El caso de Posada

El pasado 8 de mayo una jueza federal de EEUU, Kathleen Cardone, decidió desestimar los siete cargos por fraude inmigratorio presentados por un jurado federal contra Luis Posada Carriles, quien llevaba ya dos años detenido por entrar ilegalmente al país. Si se tratase de una persona normal y corriente, la decisión de Cardone hubiese con toda seguridad pasado por desapercibida. Pero siendo el liberado un conocido terrorista, ex agente y colaborador durante los 60 y 70 de la CIA e infatigable soldado anticastrista que ha confesado su participación en los atentados hoteleros en Cuba en 1997 y estuvo detenido en Venezuela por la voladura de un avión de Cubana de Aviación que mató a 73 personas, la decisión de Cardone causó, predeciblemente, revuelo en la comunidad internacional.

La tinta de la sentencia no se había secado cuando los gobiernos de Cuba y Venezuela reaccionaron a la decisión. El canciller cubano Felipe Pérez Roque declaró que había un plan, autorizado por el presidente de EEUU, para impedir que Posada Carriles permaneciera tras rejas. El diario cubano Granma informó que la decisión había sido tomada desde hacía mucho tiempo por la Casa Blanca, y el ministro de relaciones exteriores venezolano, Nicolás Maduro, se declaró indignado por la sentencia de la jueza. Chávez, yendo más allá y quizá buscando en ese pequeño acto un síntoma revelatorio de un cáncer en la sociedad norteamericana, filosofó que la sentencia era “una prueba de la decadencia moral de Estados Unidos.”

A primera vista la decisión de Cardone alarma a cualquiera, pues ella deja en libertad a uno de los más peligrosos terroristas de América Latina, quizá sólo superado en fama por Carlos “El Chacal” Ramírez, a quien Chávez –que ahora irónicamente critica a Bush por distinguir entre terroristas buenos y malos– escribió una carta solidaria en la que se refiere a él como “distinguido compatriota.” Sin embargo, en la sentencia Cardone explica y aclara con lógica impecable que Posada no estaba siendo juzgado por sus actividades terroristas, sino por cargos de fraude inmigratorio –cargos que el gobierno de EEUU, a través de funcionarios del Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional, construyó “manipulando” –según las duras palabras de Cardone– “la administración de justicia para asegurar una o varias acusaciones criminales.”

¿En qué consistió esta manipulación ilegal? Básicamente en utilizar como pretexto para una investigación criminal una entrevista de naturalización que solicitó Posada cuando ya estaba bajo arresto y encarando una posible deportación. Las irregularidades fueron numerosas, pero vale la pena señalar tres. En primer lugar, se le otorgó a Posada la entrevista a pesar de que no calificaba para ella por su pasado (a ningún otro ex convicto se la hubiesen concedido). En segundo lugar, aunque estas entrevistas duran un máximo de media hora y nunca son grabadas, la de Posada duró ocho horas, fue grabada en audio y video, y los agentes le hicieron preguntas que no se hacen nunca en este tipo de entrevistas. Y en tercer lugar, la funcionaria de inmigración encargada del interrogatorio se reunió con fiscales del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional unas semanas antes de la entrevista para discutir “el flujo de las preguntas” que se le iban a hacer. Es decir, al igual que lo ha hecho ya con supuestos terroristas islámicos, el gobierno de EEUU violó la ley e irrespetó el debido proceso con la intención de mantener a un sospechoso bajo arresto.

Con una diferencia. La administración Bush tiene a su disposición otras herramientas poderosas, mucho más efectivas que las que hasta ahora ha utilizado, para impedir la liberación de Posada. La primera es mandarlo a otro país para que sea juzgado –es decir, extraditarlo; la segunda es la sugerida oblicuamente por la jueza Cardone en su sentencia y la propuesta por el congresista demócrata de Massachussetts Bill Delahunt: certificar como terrorista a Posada utilizando el Acta Patriota –esa cuestionable acta condenada y criticada por quienes hoy la invocan para mantener indefinidamente bajo arresto a Posada.

¿Por qué EEUU no lo deporta? El gobierno dice haber tratado sin éxito de deportarlo a siete países que se han negado a recibirlo. A Venezuela y Cuba, que sí lo recibirían con los brazos abiertos, EEUU dice no poder extraditarlo por una sentencia que prohibió mandar a Posada a esos dos países porque podría ser torturado –sentencia que desestimó un tratado de extradición firmado en 1922 entre EEUU y Venezuela. ¿Por qué Bush no lo certifica como terrorista? Esto no está claro, pero es muy probable que no lo haga para no contrariar a esa ala radical y peligrosamente influyente del exilio cubano en Florida que, cegado hasta la barbarie por ese odio visceral que siente hacia Castro, apoya las actividades terroristas anticastrista de Posada. En este sentido las acusaciones de doble estándar e hipocrecía contra Bush son totalmente válidas. Aplaudo el hecho de que el Acta Patriota no sea utilizada contra Posada, pero tampoco, entonces, debe ser utilizada con terroristas islámicos que amenazan los intereses estadounidenses.

