Derrota anunciada

El Consejo de Seguridad, uno de los órganos principales de las Naciones Unidas, es quizás el más importante del sistema, dadas sus competencias y funciones en relación con el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales. De allí la relevancia de su estructura y de su funcionamiento, en particular, lo relativo al veto, a los puestos permanentes, a su ampliación y a la elección de los miembros no permanentes.

Los integrantes del Consejo, permanentes o no, tienen una enorme responsabilidad en lo que respecta al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales. La comunidad internacional, los pueblos del mundo, exigen a los gobiernos de los Estados miembros una auténtica vocación democrática, el mayor apego a las normas y principios que regulan las relaciones internacionales, entre los cuales, el respeto mutuo y la no intromisión en los asuntos internos de los demás Estados. El ánimo constructivo y la tolerancia, por supuesto, resultan esenciales en el comportamiento de los miembros.

A pesar de las exigencias inalcanzables, Venezuela aspira, al igual que Guatemala, a uno de los puestos que corresponde a América Latina. Una aspiración que se presenta disminuida, dadas las circunstancias y las realidades.

Difícil, por no decir imposible, convencer al mundo de las bondades que significaría la presencia de Venezuela en el Consejo salvo, evidentemente, a algunos gobiernos que se benefician de las debilidades del régimen. Los serios cuestionamientos que se han hecho en el ámbito internacional sobre la vocación pacifista y democrática del gobierno venezolano; y, sus igualmente cuestionadas actitudes arbitrarias y de intolerancia, en el ámbito nacional, dibujan la naturaleza y las características del régimen que trata de imponerse y perpetuarse por todos los medios en Venezuela y que lo intenta en la región.

Las preocupaciones se expresan en todas partes y con razón. Así, las declaraciones de expertos y dirigentes políticos de la región. El director del Centro brasileño de Estudios de América Latina, por ejemplo, habría afirmado recientemente que “el mandatario venezolano atenta contra la estabilidad de la región al adoptar una estrategia contra Estados Unidos, y aún más, está buscando una nueva configuración de poder regional con alianzas con Argentina, Cuba y Bolivia”, agregando que el riesgo de desestabilización aumenta con “la aproximación a Irán y ahora, con el apoyo declarado por el vicepresidente José Vicente Rangel a los ensayos de misiles realizados por el Gobierno de Corea del Norte”. Estas apreciaciones no son aisladas, ni causan ninguna extrañeza.

Al lado de estas declaraciones académicas, declaraciones políticas que merecen también ser tomadas en cuenta como las del presidente Alan García, expresadas hace algunos días fuera del marco de las pésimas relaciones que sostiene con el presidente venezolano. El presidente peruano afirma -lo que comparte la mayoría, apoyada en la sensatez- que el Consejo de Seguridad “requiere gobiernos estables y democráticos.”

Los miembros del Consejo deben, en efecto, no solamente mostrar su apego a las normas internacionales y el respeto pleno de los principios que regulan las relaciones internacionales, sino tener una vocación pacifista inequívoca y una actitud constructiva antes los problemas que afectan a la comunidad internacional. La paz y la seguridad en el mundo es demasiado importante para jugar con apoyos y reciprocidad, como lo han hecho hasta ahora de Brasil y Argentina.

Algunos periodistas oficialistas afirman con orgullo al éxito de la política exterior del régimen bolivariano o de la revolución. Y ello es cierto. El éxito significa lograr los objetivos y así lo ha hecho. Los bolivarianos se han fijado, en medio de largas sesiones situacionales, desintegrar, confrontar, dividir, intervenir afuera y lo han logrado. Un éxito relativo que les desacredita y que disminuye de manera importante la aspiración venezolana al Consejo de Seguridad.

El gobierno plantea la confrontación y la lucha contra el imperio para justificar su pretensión. Error monumental. Argumentar que el Consejo, con Venezuela presente, sería un órgano distinto y que significa “el fin del imperio y el triunfo de la libertad y de la justicia de los pueblos oprimidos”es otro disparate.

Las decisiones del Consejo no se verán afectada por la supuesta presencia de Venezuela, aunque sí –estemos seguros- afectaría el funcionamiento y la unidad necesarias para adoptar las decisiones más apropiadas. Su política de confrontación y de división en el país y en la región, no será aceptada en el Consejo por que con el tema de la paz y de la seguridad internacionales no cabe la retórica ni la política barata.

Ante la inminente derrota venezolana y la necesaria unidad regional, en crisis por las desmedidas aspiraciones hegemónicas del régimen bolivariano, surge la idea de una tercera candidatura. Una opción distinta a la de Guatemala y a la de Venezuela, en efecto, podría constituir una salida decorosa para algunos países que se comprometieron –sin mucho ánimo, por cierto- a apoyar la pretensión venezolana.

Las experimentadas diplomacias regionales, como la de Brasil y la de Argentina, podrían aprovechar esta iniciativa para desvincularse del apoyo que les pesa y bastante. El gobierno venezolano no perderá tampoco la oportunidad que se le presenta para salirse de la derrota aplastante en la Asamblea General. No faltarán las explicaciones de los jerarcas del régimen y de los dirigentes revolucionarios, afirmando que este “gesto” responde a su vocación integracionista. Así lo explicarán, con el acostumbrado cinismo, los medios y columnistas oficialitas en sus crónicas semanales.

Lo cierto es que detrás de la acción externa del régimen, prevalecen las intenciones imperialistas y las acciones intervencionistas mostradas los últimos meses, ejemplos claros, la disolución del Grupo andino y del Grupo de los 3, entre otros, y las acciones intervencionistas en los demás países de la región. México es el ejemplo más reciente de la intromisión de Venezuela en los asuntos internos de otros países. El gobierno se ha negado, hasta ahora, a reconocer el triunfo de Calderón, acompañando las denuncias de fraude planteadas por López Obrador, en espera de una decisión del Tribunal electoral. Un reflejo de la decepción que invade a los revolucionarios quienes habían negado en todo momento la interferencia bolivariana en el proceso electoral mexicano.