El legado de Uribe

En 2002, cuando Álvaro Uribe fue electo presidente, la violencia en Colombia amenazaba con convertir al país en un estado fallido. Un día cualquiera 80 personas podían ser asesinadas, ocho secuestradas y más de mil desplazadas de sus hogares. Una base militar podía ser tomada por las FARC o docenas de campesinos masacrados por los paramilitares. La situación era tan grave que más de dos millones de colombianos habían migrado.

Hoy el panorama luce muy distinto. En ocho años las FARC han sido reducidas a menos de la mitad; se logró desmovilizar a unos 30 mil paramilitares; los secuestros han caído en casi un 90 por ciento; y los homicidios en casi un 50 por ciento. La guerrilla ha sido desplazada a áreas remotas del país y su liderazgo ha sido desmembrado.

Tan exitosa ha sido la política de seguridad de Uribe que los principales candidatos presidenciales han prometido continuarla.

Al mismo tiempo, las mejoras en seguridad permitieron avances económicos. El país se ha vuelto más abierto y competitivo; la inversión privada se ha elevado a niveles récord; el PIB se ha expandido considerablemente; y el ingreso per capita se ha duplicado. Es cierto que en los últimos dos años la economía sufrió un traspié por la crisis económica mundial (y que su recuperación ha sido más lenta de lo esperado), pero entre 2002 y 2008 Colombia creció en promedio más que Chile.

Una manera de juzgar el desempeño de un gobierno es compararlo con los gobiernos que lo antecedieron o con los gobiernos de otros países de su misma generación. El gobierno de Uribe logra muy buena marcas en ambas pruebas.

Ciertamente, se puede decir que Uribe ha podido ser mejor, pero no que, comparado con sus antecesores y sus contemporáneos en América Latina, su gobierno ha sido algo menos que estelar.

II. Parapolítica, “chuzadas” y falsos positivos

Sin embargo, llegar a esta conclusión no significa negar los defectos de Uribe y las fallas de su gobierno.

En materia económica todavía queda mucho por hacer.

La economía no está lo suficientemente diversificada. Hace falta una reforma tributaria. El desempleo sigue siendo alto (mayor a la media regional). Y Colombia es cada vez más desigual (hace poco superó a Brasil).

En seguridad siguen habiendo problemas. En 2009 se duplicó el número de homicidios en Medellín (retrocediendo a los niveles de 2003). El número de desplazados sigue siendo escandalosamente alto. La guerrilla ha dado golpes recientes en Nariño, Cauca, Huila, Tolima y Arauca. Y han surgido nuevos grupos criminales, dedicados fundamentalmente al narcotráfico, que son un híbrido de mafias, ex paramilitares y bandas de delincuencia común. Una suerte de reestructuración del crimen organizado tras el proceso de desmovilización.

También, por supuesto, se deben resaltar el escándalo de la parapolítica y las violaciones a los derechos humanos –estas últimas siendo las manchas más oscuras del legado de Uribe.

Son dos los casos que me parecen más graves.

El primero es el de los falsos positivos, en el que se descubrió que militares asesinaron jóvenes marginales y los vistieron como combatientes para inflar los conteos de muertos.

Es verdad que los falsos positivos nunca fueron una política oficial. También que el gobierno tomó inmediatamente las medidas pertinentes para que esta práctica cesara.

Pero también es cierto que los falsos positivos fueron el resultado de un perverso sistema de incentivos, en el que se premiaba a los soldados por número de bajas.

Y luego está el caso del DAS, organismo de inteligencia civil adscrito a la presidencia.

Durante la presidencia de Uribe, el DAS ha sido acusado de haber suministrado a paramilitares nombres de sindicalistas y profesores universitarios que luego fueron asesinados; de espiar ilegalmente a políticos opositores, activistas de derechos humanos, periodistas y magistrados de la Corte Suprema; y, más recientemente, de elaborar manuales con técnicas verdaderamente siniestras para amenazar y desprestigiar a opositores y críticos del gobierno.

Hasta ahora no han surgido pruebas sólidas que vinculen directamente al presidente Uribe con estas prácticas, y hasta que no surjan se debe presumir su inocencia.

Pero, si se llega a descubrir algún vínculo, el presidente Uribe pasaría de ser uno de los mejores estadistas que ha tenido Colombia a ser, simplemente, un delincuente sumamente efectivo en las labores de Estado.

III. Una última observación

No es raro escuchar a algún comentador o analista comparando a Hugo Chávez con Uribe, igualando a ambos hombres por su talante autoritario. Algunos llegan al extremo de decir que Uribe es un Chávez, pero de derecha.

Esto es un grave error.

En primer lugar, el talante autoritario de ambos simplemente no es comparable.

Uribe, es cierto, tiene un estilo polarizador, a veces autoritario. Más de una vez ha calificado de terroristas o aliados de las FARC a periodistas y activistas de derechos humanos (hace unos días sugirió que The Washington Post podía estar infiltrado por criminales). En varios casos, cuando no aprueba lo que hacen ciertas instituciones (como la Corte Suprema o el Banco Central), ha ejercido presión sobre ellas.

Pero en Colombia hay plena separación de poderes. Uribe, a diferencia de Chávez, no ha demolido, ni intentado demolir, las instituciones democráticas. La pruebas están a la vista. Casi una quinta parte del Congreso -casi todos seguidores de Uribe, incluyendo su primo- son investigados o están en la cárcel acusados de vínculos con paramilitares. Las últimas revelaciones del DAS son producto de las investigaciones que ha venido llevando a cabo la Fiscalía. El ex director del DAS, Jorge Noguera, está siendo enjuiciado por la Corte Suprema. Y los falsos positivos obligaron al gobierno a tomar una serie de medidas -incluyendo el despido 27 oficiales del Ejército (entre ellos tres generales) y la reforma del sistema de incentivos- que acabaron con esta práctica.

Que las instituciones respondan a los abusos y el gobierno a los escándalos es natural. Pero en Venezuela esto no ocurre. Hugo Chávez y sus aliados gozan de impunidad, porque tienen un control casi absoluto sobre las instituciones.

Por otra parte, en Uribe el estilo polarizador convive con una visión moderna de país, un respeto a la meritocracia, un énfasis en los resultados concretos y un férrea (ya casi legendaria) capacidad de trabajo que están al polo opuesto del estilo de gobierno de Chávez.

Igualar a los dos hombres es anular estas importantes diferencias.