Debate en EU por dineros del Plan Colombia
Estados Unidos comenzó a estudiar una fórmula que permita desembolsar a Colombia 300 millones de dólares para el área social en el Plan Colombia, sin tener que pasar por la certificación del país en materia de derechos humanos.
Como se sabe, de acuerdo con la ley que le dio vida a la iniciativa, cada vez que el gobierno de E.U. quiera canalizar partidas incluidas dentro de los 930 millones de dólares autorizados en julio pasado, debe certificar el cumplimiento de Colombia de siete estrictas condiciones en derechos humanos o en su defecto utilizar un waiver o “excepción” que permite obviar las condiciones invocando el “interés nacional”.
Y aunque el Departamento de Estado ya concluyó su evaluación – recomienda utilizar la excepción para saltarse cinco de las siete condiciones -, el presidente Bill Clinton no parece estar muy seguro de querer firmar el impopular ‘waiver’.
“Por ahora el asunto está parado. Hay discusiones a muy alto nivel sobre si debe ser esta administración la que enfrente el proceso o la administración que comienza a partir del 20 de enero”, afirma una fuente en la cancillería estadounidense.
Sin embargo, y de acuerdo con un alto funcionario consultado en la Casa Blanca, no se trata de falta de voluntad de Clinton, sino de un enredo legal que ha surgido en las últimas semanas.
“El Presidente está listo para emplear el ‘waiver’ si es necesario. El problema es que aún no se sabe si es indispensable una certificación para que la ayuda siga fluyendo o no. Lo importante, sea cual sea la decisión a la que lleguemos, es que los programas que hemos comenzado continuarán y que E.U. seguirá insistiendo en que Colombia debe mejorar su desempeño en DD.HH.”, dice la fuente. Añadió que a más tardar el miércoles próximo se tomará una decisión definitiva sobre este tema.
Aún así, otros observadores en Washington ven en esta maniobra legal una jugada política de los demócratas para evitar las fuertes críticas que despertó entre liberales y varias ONG la firma del ‘waiver’ en agosto del año pasado.
“La primera vez que se usó el waiver, Clinton arriesgó mucho capital político, pues desafió con ello a los demócratas que habían sido los autores de las condiciones en DD.HH. En esta ocasión, a tan pocos días de la transición, es mucho más cómodo para el dejar el asunto en manos de los republicanos para que sean ellos los que paguen el precio y afronten la ira de las ONG”, dice una fuente que pidió el anonimato.
Lo grave del asunto es que si la decisión queda en manos de Bush es probable que este se tome unos buenos meses antes de firmar el waiver. Y mientras lo hace, quedarían en el congelador la mayoría de los programas de corte social a cuyas arcas están destinados los 300 millones que hacen falta.
“La nueva administración quiere revaluar la estrategia hacia Colombia y para hacerlo ha requerido detallados informes de todas las agencias de inteligencia”, afirma Georges Fauriol, asesor de Bush y actualmente director del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales.
Según Roger Fontaine, especialista en Colombia durante la presidencia de Ronald Reagan, “este replanteamiento podría tomarse hasta tres meses”.
Lo que está aprobado
De los 930 millones de dólares autorizados a finales de junio pasado, unos 400 están destinados a la compra de una flotilla de 46 helicópteros ( 16 Black Hawks y 30 Hueys) para el Ejército y de 14 helicópteros más ( dos 2 Black Hawks y 12 Hueys) para la Policía.
También se incluyeron 81 millones para desarrollo alternativo; 122 millones para Derechos Humanos y Justicia; 129,4 para interdicción y 91,8 millones para programas que manejará el Pentágono. El resto está destinado a programas sociales.
