Ilegitimidad y confusión
El régimen es confuso de origen. Los jerarcas bolivarianos tienen por costumbre, ya bastante arraigada, por cierto, de actuar ilegítimamente y confundir a todo el mundo, no solamente a los presidentes y dirigentes de otros países, lo que ya es bastante grave, sino a los venezolanos, siendo lo peor, la confusión que generan dentro del mismo poder y del oficialismo.
Una especie de “autoconfusión” que coloca a los Ministros en situaciones difíciles, por no decir ridículas, cuando deben “interpretar” las palabras del supremo “para medir su alcance y su significado” como lo señalara el Canciller hace unos días, a propósito de la declaración del presidente en relación con la denuncia del Acuerdo de Cartagena, instrumento jurídico internacional que parece haber sido descubierto ahora por el Ministro y por la tan “eficiente” Ministra de Comercio e Integración.
Una decisión ilegítima, sorpresiva, seguida de actos y otras declaraciones oficiales sobre la marcha, con consecuencias muy graves, no sólo para el país y los intereses de los venezolanos, sino también para el mismo régimen, porque refleja su improvisación y, de nuevo, la forma arbitraria y totalitaria, de gobernar. Esta torpe, confusa e ilegitima decisión unilateral ignora, de la manera más descarada, la opinión de los sectores nacionales interesados.
Las decisiones nacionales antes, cuando la democracia funcionaba, se tomaban en consulta con los sectores interesados del país. Esa es la diferencia entre este régimen y los gobiernos democráticos. El interés del Estado, de la nación en el sentido más amplio, era considerado seriamente por los gobernantes de antes, más aún cuando se trataba de cuestiones limítrofes o de integración, lo que el régimen bolivariano no acepta, ni aceptará jamás.
El ingreso de Venezuela al Pacto Andino, como recordarán muchos, fue objeto de amplias consultas con todos lo sectores nacionales. Los distintos grupos sociales, los partidos, los empresarios, los trabajadores fueron consultados y Venezuela ingresó al grupo de países andinos, comprometiéndose a contribuir con el proceso de integración que debía perfeccionarse con el tiempo. Sin duda, este proceso avanzó, aunque lentamente y quizás no completamente.
Un proceso perfectible, desde luego, como todos estos movimientos de integración. Hay deficiencias, pero que pueden y deben enfrentarse y corregirse, utilizando los mecanismos existentes para ello y no actuando improvisadamente, como el muchacho que declara que “bota tierrita y no juega más”. Reacción del perdido, nada más.
Abandonar el proceso subregional debería considerarse como una torpeza del régimen porque limita las posibilidades de ejercer influencias y contribuir con su perfeccionamiento. Pero, el gobierno sabe perfectamente que su posición, contraria a todo, no cabe en ningún proceso integracionistas. El régimen sabe que sus influencias son muy limitadas porque construir o, más bien, reconstruir la CAN para implementar una “integración solidaria” es imposible. Ante esta imposibilidad mejor salirse y armar todo este alboroto.
Nadie puede negar la importancia del elemento social en estos procesos. Pero hay fases y formas. Europa es una referencia, la más avanzada por lo demás, que se ha construido desde 1957, cumpliendo sus etapas. Pero en el viejo continente privan el respeto y la convivencia. Allá no hay hermanos ricos que se tratan de imponer. El diálogo se impone allá. La arbitrariedad y las amenazas acá.
El retiro de Venezuela de la CAN, irrevocable ayer, probable hoy, no se sabe mañana es parte de la estrategia desintegradota del proyecto bolivariano. La actitud del supremo, del líder de la revolución y propietario de la nación, de sus recursos y de su gente, es ilegitima y confusa. El Presidente viola la confianza de sus socios, irrespeta las formas, desconoce los mecanismos, los espacios y los momentos para hacer estos planteamientos, pero sobre todo ignora la opinión de los distintos sectores nacionales y en definitiva, de todo el país, pues la integración regional es de todos y no de los que hoy detentan el poder. Esa es una de las cosas que olvida persistentemente el régimen que no representa a la mayoría de los venezolanos. Y ellos lo saben muy bien. Esa es parte de la base de la ilegitimidad.
Esta decisión viola los principios más elementales de las relaciones internacionales, las normas jurídicas aplicables, pero sobre todo la voluntad popular, contradiciendo la tan cacareada democracia protagónica. Disponer el retiro de la CAN, incluso sin consultar a sus Ministros y a sus más allegados, aunque sí, por supuesto, a su mentor en La Habana, muestra el tipo de gobierno que tenemos hoy.
El Presidente no tiene ninguna autorización para tomar una decisión de esta naturaleza. En otros países este acto autoritario sería inaceptable y condenable. Una declaración tan irresponsable como esta plantearía en las democracias auténticas una situación de caos que probablemente terminaría con renuncias, destituciones, crisis en pocas palabras.
Es inimaginable, por ejemplo, que en el contexto europeo, por referirnos a un proceso sólido, pueda ocurrir una situación como la planteada por Venezuela. Hasta Zapatero coincidiría con esta apreciación, aunque quizás terminase celebrando esta decisión del supremo venezolano, para complacer al benefactor. Probablemente también Insulza se muestre solidario y relacione la crisis andina con la salida al mar de Bolivia, controversia en la que ha tratado de mediar sin éxito.
A la condenable declaración del supremo siguen las palabras de sus subalternos. El papel del Canciller y de la Ministra de Comercio, funcionarios supuestamente responsables de las relaciones exteriores, es realmente vergonzoso. Sus declaraciones mostraron que el presidente los sorprendió y que entre Miraflores y sus Despachos sólo hay órdenes. Estos funcionarios perdieron su credibilidad no solamente adentro, en donde nunca la han tenido, sino afuera. Su capacidad de representación y de negociación ha desaparecido con esta tormenta.
El Canciller declara que el alcance del anuncio presidencial que todavía no se sabe si es una decisión, más palabras, una amenaza a sus socios andinos o un disparate a los que ya nos tiene acostumbrado el presidente, debe interpretarse para medir su alcance. Una apreciación infeliz, poco seria, que tendría que ir acompañada de su renuncia.
Las contradicciones e indecisiones de los representantes del régimen confunden adentro y afuera. No puede haber confianza en un país manejado por un gobierno que actúa intempestivamente, sin ninguna seriedad y en un tono amenazante y totalitario, en relación con temas que afectan a miles de personas.
Se destruyen las instituciones nacionales, se trata ahora de acabar con las subregionales y todo ello ilegítimamente. Veremos que hará ahora la revolución con el MERCOSUR adonde fue invitado por gobiernos irresponsables de países importantes. Los caprichos bolivarianos pueden apuntar mas adelante a la OEA. No es de extrañar que La Habana así lo considere.