido se refiere al reagrupamiento familiar que distinguirá entre los “talentos comprobados”, que podrán hacer venir a su familia al cabo de seis meses, mientras que para los otros el plazo se alarga hasta los dieciocho meses. Asimismo, todos deberán justificar recursos suficientes y disponer de un alojamiento digno “que permita la inserción”. El problema radica en quiénes y cómo establecen los requisitos de selección. Podrán convertirse en arbitrarios y excluyentes, injustos e inhumanos, como en su día lo fueron para seleccionar a la mano de obra africana según su fuerza muscular, el estado de sus dientes, la ausencia de defectos físicos y la integridad de su aparato productor. Mientras que para las mujeres se prefería que ya fueran embarcadas cuando estaban embarazadas para así amortizar mejor los riesgos y costes del viaje en aquellos horrendos barcos de los tratantes de esclavos.
También regula las uniones entre franceses y extranjeros para evitar los “matrimonios blancos” realizados para facilitar la residencia. Por último, se exigirá un dominio suficiente de la lengua francesa lo cual será de gran importancia para los inmigrantes que no procedan del África francófona, como los latinoamericanos.
Otro punto que ha sublevado por su rigor a las asociaciones de residentes es la restricción en la admisión de extranjeros enfermos. El citado anteproyecto establece que sólo los extranjeros que lleven un año de residencia en Francia tendrán derecho a “cuidados urgentes cuya ausencia entrañaría riesgo de muerte”. Uno de los logros más significativos del Estado de bienestar, junto con las pensiones y la educación, como son los cuidados sanitarios para todos los residentes en el territorio nacional, con independencia de su estatus legal, se pondría por esta ley fuera de un auténtico estado de derecho. Una auténtica regresión de los derechos sociales conquistados.
El Presidente de la Comisión de la Unión africana, Alpa Oumar Konaré, ha denunciado esta discriminación a la que no vacila en calificar de “trata de cerebros” que significaría “un rechazo al derecho al desarrollo de los pueblos de África”, como en su día lo fue la “trata de esclavos” seleccionados en virtud de su fuerza física.
(*): Profesor de Pensamiento Político y Social (UCM). Director del CCS
(**): CCS®
