Ley y justicia en América Latina
Al final de la Edad Media, el inglés Henri Bracton fraguó el principio fundamental del Estado de derecho en la conocida máxima, que se encuentra inscrita parcialmente en la fachada de la facultad de derecho de la Universidad de Harvard: “Rex no debet esse sub homine sed sub Deo et sub lege quia lex facit regem”. Se trata de la primacía de la ley sobre el poder. No es el rey que hace la ley, sino es la ley que hace el rey. Actualizando la frase de Bracton, podríamos afirmar que el soberano hace la ley sólo si ejerce el poder supeditado a una norma del ordenamiento jurídico, y por eso es un soberano legítimo. Ejerce el poder de hacer las leyes en el marco de los límites establecidos por las normas constitucionales. El Estado de derecho, el “rechstaat” , es el Estado que tiene como principio inspirador la subordinación de todo poder al derecho, desde el nivel más bajo hasta el más alto, a través de aquél proceso de legalización de toda acción de gobierno que ha sido llamado: “constitucionalismo”.
En nuestro tiempo, todos los países más avanzados, aquellos cuyos ciudadanos disfrutan del más alto nivel de desarrollo humano, son democracias, economías de mercado y Estados de derecho. El antiguo debate de filosofía política entre el gobierno de las leyes y el gobierno de los hombres, magistralmente sintetizado por el gran politólogo italiano Norberto Bobbio:”Buen gobierno es aquél en el cual los gobernantes son buenos porque gobiernan respetando las leyes o es aquél en el cual hay leyes buenas porque los gobernantes son sabios”, ha sido ganado por el Estado de derecho. Ya no hay duda que el buen gobierno es el gobierno regido por leyes generales y abstractas que reducen el privilegio, la discriminación y sobretodo la arbitrariedad. En la actualidad, las naciones civilizadas de la tierra se ha caracterizan por vivir bajo el imperio de la ley y no de la voluntad del gobernante de turno, que aunque fuese ilustrada, si no está sometida a la ley, siempre es arbitraria. En América latina, amplios sectores, que se consideran pensantes, opinan que hay que respetar la ley, siempre y cuando sea conveniente a sus intereses o, en el mejor de los casos, cuando se adapta a su propia concepción de la justicia. Privilegiar la justicia sobre la ley es miope y sumamente peligroso. ¿Quien tiene el derecho de definir lo que es justo en cada situación? Si cada persona actuara sólo por su particular visión de la justicia, por encima de la ley ¿sería posible la convivencia civilizada? Se abriría, más bien la puerta a la anarquía. Sin ley, no hay justicia. Sin seguridad jurídica, sin reglas del juego estables y respetadas, tanto en la “arena” política como en la económica, no hay creación de riqueza, sólo distribución desigual de la pobreza.
