La advertencia del amigo
La semana pasada, en una más de sus tediosas apariciones televisivas, el teniente coronel Presidente contó que «un amigo» le había recomendado poner atención a las acusaciones que en su contra y contra su gobierno han sido presentadas ante diferentes organismo internacionales por sus violaciones a los derechos humanos. (EU, 07-05-09, Pág. 1-4). «Mire, Presidente -le habría dicho ese amigo- hágale caso a esto, porque si usted se descuida, no le extrañe que en alguna de esas Cortes le dicten un auto de detención un día de éstos».
El sólo hecho de haberse referido a eso públicamente indica que el consejo del «amigo» se le quedó grabado en el subconsciente y le causa preocupación. Casualmente la recomendación del «amigo» coincidió con nuevos pronunciamientos emitidos por importantes y prestigiosas instituciones cuya autoridad, objetividad e imparcialidad están fuera de cualquier duda no obstante el empeño descalificador del teniente coronel y de sus títeres.
Primero fue el Parlamento Europeo que el miércoles 6 de mayo adoptó una contundente resolución sobre la actualidad política venezolana.
La resolución pasa revista a las violaciones de la Constitución Nacional que comete el régimen; a los casos de Manuel Rosales, del general Baduel, de Antonio Ledezma y la agresiva campaña de acoso contra la Alcaldía Mayor; a la sentencia dictada contra los comisarios y los agentes de la Policía Metropolitana; a la ocupación militar de los puertos y aeropuertos; a la violación del principio de la alternancia y la imposición de la reelección indefinida mediante el forzamiento de una enmienda a la Carta Magna y a la negativa de permitir la visita a Venezuela de una delegación oficial del Parlamento Europeo.
En su parte dispositiva la resolución expresa su «enorme preocupación por el deterioro de la situación y la calidad de la democracia en Venezuela, que se encuentra en grave riesgo de colapso debido a la concentración de poder y al autoritarismo creciente ejercido por el presidente de la República»; manifiesta «su solidaridad con todos aquellos que sufren la persecución política en Venezuela, persecución que actualmente se simboliza en la persona de Manuel Rosales» y recuerda que la Carta Democrática Interamericana establece que «en democracia, junto a la indudable legitimidad de origen, sustanciada y obtenida en la urnas para acceder al ejercicio del poder, ha de existir igualmente una legitimidad de ejercicio, que ha de venir refrendada por el respeto a las normas de juego establecidas, a la Constitución vigente y a las leyes y al estado de derecho como garantía de un funcionamiento plenamente democrático».
El Parlamento Europeo termina haciendo un llamado a las autoridades del país «especialmente al presidente de la República para que encamine su acción política por la vía del diálogo, del respeto del estado de derecho y de la legalidad constitucional». Además insta al Gobierno a cumplir los acuerdos sobre derechos humanos de los cuales Venezuela es Parte.
Finalmente el PE encargó a su presidente transmitir el texto de esa resolución al Consejo de Europa y a la Comisión de la Unión Europea, al Secretario General de la OEA, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, al Parlamento de Mercosur y al gobierno y a la Asamblea Nacional venezolanos.
El día siguiente, jueves 7 de mayo, el mismo Parlamento Europeo aprobó otra resolución sobre el Informe relativo a la situación de los derechos humanos en el mundo, en cuyo párrafo 85 expresa su preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela y por lo ataques y actos de hostigamiento contra diversas organizaciones de defensa de derechos humanos y pide al gobierno que actúe para proteger las libertades y los derechos democráticos y el Estado de Derecho.
Luego fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuyo Informe correspondiente al 2008 incluye en su capítulo VI un extenso y pormenorizado análisis de la situación venezolana para concluir recomendando al Estado venezolano, entre otras cosas, que se abstenga de estigmatizar a los defensores y a las organizaciones que defienden los derechos humanos; que adopte medidas para promover la tolerancia y el pluralismo en el ejercicio de los derechos políticos; que adopte medidas para garantizar la independencia e imparcialidad de los jueces; que adopte medidas para impedir las violaciones del derecho a la vida y a la integridad de las personas y garantizar la seguridad de la ciudadanía; que adopte medidas para asegurar el derecho a la vida y la integridad de las personas privadas de libertad.
De nada valen los improperios, descalificaciones y amenazas con las cuales ha reaccionado el teniente coronel presidente contra las instituciones que han hecho esas constataciones y pronunciamientos y mucho menos que las mande al «cipote». Estos documentos vienen a engrosar el ya voluminoso expediente que la comunidad internacional viene creando con las evidencias de la conducta antidemocrática del teniente coronel Presidente que, tarde o temprano, llegará a las instancias judiciales internacionales de que habla su «amigo».
No en vano el Parlamento Europeo recuerda que no basta la «legitimidad de origen» para avalar la naturaleza democrática de un gobierno. Esa legitimidad tiene que estar avalada con un desempeño igualmente legítimo, respetuoso de la Constitución y del Estado de Derecho.
