Intentan dar Legitimidad Política al Secuestro
Las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo), fueron fundadas en 1964—cuando gobernaba en Colombia el Presidente Guillermo León Valencia Muñoz (1962-1966), como un brazo armado del Partido Comunista de Colombia, con el objetivo de derrocar al gobierno democrático libremente elegido por el pueblo colombiano y reemplazarlo por una dictadura socialista similar a la aún existente en Cuba—siguiendo la estrategia política del “Foco Guerrillero” ideada por Ernesto Guevara de la Serna; alias “el Che Guevara”. Sin embargo—al igual que todo otro movimiento guerrillero marxista—exceptuando al cubano—las FARC han fracasado en lograr sus objetivos políticos, como lo prueba la elección democrática de diez gobiernos democráticos que lograron traspasar el poder público—y ejercer la totalidad de sus períodos de gobierno en Colombia—a pesar de la existencia de las FARC y de otros movimientos guerrilleros—a sus sucesores electos presididos por las siguientes personas: Carlos Lleras Restrepo (1966-1970); Misael Pastrana Borrero (1970-1974); Alfonso López Michelsen (1974-1978); Julio César Turbay Ayala (1978-1982); Belisario Betancur Cuartas (1962-1986); Virgilio Barco Vargas (1986-1990); César Augusto Gaviria Trujillo (1990-1994); Ernesto Samper Pizano (1994-1998); Andrés Pastrana Arango (1998-2002); y Álvaro Uribe Vélez (2002-2006)—este último Presidente de Colombia fue reelecto para gobernar por otros cuatro años más—los que aún no culminan (2006-2010).
Y las FARC no van a conseguir los “objetivos político-estratégicos” establecidos por el Che Guevara, porque son una total falsedad los “cimientos” en los que se fundamentan esos objetivos: que un movimiento guerrillero (a) “es capaz de derrotar militarmente a un ejército convencional” y (b) “como lo hizo en Cuba”.
Es una total falsedad; porque la Revolución Cubana dirigida por Fidel Castro no fue capaz de derrotar militarmente al ejército regular del dictador Fulgencio Batista, sino que su derrocamiento sólo fue posible, porque unidades enteras del ejército convencional de Batista, se fueron pasando paulatinamente al bando guerrillero de Castro—junto con todas sus armas y pertrechos—y en Nicaragua, donde el movimiento guerrillero marxista; Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), le puso fin en 1979 a la Dinastía Somoza [Anastasio Somoza García [1937-1947); Luis Somoza Debayle (1956-1963); y Anastasio Somoza Debayle (1967-1972 y 1974-1979) ]—porque el entonces gobierno estadounidense; presidido por Jimmy Carter, le retiró el apoyo a la dictadura nicaragüense, luego de que se descubriese el “Escándalo Irán-Contras”—que consistió en que el anterior gobierno estadounidense de Ronald Reagan financiaba a los grupos contra-revolucionarios de Nicaragua con las ganancias obtenidas de la venta secreta de armas a Irán—posiblemente para lograr la liberación de los 66 rehenes estadounidenses hechos cautivos en la embajada de USA en Teherán por estudiantes iraníes, al ser derrocado el Sha de Irán; Mojámed Reza Palevi, y regresado de su exilio en Francia el Ayatolá Rujolá Musaui Jomeni—y de igual manera, Carter dejó de suministrarle armas y pertrechos militares a la dictadura somocista, por lo que el ejército regular de Nicaragua literalmente se quedó sin municiones—mientras que el FSLN era abundante y regularmente abastecido por la Unión Soviética a través de Cuba.
En la década de 1980 las FARC comenzaron a involucrarse directamente en la producción y tráfico de drogas ilícitas—lo que motivó su separación del Partido Comunista Colombiano—y aunque las FARC fundaron un “nuevo, Partido Comunista en la Clandestinidad”—y verbalmente se mantienen firmes en sus objetivos socialistas, en la práctica se han convertido más bien, en algo más parecido a una organización criminal dedicada al uso de la extorsión, el secuestro, los atentados terroristas y la producción y tráfico internacional de drogas ilícitas—como actividades lucrativas—y el actual montaje mediático que explota el dolor y la desesperación de los familiares de las muchas personas secuestradas en manos de las FARC—lo que pretende es lograr que se reconozca al atroz delito del secuestro como una actividad política legítima—y de cuyo ignominioso hecho no tardarán en avergonzarse los diversos gobiernos latinoamericanos y europeos, involucrados.
