Cuando robar es un “derecho de estado”

(%=Image(8022526,»L»)%)Buenos Aires (AIPE)- El Estado argentino, a partir de la presidencia de Perón, financió sus extravagantes gastos y su corrupción con las enormes reservas de oro del Banco Central; agotadas estas, se financió con confiscaciones y altos impuestos. Una vez destruido el sector privado, se financió con inflación. Destruida la moneda, se financió con el crédito de los organismos multilaterales como el FMI y con dinero de personas que creían en las mentiras del FMI. Al acabar con esa fuente de crédito, procedió a financiarse con el robo directo, confiscando las cuentas bancarias de los argentinos y declarando la cesación de pagos de su deuda.

El problema hoy es que continúan los gastos estrafalarios del gobierno, mientras otros gobiernos, en su propio provecho, están avalando todo esto como si fuera una política de Estado válida: el gobierno tiene derecho a robar.

El argumento del gobierno argentino es que se ve forzado a no pagar, ya que no cuenta con los recursos para hacerlo. Pero la verdad es que el Estado argentino mantiene gastos exagerados y tiene propiedades de valor incalculable que puede y debe rematar.

El FMI, a instancias de Washington, llegó a un acuerdo con la Argentina. Por primera vez los acreedores privados quedaron fuera del acuerdo, con tal que al organismo multilateral se le devuelva el 100% de lo que Argentina le debe. Para cumplir con ello, el gobierno argentino pretende dejar de pagar 75% del valor de los bonos en manos privadas, a lo que hay que sumar los intereses atrasados, lo cual termina despojándoles del 90%. La Casa Blanca hizo alarde de ayudarlos “exigiendo” al gobierno argentino que la porción no pagada fuera menor. A lo que el presidente Néstor Kirchner contestó: «No me van a doblar la mano… aquellos grupos económicos que a espalda del pueblo generaron una injusta distribución… de la riqueza». La verdad es exactamente lo opuesto, ya que lo que ahora se le pide es que devuelva el dinero a los privados, en gran parte pequeños inversores y no sólo a los poderosos, como el FMI.

El gobierno argentino, al emitir papeles de deuda se sometió a los tribunales de Nueva York. Declarada la cesación de pagos, algunos acreedores privados acudieron a los tribunales y, como era natural, el juez Thomas Griesa de Nueva York resolvió a favor de ellos, aunque viene postergando la ejecución y ordenar el embargo de bienes del Estado argentino. En concreto, los privados intentan embargar los pagos a los “acreedores privilegiados”, como el FMI, que son los únicos que están cobrando.

Pero entonces surge, en su propio interés de acreedor del FMI, el gobierno de EEUU a través de la Reserva Federal, del Departamento de Justicia y del Tesoro. «Es en el interés de los EEUU que esta Corte rechace…”, declara el Departamento de Justicia. Y por tercera vez en la historia, el Ejecutivo norteamericano entregó al juez, no como parte sino como «amicus curiae» (amigo del tribunal), una declaración pidiendo que «prohíba a los querellantes de la Argentina interferir con los pagos a sus acreedores». Ante tanta presión, los abogados de los privados pidieron al juez que postergue la decisión y así lo hizo hasta fines de enero.

El Estado argentino se quedó con el 1% de PIB de Italia, ya que pequeños inversores italianos adquirieron 14.000 millones de dólares de deuda argentina. Más del 44% de la deuda argentina con los acreedores privados está en manos de pequeños inversores externos y otro 38% en manos de ciudadanos argentinos. Pero peor aun fue la confiscación de los fondos de ahorristas bancarios, ya que entre ellos había personas que murieron por faltarle dinero para medicinas y para tratamientos médicos que necesitaban, según documentó la prensa argentina.

Ojalá que el juez Griesa decida embargar los bienes del Estado argentino, de manera que los políticos entiendan que los compromisos se cumplen y que no es lícito financiarse robando a la gente, por más apoyo que reciban de Washington y de otros gobiernos.

(*): Miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE (Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas).