Chávez y la Inmigración Ilegal en Europa
El anuncio del Presidente de suprimir el suministro de petróleo a países europeos, si éstos reglamentan la inmigración ilegal, es desmedido porque usa la amenaza en vez del dialogo; sorpresivo porque los “inmigrantes” nunca han sido parte de la agenda Presidencial y contradictorio porque demuestra los alcances de una diplomacia de la doble moral.
No es que se deba estar de acuerdo con la normativa europea, pero la actitud que erige a nuestro Mandatario como «defensor de los latinoamericanos en el exterior» desconoce el tratamiento discriminatorio que se les da a los venezolanos en los Consulados Patrios.
La emigración venezolana se ha multiplicado precisamente en la década Bolivariana, debido a las persecuciones políticas, al “apartheid” de las listas de Tascon y Maisanta, a las tomas de tierras ilegales, a las decenas de miles de despidos injustificados como en el caso de PDVSA , a las dificultades impuestas a profesionales que han tenido que irse del país. Por esos desmanes, Venezuela pasó de ser un país de inmigración, para ser un país de emigración.
América Latina ha ido apoyando a sus emigrantes al crear Direcciones de Derechos Humanos en sus Cancillerías y designar a diplomáticos en el exterior dedicados a apoyar a la «diáspora» de sus países. Lamentablemente nuestra diplomacia ideologizada le impone verdaderas trabas a los nacionales. Mientras en otros países de América Latina les facilitan a sus ciudadanos la documentación necesaria y asesoría para que legalicen su residencia y negocian con los Estados facilidades para la remesa de divisas, el nuestro les niega pasaportes a aquellos no identificados con el proceso.
Existen múltiples ejemplos de discriminación odiosa. En el referendum revocatorio Presidencial, sabiendo el rechazo de los venezolanos en el exterior, los consulados recibieron instrucciones para impedirle el voto a quienes eran “ilegales”. Una Embajada importante hasta solicito que estuvieran presentes en nuestros centros de votación autoridades de inmigración para certificar si estaban legales en el país. Esta forma de amedrentar -que las autoridades del país rechazaron de plano- muestra la actitud represiva ante la inmigración
Es inapropiado reclamarle a la Unión Europea una actitud humanitaria, cuando el Estado no cumple sus responsabilidades internacionales al dificultarle a los “desplazados” de la violencia en Colombia, los documentos que los acrediten como refugiados para normalizar su situación.
No puede ahora el Presidente erigirse en el defensor de los inmigrantes latinoamericanos, cuando nuestros funcionarios son indiferentes ante las dificultades de sus propios ciudadanos en países extranjeros y al mismo tiempo amenazar a otros países si estos no toleran a los indocumentados. Insólito pero cierto.
