En la agenda internacional
Algunos gobiernos forajidos retan a la comunidad internacional y el orden establecido, dando paso a críticas y sanciones de los órganos internacionales encargados de velar por el respeto de las normas internacionales, de los derechos humanos y de la paz y de la seguridad internacionales. Es cierto que la aplicación efectiva de sanciones internacionales es aún débil, dada la estructura actual de la sociedad internacional y de la efectividad relativa del Derecho Internacional. Sin embargo, los señalamientos, decisiones y resoluciones de los órganos internacionales tienen un efecto político que, sin duda alguna, incide en el comportamiento de los Estados, incluso, de los más forajidos. La opinion de las entidades internacionales es sumamente valiosa y no da « pena ajena », como cínicamente lo ha señalado Hugo Chávez al despreciar la opinión de Relatores y órganos internacionales encargados de velar por el resperto de los derechos humanos. Los últimos desafíos de Teherán a la comunidad internacional, condenados por los gobiernos del mundo, excepto por aquellos que comparten ese peligroso espacio de irreverencia y arbitrariedad, condujeron a la adopción de resoluciones importantes, de las cuales se ha burlado el régimen iraní. El régimen bolivariano, por su parte, se empeña también en violar las normas internacionales, especialmente las relativas a los derechos humanos y las libertades fundamentales. La reacción en el país es clara y contundente. La protesta es general y legítima. Afuera, los órganos y las instituciones, nacionales e internacionales, adoptan decisiones y resoluciones condenando la actitud del régimen bolivariano que, al igual que el iraní, desprecia los señalamientos y las condensa de Relatores Especiales, Comisiones, tribunales, Parlamentos Nacionales, personalidades individuales, organizaciones representivas de la sociedad civil. En dias pasados el Relator Especial de la ONU para la Libertad de Expresión, Frank La Rue y, la Relatora de la OEA para Libertad de Expresión, Catalina Botero, criticaron públicamente las políticas y decisiones que afectan el derecho a la información. «Ningún gobierno en el mundo tiene derecho a silenciar con procedimientos criminales a los críticos o a quienes se oponen…», afirmó La Rue. En otro escenario de igual relevancia, el Comité de Aplicación de Normas de la OIT, preocupado por la violencia contra los líderes de los empleadores y de los sindicatos democráticos y por la criminalización de sus actividades legítimas, reclamó a Caracas que velara porque los trabajadores y los empleadores puedan ejercer en total libertad sus derechos. El respeto de los derechos de los trabajadores y empleadores implica que sus organizaciones ejerzan sus actividades en un clima ausente de miedo, amenazas y violencia. Los órganos internacionales constantan que el régimen bolivariano ignora sus resoluciones y recomendaciones. Al regimen no les interesa, se burla de ellas, llegando incluso a justificar sus violaciones desde las más altas posiciones. La presidenta del Tribunal Supermo declaró que «los órganos internacionales tienen la obligación de respetar el derecho interno», a la vez que rechazaba cualquier «violación o intromisión» a ese principio por parte de funcionarios extranjeros. Una declaración que evidencia un lamentable grado de ignorancia, impropria de un Magistrado. En todo caso, lo quieran o no, el régimen bolivariano está en la agenda internacional y no precisamente como un modelo de Gobierno respetuoso del orden jurídico establecido y aceptado por todos. Los señalamientos y condenas ponen al descubierto ante los demócratas del mundo la farsa militar disfrazada de revolución que silencia, confisca y atropella a quienes se oponen.