Hay quienes van más allá de estas críticas de doble estándar y dicen que la intención de la administración Bush ha sido, desde el inicio, dejar en libertad a Posada. Aseguran que las manipulaciones del gobierno que denuncia Cardone son parte de un gran montaje que pretende dismular una maniobra para no encarcelar al terrorista “amigo.” Eso es lo que me dijo José Pertierra, abogado en Washington que representa a Venezuela en el caso de Posada, a quien interrogué extendidamente sobre el tema unos días después de la decisión de Cardone. Eso es lo que también me dijo la excelente periodista Ann Louise Bardach, quien lleva una década investigando a Posada y ha escrito enjundiosos reportajes sobre el terrorista en varias publicaciones, incluyendo uno para The New York Times basado en una entrevista en la que Posada revela sus vínculos con la CIA, la FBI y la poderosa organización de cabildeo de Florida, la Fundación Cubano Americana, que –según Posada– patrocinó por mucho tiempo sus actividades terroristas. ¿Hay algo de cierto en estas acusaciones?

Lo dudo. La sentencia de la jueza deja bien claro que el gobierno estadounidense utilizó tácticas “ofensivas” e “increíblemente escándalosas” para encausar a Posada. La defensa del terrorista se basó en esas manipulaciones de la justicia del gobierno (uno de los abogados de Posada me aseguró que, si el gobierno hubiese logrado sus objetivos, Posada hubiese pasado el resto de su vida en la cárcel). Dudo mucho que, como pareciera sugerir Pertierra, el gobierno alargara la entrevista de naturalización de Posada, la grabara, mandara a fiscales del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional para darle forma al interrogatorio sólo para “simular” un interés en mantener tras rejas a Posada. Dudo que el gobierno irrespetara la ley y el debido proceso sólo para dar la impresión de que luchaba para no dejar en libertad a Posada. Y si ese es el caso, supongamos, como dice Pertierra, que todo esto era un teatro y el gobierno quería dejar en libertad al terrorista o seguir haciéndose la vista gorda con él como lo hizo durante mucho tiempo, ¿cómo se explica el caso que tiene abierto Posada en Nueva Jersey por los atentados hoteleros en Cuba, en el que el gobierno, según la versión de uno de los abogados involucrados en el caso, ha trabajado muy duro para encausar al terrorista por cargos que no son inmigratorios? ¿Es este caso también parte de ese teatro para “simular” interés en encarcelar al terrorista? Todo esto tiene un tufillo a teoría de conspiración.

La verdad sobre las motivaciones de la administración Bush no se conocerá en el corto plazo, pero creo que el presidente simplemente buscaba la salida fácil. Encarcelando al terrorista de 79 años por cargos de fraude inmigratorio, el gobierno mataba a tres pájaros de un tiro: 1) no contrariar a sus seguidores de la comunidad cubano-americana de Florida enjuiciando a Posada como un terrorista; 2) no dejar en libertad a Posada y así exponerse a acusaciones de doble estándar; y 3) no validar el caso de extradición de Venezuela y Cuba. La estrategia no funcionó. La administración Bush, en vez, erosionó aún más la autoridad moral de Estados Unidos en su lucha mundial contra el terrorismo y les otorgó una poderosísima arma propagandística a Venezuela y a Cuba.

A principios de mayo un par de reclutas cubanos del servicio militar, se escaparon de su cuartel matando a un compañero, se robaron unos fusiles, asaltaron un autobús, se inmiscuyeron en la pista del aeropuerto de La Habana y trataron sin éxito de fugarse en un avión a Estados Unidos. ¿Qué llevó a estos reclutas a este acto casi suicida? La desesperación de los reclutas podría ser explicada en parte por el deseo de escapar la dictadura más larga en la historia de América Latina, donde no existe libertad de prensa, de movimiento, alternancia de poder, y tribunales y jueces independientes. También podría ser explicada por esa represión sistemática de la dictadura ante la más mínima disidencia, con escarmiento regulares en los que enemigos reales o imaginarios del sistema son condenados a sentencias inhumanas en esas farsas estalinianas que la revolución llama “juicios.” O podría ser explicada por esa economía cubana en ruinas que apenas sobrevive gracias a esa infusión de petrodólares que le manda el cuasi dictador venezolano.

Pero a Fidel Castro estas posibles explicaciones ni siquiera le cruzan la mente. Para él todo está muy claro: la culpa del secuestro del avión por los reclutas la tiene Estados Unidos, que fomenta ese tipo de incidente brindando “impunidad” y “beneficios materiales” a quienes realicen acciones violentas contra la isla. Es decir, la culpa de todo, la culpa de que este par de desadaptados hayan llegado al extremo de abandonar a sus familias, arriesgar sus vidas e irse a la aventura a otro país que no conocen para escapar la última dictadura totalitaria del hemisferio, la tiene el bobo de Bush por dejar en libertad a Luis Posada Carriles.

Ojalá hubiese en Cuba jueces independientes como la señora Cardone para limitar la megalomanía del moribundo dictador.