El desafío de José Miguel Insulza
«Criterios como la libertad de prensa, de asociación, de opinión,
la situación de las minorías… son sustanciales a los gobiernos democráticos».
José Miguel Insulza, Fort Lauderdale, 7 de junio de 2005.
A juzgar por el esfuerzo desplegado por el nuevo Secretario General de la OEA durante esta Asamblea General celebrada en Fort Lauderdale, se anuncian nuevos tiempos para el desprestigiado organismo multilateral. No han sido invocados voluntariamente: irrumpen, golpeando con estridencia a sus puertas. Pues la región atraviesa por una histórica crisis existencial, que se reitera cíclicamente y que tiene todos los visos de empeorar.
No se requiere ser un augur para prever en los tiempos inmediatos la irrupción de graves conflictos sociales que expresan pulsiones irracionales, suicidas y empujan a la regresión política en distintos países de la región. Uno de los intelectuales más lúcidos a la hora de analizar la situación de América Latina, el novelista peruano Mario Vargas Llosa, ha recurrido incluso al psicoanálisis para aproximarse a ellos. Según su parecer, la pulsión autodestructiva tiende a imponerse en muchos de nuestros países, especialmente en Bolivia y Venezuela. Pero no sólo en ellos. También en Ecuador, en Perú, en Argentina, en México, sin contar con Nicaragua y otros países centroamericanos.
Tánatos, el dios de la muerte, comienza a ganar la partida en esta pugna existencial. Librado a su desesperanza culmina Vargas Llosa el último de sus artículos con estas desoladas palabras: “Hoy en día, el país más aislado sabe perfectamente, examinando su pasado o el presente de muchos de sus vecinos, lo que significa acabar con el Estado de Derecho… Si, a pesar de ello, teniendo la oportunidad de escoger, elige suicidarse, yo creo que su vocación tanática, masoquista, debe ser respetada. Que experimente en carne propia las secuelas de su libre decisión…. Allá ella.”
Por desgracia, con la notable excepción del caso chileno, la experiencia de cruentas auto mutilaciones dictatoriales no ha aportado luces a la clásica ceguera de la región. Como lo demuestra el caso de Argentina. En el caso venezolano, con la única excepción de la dictadura de Pérez Jiménez, que dio lugar a una prologada reacción democrática, la historia prueba antes lo contrario. La atávica pulsión suicida y azarosa de la sociedad venezolana no descansa. Suele irrumpir cada cuarenta o cincuenta años echando al fuego de las más insólitas y desatadas pasiones todos los esfuerzos por un progreso estable y acumulativo. De allí la invocación a los desastres de la guerra federal como paradigma de comportamiento social por parte del caudillo de turno: provocó más de cien mil muertes y terminó por arrasar con los pocos vestigios que quedaran en pie luego de la feroz guerra civil independentista, que costara, según cifras conservadoras aportadas por el propio Libertador, la friolera de otros 250 mil muertes. Llevados a la escala de nuestra actualidad, entre ambos extravíos tanáticos, dichas cifras se elevarían a la imponente cantidad de 10 millones de seres humanos. Un auténtico holocausto.
¿Dejar tamaña vocación suicida a su libre arbitrio?
No es, pues, solamente el plausible deseo de obtener estándares de excelencia en el funcionamiento institucional de nuestras democracias lo que ha motivado al canciller Insulza y a los gobiernos de Chile y los Estados Unidos, entre otros, a proponer el monitoreo de los estándares democráticos de la región: se trata de una urgente necesidad ante la casi segura reiteración de nuestras viejas tragedias. Las últimas de las cuales, vividas durante los últimos cuarenta años por cubanos, chilenos, argentinos, uruguayos y brasileños, no dejaran más que ruindad y sufrimientos. De allí también la prioridad conferida al propósito de que la fundamentación de dichos estándares y la aplicación de adecuados correctivos tengan fuerza preventiva. Hay que evitar, no constatar las tragedias. El imperativo es actuar ante, no post festum.
Más aún, e Insulza habla con conocimiento de causa: se trata de impulsar la creación del marco político normativo que permita y coadyuve finalmente al despegue y desarrollo de naciones ancladas en el pasado, socialmente quebrantadas y económicamente paralizadas. Despegue impedido sistemáticamente y a veces contra la voluntad de los pueblos por sus propios gobernantes. Pues como lo señalara en su discurso inaugural, la interrelación entre altos estándares de democracia y un positivo crecimiento económico es una ley indiscutida del desarrollo. Datos de la UNESCO, la FAO y otros organismos de Naciones Unidas demuestran el escándalo del patético estancamiento y regresión de la sociedad cubana en casi todos los índices internacionales de crecimiento, comprobables mediante la simple constatación de índices indiscutibles. He aquí algunos de ellos:
1959/2004
Población, MM hab.: 6/12
Ingreso per capita, $/año: 1200/ 70
Teléfonos/100 hab.: 15/ 3,5
Consumo eléctrico/hab, watts: 450/ 75
Consumo calórico, cal/hab-dia: 2800/ 1100
Consumo de carne, lb/hab-año: 76/ 12
Consumo de huevos, unid/hab-año: 13/ 47
Consumo de pollo, lb/hab-año: 12/ 5
Nº Automóviles/1000 hab: 38/ 10
Nº buses urbanos/hab: 1/300/ 1/25000
Nº Buses interurbanos/hab: 1/2000/ 1/35000
Nº Televisores/1000 hab: 66/ 15
Nº estaciones de TV: 7 (2 en color)/ 2
Nº médicos/hab: 1/750/ 1/950
Nº Odontólogos/hab: 1/1850/ 1/2100
Cabezas de ganado, MM: 6/ 1,8
Inflación, % anual: 1,8/ 25
No. Periódicos: 18/ 2(no diarios)
No. Turistas/año: 750.000/ 1.200.000
Cosecha de azúcar, MM ton: 7/ 1,8
“PROGRESO” DE CUBA 1959-2004 (Manuel Cereijo)
Fuentes: ONU, FAO, UNESCO.
