Cesárea en Ecuador
La votación a favor del referéndum para la aprobación de una Asamblea Constituyente (AC) en Ecuador pudo ser un evento de cohesión para ese país si Rafael Correa se hubiese esmerado en negociar, más que imponer, su promesa de campaña.
La oposición ecuatoriana sabía que tarde o temprano tendría que aprobar la convocatoria a una AC provisional que formule una nueva constitución y Correa tenía todas las de ganar en lograrlo por medió de compromisos políticos. Sin embargo, el presidente humilló a los congresistas que se opusieron inicialmente al proyecto, y gracias a una sentencia del presidente del Tribunal Supremo Electoral que optó por suspender a 57 de los 100 diputados del actual congreso, se avivó el fuego de una posible crisis para la ya endeble democracia del país. Un nuevo sistema institucional sobre la base del quiebre constitucional del actual no es un buen precedente para un país que derrocó en los últimos años a tres presidentes.
El libreto luce similar al de Chávez y Morales: Se convoca a las urnas lo más pronto posible – al comienzo de un mandato – y luego se utiliza a la AC para ampliar los poderes del presidente, posibilitar su reelección y minimizar la fuerza de las demás instituciones del Estado. En Venezuela, esto condujo a la consolidación de una autocracia petrolera y en Bolivia, Morales trató de cambiar el sistema de aprobación de leyes de la AC, – de dos tercios a la mitad más uno – pero una oposición alerta ha logrado, hasta ahora, que no imponga un nuevo sistema con métodos no democráticos diferentes a los prometidos por el presidente.
Ecuador debe tener una AC porque fue la base de la campaña electoral de Correa, pero el estilo autoritario como este ha manejado el proceso transforma lo que pudo ser “un parto natural” en una cesárea que dejará una cicatriz de arbitrariedad, al intento de cambiar a su país de manera radical, pero democráticamente.
