Carta abierta al Presidente Juan Manuel Santos sobre la actividad de la FIDH

Por Eduardo Mackenzie y Ricardo Puentes Melo

Periodismo sin Fronteras, Bogota

El 23 de septiembre de 2010, la FIDH, cuya subsidiaria en Colombia es la ONG “Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo”, después de una campaña mediática impresionante en contra del periodista y abogado Eduardo Mackenzie, y en contra de este servidor, la ONG francesa decide enviar una carta (que deja abierta) al presidente Juan Manuel Santos en la cual nos acusa de formar parte –junto con ‘inteligencia militar’- de un posible atentado terrorista contra miembros del Colectivo Alvear Restrepo, y le solicita una entrevista para tratar el tema directamente. Entonces, ante tamaña monstruosidad de acusación, Eduardo Mackenzie y el suscrito firmamos una Carta Abierta al presidente Santos, como respuesta a la de la FIDH; carta que radicamos en su despacho el día viernes 15 de octubre. La publicamos en su totalidad y, al final, colgamos la que envió la FIDH al presidente Santos.

Carta abierta al Presidente Juan Manuel Santos sobre la actividad de la FIDH

 Bogotá, 15 de octubre de 2010

Por Eduardo Mackenzie y Ricardo Puentes Melo

Señor Presidente,

Si la FIDH rechazara “todo tipo de violencia”, como pretende esa Ong francesa en la carta que le envió a usted el 23 de septiembre de 2010,  sus denuncias contra las atrocidades que cometen las FARC, el ELN y los otros terroristas,  serían muchísimas. Lamentablemente esas denuncias no existen.

Los comunicados de la FIDH dicen otra cosa. El cobarde asesinato del gobernador de Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, en diciembre de 2009, no fue condenado por ella. Lo atribuyó a “supuestos rebeldes de las FARC”, no a las FARC. La FIDH orienta el trabajo de varios grupos parisinos, como Acción de Cristianos por la Abolición de la Tortura (ACAT) y la Liga de los Derechos del Hombre (LDH), entre otros. Ninguno de ellos repudió el asesinato del gobernador. Todos se quedaron callados. La FIDH, sugirió, por el contrario,  que el culpable de esa tragedia había sido el gobierno colombiano.

Si la FIDH y sus grupos satélites denunciaran las violaciones de Derechos Humanos cometidas por “todos los actores del conflicto”, como ella dice, habría condenado el secuestro y asesinato de Manuel Moya, Graciano Blandón y el hijo de éste último, de 22 años, tres líderes populares negros de Curvaradó, Chocó, el 17 de diciembre de 2009, a manos de las FARC. La FIDH y sus amigos tampoco dijeron una sola palabra.

En cambio, el 7 de marzo de 2008, la FIDH deploró la muerte del terrorista Raúl Reyes y la calificó de “crimen internacional” y de “ejecución extrajudicial” y amenazó a las autoridades colombianas con montarles un proceso penal, el cual fue abierto poco después en Ecuador.

En enero de 2002, antes de que el presidente Álvaro Uribe fuera elegido por primera vez, la FIDH ya había montado contra él una sucia campaña de desprestigio en Paris, Bogotá y otras capitales. El fue acusado por esa Ong de ser “el candidato de los paramilitares” y de tener “vínculos con los narcotraficantes”. Después de haber continuado durante ocho años esa detestable cruzada de odio y difamación, la FIDH le pide ahora a usted, presidente Juan Manuel Santos, con cinismo increíble,  que usted “reconozca públicamente” la labor “legitima e indispensable para la democracia” de la FIDH y de su obscuro capítulo colombiano, el colectivo de abogado Alvear Restrepo.

Muchos colombianos recordamos con horror la  jornada organizada sobre Colombia por la FIDH en la Asamblea Nacional francesa el 21 de marzo de 2002, en donde nuestro país fue presentado como una marioneta de Estados Unidos y a los paramilitares como una “creación del Estado colombiano”.  Los oradores reunidos por la FIDH mostraron a las FARC y al ELN como gente que respeta los derechos de los civiles y como “grupos rebeldes” que son “víctimas” de los paramilitares. El único orador que protestó contra tales caricaturas, el profesor Daniel Pécaut, fue atacado verbalmente allí mismo.