Un simple índice comparativo bastaría para demostrar la insólita regresión vivida por Cuba bajo la dictadura castrista: mientras el PIB del «primer territorio libre de América» con una población de 11 millones de habitantes alcanza a los 1.000 millones de dólares, la producción de bienes y servicios de los 2 millones de cubanos que viven en Florida alcanza en la actualidad la suma de 14 mil millones de dólares. La primera cifra da un promedio per capita de 90 dólares. La segunda, uno de 7 mil dólares.
El caso de Argentina, tal como lo reseñara Vargas Llosa en el artículo citado, es igualmente asombroso. La que fuera hace un siglo una de las naciones más desarrolladas del planeta vegeta hoy en la incuria de la mendicidad y la pobreza bajo la presión de una deuda externa escandalosa. Por no hablar del caso venezolano, que ha vivido el más acelerado y masivo proceso de empobrecimiento durante el lustro en que ha contado con los más fastuosos ingresos petroleros de su historia. La razón es muy sencilla y la subrayó el nuevo Secretario General de la OEA: la seducción masiva ante promesas populistas y autocráticas no sólo quebranta las democracias. Mucho peor aún: universaliza la miseria.
Que a pesar de tales escandalosas evidencias, nuestros países insistan en colgarse del viejo árbol del caudillismo autocrático, o se aten al cuello la pesada loza de un utopismo irredento para hundirse en el océano de la pobreza constituye una tragedia intelectual y moral de incalculables dimensiones. Cabe pues la pregunta acerca de si se trata de pulsiones suicidas que arrastramos desde la fundación de nuestras sociedades. Nada indica que no lo haya sido. Lo que no cabe es la pasiva aceptación de un destino más que trágico, siniestro y estúpido.
He allí el grave dilema al que se enfrenta el nuevo secretario general de la OEA: sucumbir a la vieja y cataléptica ineptitud del organismo, que ha servido hasta ahora antes de sindicato de gobernantes que de asamblea de naciones o convertirlo en un acicate instrumental que coadyuve al esfuerzo de los pueblos de la región en sus luchas por la democracia, estos es: la modernización social, económica, política, moral e intelectual de sus sociedades. Si optara por ello, y todo induce a creer que ese es su propósito, encontrará obstáculos que podrían ser insalvables de parte de aquellos gobiernos y oligarquías cuyas élites lucran de la ignorancia, la superstición, el “fanatismo” o los ancestrales prejuicios de sus bases sociales. Y empujan, contra toda racionalidad, hacia falsos paraísos y espantosas celadas. A la cabeza de los cuales el actual gobierno de Venezuela, que hoy pretende defender como triunfo de una falsa soberanía el obstáculo impuesto a la conformación de una instancia específica de observación democrática en el seno del organismo multilateral. .
El fracaso será cantado si la OEA insiste en seguir siendo un mero “club de gobiernos” de ilegítimo o dudoso desempeño, como hasta ahora. La única forma de sortear ese escollo aparentemente insuperable, será introducir un elemento de ruptura de los mecanismos paralizantes utilizados por los gobiernos para aplastar a sus mayorías o minorías opositoras. Por lo visto, y según propuestas de varios gobiernos pero sobre todo de los Estados Unidos, dicho mecanismo podría ser resuelto con la presencia activa y decisoria de las organizaciones de la sociedad civil de nuestros países.
Aliadas a las naciones en las que imperan verdaderos estándares democráticos como es el caso ejemplar de Chile – y para ello nada mejor que respetar y hacer valer la carta democrática de la organización – dichas ONG’s podrían contribuir a sacar al organismo de su actual empantanamiento. Claro está, si ellas expresan verdaderamente a la sociedad civil y no son meros apéndices ministeriales de los mismos gobiernos. Al revisar el listado de la representación impuesta en la última Asamblea de la OEA por el gobierno venezolano se constata cuan tramposo y fraudulento puede llegar a ser Hugo Chávez: sus ONG’s las presidían desde altos oficiales de sus Fuerzas Armadas hasta viceministros en ejercicio. Alguna de ellas con un presupuesto de 45 mil millones de bolívares. Y se escandalizan por el aporte del Nacional Endowment for Democracy a la ONG Súmate: 37 mil dólares.
Habrá, pues, que establecer una carta de legitimación con claros principios y estatutos. La tarea será ardua, pero no tiene escapatoria. O la OEA asume un papel de contraloría política, o perece.
