No son las elecciones, son las condiciones y las sanciones
Equivocarse en gramática, en matemáticas o cualquier ciencia natural pudiera impactar puntualmente la actividad humana, en el caso de la política es otra cosa, los errores en ocasiones terminan en tragedias que afectan a millones de seres humanos, donde las elites y sus familias se protegen con sus fueros, entre tanto el que arrea es decir la población sufre las consecuencias del mal proceder de sus dirigentes.
Esa entre otras razones ha sido el origen de la tragedia vivida por el pueblo venezolano en el siglo XXI, al presenciar como en repetidas oportunidades la casta criminal gobernante burla a su oponente opositor, quien, contando con el impenitente e incondicional apoyo ciudadano, le ha visto correr proverbialmente con el rabo entre las piernas sin justificación alguna.
Henos aquí con otro capítulo anunciado al rodar el Revocatorio 2022 mediante las patrañas de la tiranía, como la carrera en tropel a las elecciones presidenciales 2024. En resumen, el publicitado mantra de 2019 “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres” se abandona como a fiesta de arrabal, y se asume un nuevo derrotero las elecciones presidenciales para acabar con la dictadura, sin presentarle balance alguno a los fervorosos ciudadanos quienes un diciembre 2015 eligieron una Asamblea Nacional que fuera capaz de conducirnos a la reconquista de la democracia.
Ir a cualquier proceso electoral con un CNE cuyo ejercicio es lo más parecido a una comisión electoral del régimen, quien maneja en todas las fases un sistema manipulado desde el padrón electoral hasta la permisividad abusiva del Poder Ejecutivo y del Plan República, de igual modo avala con el Poder Judicial la fragmentación de los partidos políticos, la inhabilitación de sus dirigentes, es atarnos de pies y manos y llevarnos nariceados a un acto bochornoso de entrega del ejercicio de la Presidencia al Usurpador hasta 2030.
Quien luego de haber originado su mandato con la ilegal constituyente de 2017, las no menos inconstitucionales elecciones presidenciales de 2018 y las caricaturescas regionales de 2021, ha sido sancionado mediante el desconocimiento de su gestión por la comunidad internacional. Pues bien, de lograrse esa trama para 2024 a espaldas de la ciudadanía, alcanzaría un grado de legitimidad incluso superior al resultado cuestionado de 2013.
Lo preocupante de tan infausta política es que adicionalmente se pide a la comunidad internacional la disminución o suspensión de las sanciones, a quienes son señalados por tribunales de EEUU, la Unión Europea como mandatarios narcotraficantes y promotores de redes internacionales de contrabando de narcóticos y de crímenes de lesa humanidad.
Sentarse en México a dialogar no es un delito, pero levantarles el castigo que los ha obligado a sentarse a la mesa de negociaciones, es pretender fungir de chico bueno para que la tiranía ablande su resistencia, cuando es la presión mediante las sanciones que deben mantenerse para lograr la vuelta a la democracia a nuestro país.
Pretender ignorar que el desenlace de la tragedia nacional pasa en primer lugar por lograr condiciones electorales decentes, que motiven al pueblo a participar es una cuestión clave antes de pensar en candidatos y en convocatoria a primarias presidenciales. Hacer lo contrario determinará una oportunidad perdida como las que se han dilapidado a lo largo del siglo XXI.
Los resultados de la mesa de negociación de México tendrán una aceptación del lastimado pueblo, solo si resuelven votaciones libres con un sistema electoral democrático, en un marco de liberación de los presos políticos y de participación de los partidos políticos y de la sociedad civil.
De lo contrario será un bodrio que alejará aún más al ciudadano de su opaca dirigencia política, que se niega a integrar al resto de factores sociales, económicos, académicos, manteniendo el monopolio absoluto de la representación política, a pesar del descredito monumental que la caracteriza.
