Nuestros funcionarios deben estar por encima de toda sospecha
El problema del gobierno “revolucionario” no es la acusación que hace, el capitán de corbeta Leamsy Salazar, en la División de Operaciones Especiales de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), contra Diosdado Cabello presidente de la Asamblea Nacional (AN). Ni que la resolución 008610 del Ministerio de la Defensa publicada en la Gaceta Oficial número 40.589, de fecha 27 de enero, sea rechazada por la gente. No. Ese no es el máximo problema. Lo (des)cabellado es que los más altos funcionarios del gobierno “revolucionario” se conviertan en seres intocables por decreto e inalcanzables por justicia alguna. Y que las leyes anticonstitucionales se fijen como inderogables, destruyan las libertades democráticas e impongan, veladamente, violaciones contra los derechos humanos (DDHH). Esto sí es un problema, un gravísimo problema.
La reacción de rechazo y protesta que realizan todos los venezolanos contra la resolución 008610 del Ministerio de la Defensa tiene asidero, bien merece que se repudie y se pida la derogación de los incisos de esta ley, porque viola preceptos contemplados en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (CNRBV), es una especie de declaración, a sotto voce, de guerra y un recurso de intimidación de la “revolución” contra las protestas. En fin, por inconstitucional, excesiva, deformadora, fascista y totalitaria, bien merece ser revisada en su última intención letal. Esto, sin importar que sus defensores de cuello rojo y trisoleados, traten de sostenerla a como dé lugar.
En el caso de las acusaciones que se ciernen sobre Diosdado Cabello Rondón, los venezolanos nos acogemos, por razones humanas y jurídicas a la preeminencia del Art. 49. Numeral 2, de la Constitución Nacional, que dice: “Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.” Por ello es irresponsable que, ante noticias como las denuncias hechas por Leamsy Salazar contra Diosdado Cabello, surjan acusaciones o defensas automáticas. Ciertamente, un gobierno serio, responsable y ético investiga hasta hallar la verdad más innegable y creíble, para bien de la salud ética del acusado, de las instituciones y del país.
Diosdado, ha sido tirano e injusto contra la oposición. Lo ha demostrado públicamente. Mucha gente se pregunta: “¿Puede llamarse honrado, honesto, cabal, íntegro y ético el hombre que abusa del poder para amenazar? ¿Es de confiar aquella persona, que usa el poder en flagrante violación de la Constitución, para maltratar de hecho o verbalmente a sus semejantes?” Indudablemente, los hombres que así actúan, son deshonestos. Pero, mientras nadie los denuncie de manera formal, ni haya jueces que los condenen como culpables ni sean castigados, dentro del marco de la ley, para que paguen pos sus delitos, seguirán por ahí fungiendo de lo que ellos crean o imaginan ser. Pero hay que reiterarlo, nadie, como lo dice la máxima del derecho constitucional, es culpable si no se prueba, bajo investigaciones exhaustivas, bien encausadas por las autoridades pertinentes y la probidad del fallo de un juez. Además, nadie es culpable, si en toda la extensión de su espíritu y de hechos, es inocente.
Es por ello, que Diosdado Cabello Rondón, como presidente de la Asamblea Nacional (AN), tiene que probarle al país su inocencia. La crisis y la delicada situación del país exigen que se rescate la justicia y el buen nombre de Venezuela. Así lo requiere la institucionalidad del Poder Legislativo y la dignidad del pueblo de Simón Bolívar. A nadie se le puede negar el derecho de la defensa ni la de limpiar o proteger su nombre, menos a un funcionario de la investidura del ciudadano presidente de la AN. A nuestro comentario, cabe contextualizarlo con aquella frase que dijera Julio César, al divorciarse de Pompeya Sila: “Mi esposa debe estar por encima de toda sospecha.” Y que hoy se conoce de la siguiente manera: “La esposa del César no solo debe ser honesta, sino parecerlo.”
Creo en la honestidad de los hombres, porque muchos lo son; pero también sé, que otros se pervierten bajo la obsesión del poder y del placer. De tal manera, la ética es un bien universal que todo ser humano tiene que practicar y defender. En consecuencia, Venezuela, no es ni será, si sus habitantes traicionan la ética y si los Poderes Públicos apoyan a gobernantes que resultan deshonestos. De manera cierta, el sagrado rumor justiciero del pueblo, deja entrever comentarios que rechazan la corrupción y abuso de muchos de los funcionarios “revolucionarios”. Por ello, innegablemente, todos los verdaderos culpables tienen, algún día que pagar por sus delitos, sin negarles sus derechos humanos. Esto tiene que hacerse sin el más mínimo aliento de venganza, aunque dichos funcionarios, negaron y niegan los derechos constitucionales a sus oponentes. Esta tendrá que ser la justicia de la Venezuela que vendrá.