Tampoco olvidamos el papel que jugó la FIDH en junio de 2000 cuando reunió diez Ongs y fue a pedirle a la cancillería francesa que no respaldara el Plan Colombia. A la salida de ese encuentro, los intrigantes lanzaron un comunicado donde anuncian que el gobierno francés “adoptará una posición de rechazo” del Plan Colombia y que Francia “no está dispuesta a discutir ese plan” pues lo cataloga de “viciado por la prioridad que asigna a la acción militar contra el tráfico de drogas”. Unas semanas después, Francia y la Unión Europea rechazaban, en efecto, el Plan Colombia. ¿Cuántas vidas humanas habrían sido salvadas si Europa hubiera apoyado el Plan Colombia?

Ese es el organismo que le está pidiéndole  audiencia a usted, Presidente Juan Manuel Santos, para que los felicite y los ayude a continuar su labor infame y solapada contra Colombia en Europa y en América Latina. La FIDH hace, además, injerencia abusiva en los asuntos de su gobierno al exigirle a usted,  presidente Santos, la destitución de Felipe Muñoz, director del DAS. ¿Qué derecho tiene una Ong extranjera para exigir tal cosa? Ninguno.

A menos de que esa simpática Ong estime que  el desmantelamiento de los organismos de control es conveniente para la buena marcha de sus operaciones en Colombia.

En estos días, la FIDH reveló que está muy interesada en que prospere la acusación contra el ex Presidente Álvaro Uribe por las supuestas intercepciones telefónicas del DAS, y que tiene “serias dudas” sobre la inocencia del ex presidente en ese asunto. Ello muestra que la gestión ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes no es más que una nueva intriga miserable de la FIDH y de su colectivo de abogados.

La FIDH no defiende los derechos humanos. Su compromiso es explotar los derechos humanos como arma política contra los gobiernos llamados “burgueses”.

En 1947, uno de los colaboradores de Stalin, Andrei Jdanov, inventó una curiosa teoría. El mundo, según él, se hallaba dividido en dos campos antagónicos: “el campo imperialista y antidemocrático” y el  “campo antiimperialista y democrático”. La línea que salió de esa visión maniquea fue la de reactivar el clima de guerra civil en los países capitalistas. Colombia fue una de las primeras grandes víctimas de esa línea.

A pesar del derrumbe del sistema soviético, la FIDH sigue aplicando esa chocante teoría. Los gobiernos del mundo capitalista son culpables de todo. Acusarlos de violar los derechos humanos es la forma más efectiva de minarlos y aislarlos, cuando no de crear un clima de guerra civil.

Tras tantos años de auto adoctrinamiento marxista ellos se intoxicaron y ya no pueden pensar la realidad del mundo. En Colombia, la FIDH y sus acólitos no ven sino dos campos: el del gobierno y el de la llamada “oposición armada”. Ese esquema esquizofrénico los lleva a creer que hay un “conflicto” entre dos campos y a adoptar una postura diferente ante ambos: de neutralismo y comprensión ante la violencia de las FARC y de hostilidad contra lo que hace el gobierno “fascista”. Ese enfoque ha llevado a esa Ong a fracasos enormes en África y en América Latina.

En  febrero de 2006, la FIDH condenó (quizás es la única vez que lo hizo) la masacre de Diamante (Caquetá), donde las FARC atacaron un bus con 25 civiles, mataron a nueve e hirieron a once más. En su comunicado, la FIDH dijo esto: “Los ataques de este tipo en que se involucran civiles contravienen las normas internacionales”. Omitió decir algo esencial: que los ataques a policías y soldados de un gobierno democrático como el colombiano también contravienen las normas internacionales y son violaciones de los derechos humanos.

No dijeron una sola palabra cuando las autoridades descubrieron que las FARC habían preparado la realización de una nueva masacre, con morteros, contra las autoridades y los invitados nacionales y extranjeros a la ceremonia de la traspaso de poder en la Plaza de Bolívar el 7 de agosto pasado.

No lo dijeron, ni lo han dicho, pues la FIDH tiene una idea aberrante de los derechos humanos.

Nosotros seguiremos observando y glosando a la FIDH y a su “colectivo de abogados” mientras sigan aplicando su política de traición al Derecho y a los Derechos Humanos, de connivencia con los violentos y, al mismo tiempo, de feroz sectarismo contra gobiernos y sociedades democráticas que no capitulan ante las sirenas utópicas de la sociedad igualitaria y del socialismo del siglo XXI.

Muy cordialmente,

Eduardo Mackenzie y Ricardo Puentes Melo